Un caso en curso en la Corte Interamericana, el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados, la censura de la Suprema y notas de prensa que cuestionan desde sus camisas “emulando” al presidente de Ecuador, Rafael Correa, hasta su trato con los funcionarios. Desde que en septiembre sobreseyó a decenas de miembros de Andha Chile por una protesta en el Banco Santander, el juez Daniel Urrutia ha estado en el ojo del huracán.

“Rechazamos cualquier afectación a la independencia de los jueces para adoptar sus decisiones y las resoluciones judiciales que estimen pertinentes al amparo de la ley en la protección de las garantías de las personas”, decía una carta publicada como inserto en La Tercera el pasado 7 de noviembre y firmada por 84 abogados.

No es lo único. A esa carta se suman otras enviadas por oficio desde organizaciones de Derechos Humanos a la Corte Suprema ante los siete sumarios abiertos contra Urrutia. Una fuerte defensa que muestra que, a diferencia de 2005, cuando debió irse por tres años a México para “calmar las aguas”, hoy el “juez díscolo” ya no está solo.

Desmedido e impropio

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Daniel David Urrutia Labreaux, conocido como el “garantista”, “polémico” o l’enfant terrible -el niño terrible- empezó su carrera en el Poder Judicial en el año 2001 al asumir como juez del Juzgado de Letras de Freirina. Dos años después tuvo su primera promoción al llegar al Juzgado de Garantía Ovalle, siendo trasladado en 2004 al de Coquimbo.

Fue en ese mismo año cuando el abogado de la Universidad de Chile solicitó que la Corte Suprema lo autorizara para asistir en comisión de servicios al Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de esa casa de estudios. Ese año también marcó el año de entrada firme de Urrutia a la defensa los derechos humanos, ya que también pasó a formar parte de la coordinación de la Red Iberoamericana de Jueces para dicha área.

Su primer encontrón firme con las máximas autoridades judiciales llegó cuando remitió su investigación final del postítulo a la Corte Suprema. Según ha alegado el juez en repetidas veces, envió el trabajo para acreditar que había terminado los estudios para los que se le había dado comisión de servicio. Pero en su trabajo, titulado “Propuesta de Política Pública de introducción del enfoque de Derechos Humanos en el trabajo del Poder Judicial de la República de Chile”, además de emitir críticas al rol de la justicia durante la dictadura, señaló que era necesario que la Corte Suprema reconociera públicamente las conclusiones de los informes Valech y Rettig; que le pidiera disculpas públicas a las víctimas y sus familiares, reconociera a los funcionarios judiciales exonerados en dictadura y creara una secretaría de DD.HH en la Dirección de Estudios del máximo tribunal. Algo que no cayó bien.

El 27 de diciembre de 2004 la Corte Suprema le devolvió al juez Urrutia su trabajo académico. En enero de 2005 la Corte de La Serena le pidió explicaciones y en marzo lo censuró por escrito. Urrutia, sin embargo, apeló ante la Suprema y reiteró que había enviado la investigación para acreditar que finalizó y aprobó el postítulo, no para “recomendarle” vías de acción a sus superiores jerárquicos. El 6 de mayo de 2005, la Corte Suprema mediante resolución del pleno, resolvió amonestar a Urrutia, señalando que lo relevante en este caso no es el carácter académico (…) lo que se reprocha es la falta de tino, prudencia y moderación y elemental respeto y consideración que revelan tanto la pretensión de impartir instrucciones a la ‘máxima autoridad de gobierno del Poder Judicial'”.

“El sistema aún funciona de una forma bastante arcaica. No importan sólo las formas legales, sino que cierto nivel de reverencia hacia las autoridades, que se va haciendo más acentuado según lo alto del cargo. Imagínate cómo cayó en la Suprema que un juez joven y de un juzgado de regiones les dijera cómo abordar el tema de derechos humanos”, explica a El Desconcierto un juez de garantía que prefiere resguardar su nombre por los mismos motivos.

Balazos y orden de “dejar de molestar” con las condiciones de las cárceles

Aunque hoy la llamen Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la ex Penitenciaría sigue siendo “la Peni”, calificada por distintos expertos como la peor cárcel de Chile. Construida para albergar 500 reos en 1843, hoy viven ahí 4.963 presos. El hacinamiento ha sido denunciado en múltiples ocasiones, una de las que le valió al juez Urrutia el segundo “encontrón” con el Poder Judicial.

En junio de 2006 Urrutia realizó una visita extraordinaria al penal. Según su recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, esto forma parte de sus facultades. Allí pudo comprobar que más de 100 reos dormían a la intemperie y emitió un duro informe enviado a la Fiscalía de la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones de Santiago. El informe se filtró a la prensa y generó una profunda molestia, nuevamente, en las autoridades judiciales: por esos días la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, terminaba su lapidario informe sobre la situación carcelaria en el país y la constatación de Urrutia se adelantaba a lo programado por el máximo tribunal. Luego de un nuevo proceso disciplinario, la Corte de Apelaciones le llamó la atención.

Sólo unas semanas después de la visita de Urrutia a la ex Penitenciaría, un grupo de 30 reos de los que no tenían donde dormir fue trasladado a la cárcel de San Miguel. Nada más al llegar, uno de ellos fue asesinado. El Ministerio Público archivó la investigación sin ahondar en los motivos de la riña.

Por esos días, la oficina del juez Urrutia -ubicada en el edificio de tribunales aledaño a la Cárcel de Santiago- recibió impactos de bala. Gendarmería explicó que fue producto de un intento de motín. De más de 400 oficinas que dan a la cárcel, la única afectada fue la de Urrutia.

