Por mucho tiempo en el país la única instancia de participación ciudadana institucionalizada en los procesos de planificación urbana y territorial se encontraba -apenas- en los procesos de aprobación de los Planes Reguladores Comunales o PRC (Art. 2.1.11 de la OGUC), es decir, en la etapa final y donde había muy poco qué decir por parte de los vecinos, que eran directamente afectados por las decisiones de planificación tomadas por entes políticos y técnicos, muchas veces a “puertas cerradas”.

Lo anterior, no cambió hasta que creció la demanda desde la misma ciudadanía por mayor incidencia en las decisiones que afectan las viviendas, los barrios, la ciudad y el territorio, lo que ha permitido paulatinamente una apertura de múltiples espacios, los que no obstante aún mantienen como factores comunes, la baja institucionalización y estar acotados a ciertas reacciones posteriores a los estallidos del conflicto; situación claramente insostenible.

En este contexto, es necesario y urgente avanzar en la cantidad y la calidad de la participación ciudadana que se ofrece a los habitantes de cada una de nuestra ciudades y localidades; ciudadanía que no sólo requiere de espacios de expresión, sino que tiene el derecho a la deliberación en las decisiones que tienen un impacto directo en sus condiciones materiales y su calidad de vida, como son las políticas, planes y programas, urbanos y habitaciones.

En este mismo sentido, es necesaria una institucionalidad que permita y abra más y mejores espacios de contribución de la ciudadanía en la toma de decisiones en distintos ámbitos y escalas, aumentando la efectividad de estos espacios que, muchas veces, se vuelven meras formalidades, es decir, se debe poner especial énfasis en la participación vinculante y el control democrático de la planificación y gestión relacionada con el hábitat.

Complementario con lo anterior, además de ampliar la participación de otros actores sociales pertinentes al desarrollo de cada territorio, como son algunas ONG, universidades, establecimientos educacionales, de salud, deportivos, etc.; el Estado deberá hacerse cargo de fortalecer y empoderar a las organizaciones ciudadanas, tanto funcionales como territoriales, las que han sido sujeto de permanente desarticulación por causa del modelo neoliberal. Estas deberán ser sustento de una nueva institucionalidad de participación que permita la reorganización y la restructuración de las redes comunitarias.

Todo lo anterior tiene el objetivo de profundizar la democracia local, permitir la autonomía territorial y una mayor eficacia para un Estado verdaderamente descentralizado, y finalmente, aumentar las posibilidades de incidencia directa de las personas en la construcción y gestión de su propio hábitat en la escala de la ciudad; superando el prejuicio del desconocimiento o poca preparación de los ciudadanos respecto a las temáticas urbanas y de su entorno.

Por otro lado, en lo que respecta a la política habitacional y la construcción de la vivienda de interés social, el Estado chileno ha perpetuado un modelo asistencialista y subsidiario basado en gestores y constructores privados, por ende, una estrategia neoliberal para la satisfacción de un derecho social que -a su vez- ha ido aportando a la desarticulación de las capacidades de las clases sociales menos favorecidas para la gestión y construcción de su propio hábitat, minusvalorando la importancia del desarrollo comunitario como parte del ejercicio de una ciudadanía plena.

En este contexto, se debe avanzar para considerar como pilares de los procesos de generación de vivienda de interés social a: la gestión comunitaria, la cohesión social y grados de autogestión en la construcción de las mismas. Lo anterior debe estar sustentado en planes de empoderamiento y mejoramiento de las capacidades de dirigentes y pobladores, para que los nuevos vecinos participen en cada una de las etapas del proyecto, aumentando el grado de satisfacción con sus casas y sus barrios, y proyectando la organización comunitaria a etapas posteriores a la consecución del objetivo de la vivienda.

Cabe recordar que en nuestro país históricamente han existido experiencias de autogestión del hábitat que responden a las lógicas antes mencionadas, y que el desafío está más bien en buscar mecanismos para replicar estas experiencias, y en definitiva, terminar la lógica del Estado ausente que no genera relaciones prolíficas con comunidades que funcionan mediante procesos colectivos que no tengan como fin único y último la construcción de viviendas con un enfoque individualista, sino que conforman proyectos políticos que reivindiquen el derecho a una vida digna en todas sus dimensiones.

Así, la “producción social del hábitat”, entendida como la generación de espacios residenciales o urbanos bajo el control de los mismos habitantes u otros agentes sociales que operan sin fines de lucro, y que en principio tienen una baja probabilidad de proliferar masivamente en un sistema preferentemente privado de generación de vivienda, debe transformarse en una de las principales herramientas de participación ciudadana en la escala de la vivienda y el barrio.


Arquitecto, Magister (c) en Urbanismo Universidad de Chile. Miembro Comisión de Ciudades de Revolución Democrática