Desde el gobierno, las Asociaciones Empresariales del sector industrial y algunos “expertos” nos quieren convencer que el desabastecimiento de merluza en nuestro país es de responsabilidad de “mafias” dedicadas a su “pesca ilegal”. Sin embargo, toda la evidencia hace concluir que la tan publicitada “pesca ilegal” responde a la demanda insatisfecha de las familias de nuestro país que no encuentran merluza por ningún lado y terminan abasteciéndose de un comercio hormiga que lo proveen pequeños pescadores artesanales, porqué la misma la sobreexplotaron mafias que sí tenían el poder que se les reconoce a las mismas, ya que esas consiguieron que la Subsecretaría de Pesca, que estaba a cargo de cuidar su sustentabilidad, les entregara cuotas en cantidades demenciales para llevarla al actual estado de agotada protegidos en la impunidad y corrupción.

El problema de la escasez no lo origina la “pesca ilegal” sino el 60% de la merluza que se destina a la exportación por parte de la empresa que controla la cuota que se le entrega al sector industrial, ya que el consumo anual de nuestro país coincide con la cuota total de merluza que se le entrega a los dos sectores (artesanal e industrial), que bordea las 20.000 toneladas. De allí que la distinción más importante y necesaria de hacer es que lo que gatilla la “pesca ilegal” es la escasez de merluza dentro del país para abastecer nuestros hogares, ya que no existen denuncias que la misma esté sirviendo para abastecer a fábricas dedicadas a su exportación ilegal con la complicidad del Sernapesca y del Servicio Nacional de Aduanas.

Lo justo entonces sería que si la merluza fue sobreexplotada durante los últimos 15 años para beneficiar al sector industrial exportador, cifra que alcanzó las 832.371 toneladas, ahora el país, enfrentado a una exigua cuota, priorice abastecer solo a los hogares de nuestro país y prohíba su exportación, con ello quedaría resuelto el problema de la pesca ilegal y el Estado evitaría una fiscalización que le está costando grandes cantidades de dinero invertidos en drones y en horas hombre de funcionarios públicos en combatir a los que proveen a las familias de nuestro país que insisten en seguir consumiendo Merluza.

Nada justifica que los hogares queden sin abastecimiento de merluza u obligarlos a que se provean de ella a través de un comercio ilegal o clandestino y a precios cada vez más caros, si además este alimento del mar en particular, es el más consumido y preferido por los niños, jóvenes y familias de nuestro país, peor aún, de persistir su desabastecimiento hará caer aún más nuestro pobre consumo de pescados que no alcanza los 7 kilos per cápita, mientras Perú ha aumentado su consumo en la última década superando los 15,4 kgs.

Nuestras autoridades de gobierno están en conocimiento de las cifras alarmantes sobre obesidad en Chile: “El Minsal apunta a que las enfermedades atribuibles a los 3,9 millones de adultos chilenos que sufren de obesidad -2,3millones de mujeres y 1,6 millones de hombres- significan un 5% del gasto en salud en el país, uno de los más altos”, y el consumo de merluza es estratégico e imprescindible para las políticas de alimentación saludable que se requieren fomentar para combatir la pandemia de obesidad que ataca a mujeres y niños de nuestro país. Por esta razón, nada justifica que Subpesca-IFOP estén dedicados a cuidar y proteger la continuidad del negocio de exportación de la Merluza del sector industrial en las actuales condiciones de escasez mientras nuestros hogares están enfrentados a su desabastecimiento.

Los verdaderos autores del desabastecimiento de la merluza y de su estatus de agotada

El Sr. Hugo Arancibia, académico de la Universidad de Concepción, el que por estos días lidera un proyecto de investigación en relación a la merluza por encargo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ha acusado a través del diario El Sur el pasado 13 de noviembre, que en estos momentos estaríamos en un punto de no retorno con respecto a la pesca de la merluza y de pasada acusa de ello a la “pesca ilegal”. Pero el Sr. Arancibia equivoca la fecha y a los responsables, ya que el punto de no retorno ocurre el 2001 a manos del Subsecretario de Pesca el Sr. Felipe Sandoval, actual presidente de los salmoneros, quien autorizó cuotas por más de 600 mil toneladas de merluza en 5 años, irresponsabilidad que continuó en los años posteriores por los subsecretarios de Pesca que lo sucedieron y que ha derivado en su actual estado de agotada.

Vale hacer presente que el 1 de febrero del 2001 había entrado en vigencia la Ley 19.713, que estableció límites máximos de captura por armador (LMCA) y que consistía en distribuir anualmente la cuota global anual de captura asignada al sector industrial para la unidad de pesquería, por lo mismo la responsabilidad a partir de esta ley está totalmente acotada y nos permite identificar a los subsecretarios de Pesca comprometidos en las entregas de cuotas de merluza en cantidades del todo irracionales a favor del sector industrial exportador que se beneficiaba de ellas.

Las cuotas autorizadas por Subpesca-Consejo Nacional de Pesca, con la venia de IFOP, en el período 2001-2015, suman 1.074.500 toneladas. Los desembarques del período alcanzaron las 832.371 toneladas (77% de lo autorizado, otra prueba que se entregaron en exceso). Las cantidades desembarcadas por el sector industrial se elevan a 620.262 toneladas, mientras todo el sector artesanal -un millar de pescadores de pequeña escala- se repartieron 212.109 toneladas, con un promedio de 14.140 toneladas por año. El sector industrial se benefició del 75% del desembarque mientras el sector artesanal del 25%. El anterior cuadro muestra que el máximo desembarque del período corresponde a los años 2001-2003 y que a partir del año 2004, la caída se acentúa año tras año hasta la actualidad.

La sobreexplotación demencial de la merluza, que se ha prolongado por los últimos 15 años con el beneplácito de las instituciones del sector y no la actual “pesca ilegal”, es la responsable de su colapso. Son los primeros, los autores de su devastación y que su desembarque del 2015, no alcance al 16 % del año 2001.


Pablo González