Dos años después, en 2008, el juez intentó entrar a una visita rutinaria a la Cárcel de Santiago con una cámara de video para grabar una entrevista a un reo que acusaba torturas. El alcaide de la cárcel no sólo impidió el acceso con la cámara, sino que se quejó a la Corte de Apelaciones de Santiago por el intento de Urrutia.  En respuesta, la magistrada Gabriela Pérez ordenó al juez a través de una llamada telefónica que “dejara de molestar con el tema de las cárceles”. Tres meses después, la misma magistrada fue designada por la Presidenta Bachelet como la primera mujer ministra de la Corte Suprema. Según detalla su escrito ante la CIDH, Urrutia fue alertado por otro ministro (que según el texto está disponible para declarar en caso de que se llegue a juicio) de que Pérez buscaba tres sanciones para así expulsarlo del Poder Judicial. Según su entorno, Urrutia decidió entonces buscar una salida alternativa para bajar la presión: pidió permiso sin goce de sueldo y viajó a México en abril de 2009, permaneciendo en ese país hasta 2012.

Ex Penitenciaría / Agencia UNO

Ex Penitenciaría / Agencia UNO

El derecho constitucional a la manifestación y los derechos políticos de los privados de libertad

Urrutia ya acumula siete sumarios en los últimos veinticuatro meses. Tres de ellos están paralizados por su estrategia de defensa, liderada por el abogado DC Hernán Bosselin, quien contempla acudir al Tribunal Constitucional. Además, enfrenta una causa por prevaricación en la Fiscalía Sur. Para Bosselin, “todos los cargos que se han formulado al juez Urrutia no tienen la gravedad que se dice por la Corte de Apelaciones”. En entrevista con CNN, afirmó“Son cargos sobre situaciones extraordinariamente insignificantes, que no debieron haber sido objeto de sumarios”.

Según el entorno cercano a Urrutia, lo último que sacó ronchas fue el que desestimara las acusaciones de la Fiscalía contra 70 manifestantes de Andha Chile. “Pese a lo que han informado erróneamente otros medios, Urrutia señaló que si el fiscal quería acusarlos por daños o lesiones cometidas en medio de la protesta tenía que acreditarlos. La Fiscalía intentó argumentar con la Ley de Bancos, que no habla nada respecto a desórdenes, y con la falta de desórdenes públicos, que no acreditó. Cabía sobreseer”, señalan sus cercanos.

Lo que verdaderamente molestó, según ellos, fue el que Urrutia haya argumentado invocando el derecho a manifestación, alegando que la irrupción en el Banco Santander no significaba necesariamente una falta de desórdenes y que no necesitaban autorización para manifestarse ya que era un derecho constitucional. “Es a partir de esta molestia que reflotan algo que llevaba paralizado bastante tiempo, como es la orden de que el SERVEL dispusiera lo necesario para que votaran los privados de libertad sin sentencia”, explican los cercanos al juez.

“Quedamos atónitos, todo un circo armado porque el niñito terrible quería que 22 presos votaran, por supuesto que anulamos lo que hizo, y se ordenó un sumario, no porque se crea que los imputados en prisión preventiva no pueden votar, sino porque todo lo que hizo fue irregular, ir de visita sin estar asignado, autoagendarse una audiencia… Los ánimos de figuración ya excedieron toda lógica”, dijo un ministro de la Corte de Santiago a La Tercera.

Sin embargo, ha explicado Urrutia, la audiencia fue agendada ya que el Servel no emitió respuestas. El control disciplinario que está ejerciendo la Corte Suprema sobre Urrutia ha generado molestia en los jueces, ya que si el dilema fueran los criterios jurídicos bastaría con que una Corte de mayor rango revocara sus decisiones. Recientemente se generó otro conflicto entre el máximo tribunal y los jueces por las actas de calificación de jueces, de las que dependen para los ascensos. A otra jueza, Nancy Bluk, se le realizó una investigación disciplinaria porque en una sentencia puso una frase en negrita, lo que fue considerado por la Corte Suprema como una falta de respeto. “Aquí se grafica el nivel de detalle que buscan en la Suprema. No sólo quieren que se resuelva bien, que es lo importante, sino que se les tenga reverencia”, explica una abogada de causas de derechos humanos.

El firme apoyo de la Asociación de Magistrados a Urrutia y su decidida actuación respecto al reajuste del sector público marca un precedente sobre las nuevas generaciones de jueces. “El Poder Judicial sigue siendo muy jerárquico, pero por las reformas hoy existen más de 3 mil jueces de primera instancia, los de menos poder, versus un par de centenares de los más altos tribunales, Apelaciones y Suprema. La gran masa somos los jueces de primera instancia y venimos con otro enfoque, no sólo por haber crecido en democracia, sino por las experiencias internacionales, y tenemos otro enfoque no sólo sobre la jerarquía sino sobre los derechos constitucionales. Los jueces de la Suprema han basado su carrera en otro enfoque y reaccionan ante eso”, explica un juez de Garantía, y luego agrega: “No es que haya rebeldía, sino que un cuestionamiento a los ámbitos legales que repercuten en la democracia”.

Mientras tanto, paralelo a los sumarios, sigue un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una fuerte campaña a nivel internacional en defensa de Urrutia. La CIDH ya resolvió en 2014 que la petición del juez era admisible y hasta el momento la Corte Suprema se ha negado a una solución amistosa. Uno de los escenarios posibles es que, tal como en el caso de la jueza Karen Atala, una instancia internacional sancione a la justicia chilena.