Hasta el Centro de Justicia de Santiago llegaron esta mañana los diputados Felipe De Mussy, Sergio Gahona -ambos UDI- y el alcalde PC de Recoleta, Daniel Jadue, quienes junto a abogados y directivos de la Federación Palestina ingresaron una querella por crímenes de guerra y lesa humanidad contra el estado de Israel. Los funcionarios judiciales nunca habían recibido una querella de este tipo, por lo que el trámite de ingreso se demoró más de lo esperado. Finalmente, cerca del mediodía se informó que la causa quedó radicada en el 5to Juzgado de Garantía, que deberá decidir sobre la admisibilidad de la querella.

“La vía judicial es una opción no violenta en contra de la ocupación”, declaró Anuar Majluf, abogado y director ejecutivo de la Federación Palestina, quien agrega que “la construcción de un muro ilegal ha servido como excusa para, paulatinamente, anexionarse más y más terrenos fértiles y, al mismo tiempo, ir segregando y aislando a la población palestina en reducidas zonas, privándola de sus más esenciales derechos. En el caso de Cremisán incluso se han apropiado tierras de la Iglesia Católica, impidiendo el paso a los feligreses y a los niños que acuden a la escuela del Monasterio”.

Si es que la justicia chilena se declara incapaz de perseguir estos hechos el estado chileno, por obligaciones internacionales, deberá de todas formas remitir la causa a la Corte Penal Internacional. En el caso de declararse admisible la querella comenzará un proceso inédito para el Poder Judicial chileno: tener que zanjar sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en un territorio a más de 20.000 kilómetros de distancia: el valle de Cremisán en Beit Jala, un distrito del municipio de Belén en el sur de la Ribera Occidental, Palestina Ocupada.

La batalla por el valle del Cremisán

Obispos británicos visitan el valle del Cremisán. Foto: Flickr

Obispos británicos visitan el valle del Cremisán. Foto: Flickr

En 2006 el Ministerio de Defensa israelí -el segundo puesto más poderoso del país luego del primer ministro- expresó su intención para construir un muro de separación por todo del valle de Cremisan como respuesta a los ataques emanados desde el territorio palestino de Belén durante la intifada o revuelta de Al-Aqsa, que se extendió desde septiembre de 2000 hasta 2005, causando más de 6.000 muertes reconocidas oficialmente: 1.063 israelíes y 5.516 palestinos. Este valle es una de las últimas zonas verdes con buen regadío en la región de Belén.

Desde entonces se ha vivido una dura batalla legal, llevada a cabo sobre todo por la Iglesia Católica. En el valle del Cremisán, además de las tierras de 58 familias palestinas cristianas, se encuentra el Monasterio que le da el nombre al sector. Construido en el siglo IXX por la orden salesiana para apoyar a los cristianos palestinos de la región, desde 1880 funciona como convento de las Hermanas Salesianas. El vino que ahí producen y almacenan es conocido como uno de los mejores de Palestina. Además, en el convento funciona una escuela a la que asisten más de 400 niños. El monasterio, su escuela y tierras de agricultura quedarían separados por el muro israelí.

La ciudad de Beit Jala, además, es conocida por la calidad de sus aceites de oliva. En el valle de Cremisan existen plantaciones de olivo que tienen más de mil años de existencia, pero este año fueron cosechados por última vez. Desde que el Ministerio de Defensa de Israel expresara su intención de construir una nueva extensión del muro allí inició una dura batalla legal para impedirlo.

De acuerdo al informe “el muro de anexión de Cremisán: último clavo en la lápida de Belén”, del Centro Católico por los Derechos Humanos St. Yves al que accedió El Desconcierto, alrededor de 85% del muro de anexión está construido en el territorio palestino ocupado en vez de en las fronteras del año 1967. “El muro ha sido utilizado como una herramienta para anexionar tierras palestinas y cambiar las realidades demográficas y geográficas. Desde su construcción, el Muro de Anexión ha debilitado gravemente los derechos básicos de los palestinos tanto como el derecho a la autodeterminación, el derecho de residencia, el derecho a la familia, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al empleo“, señala el documento, que además recuerda que ya en 2004 la Corte Internacional de Justicia declaró el muro como ilegal e instó al estado de Israel a abandonar esta política.

En el lado del sur del valle del Cremisán Israel ya construyó el asentamiento ilegal de Har Gilo, que mira a la zona occidental de Belén, primer pie de lo que llaman “Gush Etzion bloc”, una red de asentamientos que aspiran a expandir hasta las tierras occidentales del valle, las que son las más fértiles de Belén. Según el informe del Centro Católico por los Derechos Humanos St. Yves esta intención de construir cada vez más asentamientos descarta el argumento de que el muro es una necesidad de seguridad, ya que la sola construcción de cientos de casas para colonos que reciben bonos y subsidios para trasladarse allí descarta que sea una zona de ataques. “La motivación principal detrás de las rutas propuestas es ostensiblemente la expansión”, señala el texto.

Respecto a la construcción del muro en el valle del Cremisán ya van ocho años de procedimientos legales. En abril del año pasado el caso llegó a la máxima instancia judicial de Israel, el Tribunal Supremo, que dictaminó que el ejército puede construir el muro en las tierra cultivas de Cremisan, y determinó que la ruta del muro tiene que esquivar el Convento, el Monasterio y las tierras cultivadas. El 17 de Agosto 2015, a pesar de que el procedimiento judicial estaba aún pendiente en el Tribunal Supremo israelí, el ejército llegó a Beit Onah, localidad del valle en Beit Jala, sin aviso acompañado de maquinaria pesada.

El ejército arrancó los milenarios olivos y allanó las tierras para preparar la construcción del muro. La situación fue cubierta por el medio Al Jazeera, al que el agricultor palestino cristiano Ricardo Jaweejat señaló que “mi tatarabuelo ha cosechado esta tierra, y cada abuelo después de él, hasta mi padre y yo”, dijo Jaweejat. “Simplemente no puedo imaginar que vamos a perder esta tierra para siempre”.

Para el Centro Católico por los Derechos Humanos St. Yves  en los territorios ocupados palestinos operan dos sistemas jurídicos en un solo territorio, dependiendo del “tipo” de ciudadano. Para los israelíes opera la ley civil  y para los palestinos la justicia militar israelí. Esto, según el centro, es  discriminación institucional, lo que se comprueba ya que “las leyes cambian cuando la gente que vive en la tierra cambia, y no cuando el estado que controla las tierras cambia, aún cuando esto no haya pasado ya que las tierras, legal e internacionalmente, siguen siendo palestinas. Esto comprueba el sistema de discriminación racial en cual se encuentra la comunidad palestina”.

La querella ingresada hoy en el 5to Juzgado de Garantía es posible ya que Chile promulgó en 2009 la adhesión de nuestro país al Estatuto de Roma, tratado por el cual nuestro país se adhirió a la Corte Penal Internacional y por lo tanto a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente. En este caso, además, existen víctimas chilenas que actúan como querellantes luego de agotar todas las instancias en la justicia israelí.