El día martes se votó y aprobó la reforma al Código de Aguas, el cual es uno de los tantos legados que nos dejó la dictadura, y que la concertación poco o nada hizo en sus años de gobierno para cambiarlo. Legado que dio inicio al negocio de lo que debiera ser un derecho y que es respaldado por la constitución vigente, ya que ésta expresa al agua como un bien privado.

El actual código de aguas de 1983 es lo que regula los recursos hídricos del país. En él se considera a las aguas como un bien social, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, asimismo le transfiere al Estado la facultad de conceder los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad. Existen dos categorías de aprovechamiento de aguas: por una parte, están las consuntivas en las que no se devuelve el caudal al río y; no consuntivas, que se devuelven a los ríos. Siendo en su mayoría consuntivas, estando en manos de empresas mineras y agroexportadoras, las no consuntivas por otra parte pertenecen en su mayoría a las transnacionales.

Con este código, el agua pese a ser el elemento vital para la vida, no se nos asegura su acceso, ni a las personas ni a las diversas especies que habitan los ecosistemas de Chile. Vemos como hoy los mismos que tienen el poder en nuestro país, empresas nacionales y trasnacionales, los mismos que han lucrado a costa de una legislación servil a sus intereses, seguirán haciéndolo ya que hoy en día la gran parte de los derechos de aguas del país está en manos de privados de manera gratuita y a perpetuidad y la reforma no revierte esta situación. Todo esto en un escenario de escasez hídrica alarmante en los territorios.

La reforma presentada por Bachelet propone que el agua sea un bien nacional de uso público, a su vez que exista cierta reglamentación para la entrega de sus derechos. Lo cual podemos decir que es un avance, sin embargo, no se tocaran los derechos ya otorgados, es decir, el agua en Chile le seguirá perteneciendo a quienes les ha pertenecido y han lucrado por décadas. Junto con ello no dice nada sobre garantizar su acceso, por lo tanto, quienes no la paguen no podrán obtener este recurso vital, manteniendo su lógica de bien transable en el mercado y no un derecho a garantizar.  Se reconocen avances en ella como lo es la existencia de un caudal ecológico mínimo, sin embargo, solo se aplicará a los nuevos derechos.  Varios han sido los pasos que esta reforma ha tenido en el congreso hasta el día de hoy, en las discusiones han hecho observaciones actores como el consorcio minero y el ministerio de energía, en donde la presión del sector empresarial por resguardar sus intereses se hizo escuchar una vez más. La pregunta es: ¿por qué las organizaciones sociales que han demandado fin al lucro del agua no han sido consideradas actor principal en la discusión de la reforma? Porque el interés por reformar el código de aguas de manera significativa no existe, no es prioridad del Estado proteger la vida de nuestras comunidades.

Queremos que exista un código, pero un código nuevo construido por las comunidades, que éstas sean las primeras en establecer la gestión, que se garantice el acceso a todas y todos a un bien público primando el acceso a agua potable, al saneamiento, a la producción sostenible antes que a la minería y a los monocultivos.

Este martes se aprobó la reforma construida sin las organizaciones sociales, y que sin duda alguna nos deja un desafío. Por lo cual el llamado es claro: a organizarse en nuestros territorios para construir un país que le haga frente a quienes han legislado en desmedro de las y los chilenos y sus comunidades.  Queremos acabar con el negocio en nuestras vidas, y el agua es uno de ellos, por eso recuperaremos lo que nos pertenece a todos y todas y no a unos pocos.

 

 


Camila Jerez, Delegada Medio Ambiente Fech 2015-2016 y Alena Gutiérrez, Delegada Medio Ambiente Fech 2016-2017. Militantes movimiento autonomista