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Diez familias fueron forzosamente desalojadas en un terreno aledaño al campamento Ribera Sur de Colina, en la Región Metropolitana. Varias de ellas se constituían como familias de inmigrantes que tuvieron que abandonar su país de origen y migrar al nuestro: Chile, el alguna vez llamado “jaguar de Latinoamérica”, el mismo que recibe racista y segregador a los miles de migrantes latinoamericanos y sus familias, que llegan en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Hoy escribimos desde la rabia, la impotencia, y la incomprensión que nos mantiene atónitos ante cómo una municipalidad fue capaz de tomar y ejecutar una decisión así. Y no fue simplemente el desalojo forzoso, sino la inexistente notificación previa del mismo que debieron realizar las autoridades a las familias para que hubiesen tenido tiempo de buscar una solución.
No. No lo hicieron.
Ese día, la mayoría de los desalojados llegó en la tarde, después de sus trabajos (sin contratos y con bajas remuneraciones, por lo demás). Otros y otras lo presenciaron en vivo y en directo: la garra potente, mecánica, arrasadora de una retroexcavadora, en compañía de Carabineros y autoridades municipales, destrozando sus hogares; algunos ya constituidos hacía poco tiempo y otros en vías de construcción. Viviendas pequeñas, informales, pero que sus mismos habitantes admitieron haber utilizado en ellas material de construcción nuevo, para lo cual invirtieron hasta más de $1.000.000 tras meses y hasta años de esfuerzo y trabajo, aniquiladas por una retroexcavadora con autorización del alcalde.
–Salga de ahí, señora. –Se comenta que dijo un carabinero a una mujer boliviana que intentaba rescatar lo que fuera, de los escombros de su otrora casa. –Sino, la retro le va a pasar por encima –.
–No hallábamos cómo levantar del suelo a ese hombre. –Contó una vecina del Ribera Sur que atestiguó el suceso, respecto a un desalojado haitiano que después de ese día no vieron nunca más. –Estuvo horas tirado en el suelo, llorando y gritando, sobre sus cosas –.
Las escenas de dolor y desolación que nos relataron los vecinos del campamento y los mismos desalojados fueron suficientes para estremecer a quien escuchara. El paisaje posterior al desalojo, lo intensificó: un terreno socavado, revuelto de basura, escombros, hoyos y restos de material enterrado, último acto honorífico de la municipalidad para evitar que las familias volviesen a asentarse en el mismo lugar.
El último fin de semana de octubre, un contingente de más de 70 voluntarios de diversas organizaciones que intervienen en la comuna, se movilizó para construir viviendas básicas donadas a algunas de las familias afectadas, especialmente las más prioritarias: familias con bebés de 6 y 8 meses de vida, y con niños menores de 15 años. Durante la construcción, nos fijamos en una bandera chilena que se izaba de una de las casas del campamento, y nos preguntamos si es que desde la base social, la población chilena, se ejercen prácticas discriminatorias o xenofóbicas (basta con sacar a luz términos como “negro” o “cholo” tan arraigados en nuestro vocabulario popular, o basta considerar los mismos testimonios de inmigrantes latinoamericanos en torno a episodios de discriminación en sus trabajos, en la vía pública, o incluso al momento de ingresar al país), ¿cómo íbamos a esperar que una municipalidad reaccionara de otra forma?
Una mediagua no solucionará el trauma. Sí, dará un refugio más estable que las carpas en las cuales durmieron por semanas. Pero este acto de violencia estatal, el cual nos recuerda a muchos ejecutados el siglo pasado, no debe pasar desapercibido. Chileno y chilena, extranjero y extranjera, esto fue una vulneración grave a los Derechos Humanos y a los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Por eso mismo, debe exigirse -como mínimo- justicia y reparación para sus víctimas.
No pretendemos con esta redacción ejercer ningún tipo de presión, pues tampoco creemos que lo lograríamos; sino invitar a la reflexión a la mayor población a la que esta columna llegue. Sí creemos que practicar un desalojo forzoso a familias inmigrantes, recién regularizando sus papeles, con menores ingresos, alta vulnerabilidad y escasas oportunidades, constituye un acto discriminatorio. Sobre todo considerando la poca frecuencia con que se dan este tipo de prácticas por parte de autoridades. También creemos que Chile está lejos de cumplir con el Derecho Internacional y respetar, promover y garantizar el Derecho a la Vivienda, tanto para sus propios compatriotas, como a sus hermanos latinoamericanos.
Finalmente, deseamos hacer mención especial de las familias chilenas, dominicanas, cubanas, peruanas, bolivianas y colombianas del campamento Ribera Sur de Colina, que ejercieron acción conjunta en apoyo de sus vecinos desalojados. Ustedes, son señal clara de hermandad cívica y social, y una esperanza para combatir la violencia y la discriminación en nuestro país.
