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A través de La Segunda, los candidatos a presidir la CPC pidieron que se juzgue a todos los parlamentarios que han apoyado huelga de Sodimac por atentar contra la Constitución de 1980.
La huelga en Homecenter tiene a los empresarios alterados. Los más de 8 mil trabajadores movilizados, si bien no han tenido una cobertura muy amplia en medios tradicionales, han recibido apoyo de parlamentarios como Gabriel Boric y Camila Vallejo.
Contra esta situación apuntan desde el empresariado. Según consigna hoy La Segunda, los dos candidatos a presidir la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC): Hernán von Mühlenbrock de la Sofofa y Ricardo Mewes de la Cámara Nacional de Comercio.
«Los parlamentarios son los primeros que deben cumplir la Constitución y las leyes. Y la Constitución dice muy claramente que cesa en el cargo el parlamentario que intervenga de cualquier forma en los conflictos laborales. Los parlamentarios no tienen nada que hacer en una negociación colectiva o en una huelga y ya es hora que respeten la ley», dijo von Mühlenbrock.
Mewes insistió en lo mismo: «No es el rol de los parlamentarios participar en las huelgas, ya que se desvirtúa y politiza el movimiento sindical, dejando de lado los legítimos intereses de los trabajadores, siendo reemplazados por motivaciones políticas».
A ellos se sumó también Rafael Cumsille, de la Confederación del Comercio Detallista, quien dijo al diario vespertino de Agustín Edwards que la «labor de un parlamentario es legislar y para eso recibe sus remuneraciones. Es un funcionario público elegido en comicios y no es positivo de ninguna manera que participen de esto, porque no queremos pensar que son parlamentarios los que incentivas estos movimientos».
El mencionado artículo 60 de la Constitución de 1980 dice que «cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes». Una norma conflictiva en la carta magna de Pinochet, por cuanto no precisa ni establece criterios respecto a si ejercer influencias responde sólo a opiniones, apoyo explícito o hacer lobby parlamentario hacia algunas de las partes. ¿Qué pasaría, en ese caso, con los senadores o diputados que opinaron durante el paro del sector público y exigieron que se baje?
