“Es mucho más pelúo movilizarse dentro de la U que en la calle”. Esa es la realidad de Camila Serrano (24), estudiante parapléjica de tercer año de la Facultad de Artes, sede Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile.

Su rutina comienza al tomar la micro en Ñuñoa junto a su madre, quien debe ayudarla a movilizarse cuando llega a su lugar de estudios. Un campus donde ni el Servicio Médico y Dental tiene rampa. El suelo es evidentemente irregular, no hay guía podotáctil para recibir estudiantes ciegos y las disposiciones de infraestructuctura no cumplen con las normas de acceso correspondientes.

Camila sostiene que “es como un edificio que no está hecho para que yo ande por ahí”. Desde su experiencia ha participado en muchas iniciativas que trabajan para la inclusión, pero siente que estas se quedan en la teoría. “Conversamos y analizamos el tema cuando en realidad los problemas son muy concretos”, agrega.

La realidad de Camila es la de cientos de estudiantes en situación de discapacidad que deben cargar con la falta de comprensión de sus espacios de estudio. El llamado que realiza Camila es a “entender que hay un nuevo paradigma o una nueva idea de que las personas que tienen una movilidad reducida no necesariamente no van a estudiar. Se debieran hacer las modificaciones para que esta señal esté más clara”. Cambios que se debieran realizar de acuerdo a la ley, pero ¿quién regula el proceso?

Legislación deficiente

El artículo 19 del decreto N° 2542, de la Ley de Integración Social -promulgada el año 1994- sentencia que las instituciones de educación superior (IES) deberán “incorporar las adecuaciones académicas necesarias para permitir que las personas que presenten algún tipo de discapacidad tengan acceso a las carreras que impartan asegurando su permanencia y progreso en ellas.”

Dicha ley se derogó con la aprobación de la Ley de Inclusión (20.422) puesta en marcha el año 2010, que si bien indica que lo estipulado en el decreto debe seguir vigente, no establece plazo para cumplirlo. Se esperaba que la nueva Reforma a la Educación Superior propusiera una fecha límite, pero en ninguno de sus incisos hace referencia al estado de las y los estudiantes en situación de discapacidad.

Este año, la Red de Instituciones Formadoras de Profesores de Educación Especial o Diferencial (Ifpee), mantuvo diálogos con el Ministerio de Educación (Mineduc) respecto a la posibilidad que se legisle lo antes posible para crear un organismo fiscalizador para las IES.

Irene Cabrera, coordinadora del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y presidenta de la red, se refirió a la respuesta que el ministerio entregó frente a esta demanda:

“Se mandó una carta a la División de Educación Superior (Divesup) y nos respondieron que por el momento no tenían una respuesta y que se iba a ver para el 2017 ó 2018. Esta es la respuesta oficial que tenemos hasta el momento. Nosotros vemos que estos cambios no son lo suficientemente significativos a nivel del impacto que se desea lograr en el sistema educacional”.

La presidenta de IFPEE apuesta a un cambio curricular y de formación docente, donde haya intercomunicación de las distintas mallas de las carreras pedagógicas para así generar una base sólida de educación inclusiva. El segundo paso sería emigrar hacia el resto de las carreras este cambio curricular para guiar un trabajo en conjunto hacia la diversidad en la educación.

La propuesta de Irene Cabrera coincide con lo que Claudia Alzamora, actriz y pedagoga teatral, quien realizó un postítulo e interpretación de lengua de señas de la Umce, exige respecto a la formación docente. Ella se encuentra ejerciendo como intérprete de una estudiante en situación de discapacidad auditiva, contratada gracias a los fondos que entrega el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis): “Lo que falta es que los profesores se dejen enseñar. Que se les haga una capacitación para que ellos puedan entender cómo tratar a un sordo. Eso no es discriminación, es comprender la diversidad y las características de cada persona.”

Lamentablemente, la realidad del sistema educativo en Chile es precaria en cuanto a herramientas para poder instalar un espacio e ideología que haga efectivo el plan de acción que propone Irene y Claudia. La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo el Gobierno prescindirá de un proyecto de ley que abarque estas necesidades?

Educación inclusiva en números rojos

Según Senadis, el año 2015 sólo 129 estudiantes en situación de discapacidad (60 mujeres y 69 hombres en promedio de 25 años) pudieron acceder a la Educación Superior gracias a la solicitud de beneficios que ofrece esta institución.

El primer semestre de este año se registró un avance en estas cifras, aumentando la cantidad de ingreso a 216 (115 mujeres y 101 hombres). Actualmente, el promedio etario es de 23 años. Alejandra Ayala, estudiante de Artes Visuales con mención en Escultura de la Universidad de Chile, forma parte de estas 115 mujeres beneficiadas por Senadis por el Plan de Continuidad.

Hace tres meses que la universidad financia a la intérprete de Alejandra, pues parte del presupuesto otorgado por Senadis a esta estudiante se perdió producto del periodo de paro que se dio en su facultad este año. Pero no siempre fue así ya que los tres primeros años de carrera, a falta de intérprete, Alejandra debía grabar sus clases para que luego su madre se las transcribiera. Si la universidad no se hubiese ofrecido a pagar por el intérprete, Alejandra hoy no podría cumplir con su jornada académica como corresponde.

Esto se condice con el testimonio de Andrea Rosales, docente en la carrera de Educación Diferencial de la Universidad de Playa Ancha, quien cuenta que “los alumnos que lograban llegar a la educación superior eran los alumnos que tenían un gran apoyo familiar. Una vez estando en el centro de educación superior, por ejemplo, en la Universidad Santo Tomás estaban los recursos de intérpretes y todo eso para que ellos pudieran cursar como corresponde.

Alejandra asegura que los fondos de Senadis la ayudaron mucho para subsanar necesidades como la mencionada anteriormente. Por otro lado acusa la falta de un responsable que asuma los trámites que implica realizar un convenio con Senadis. Sin embargo, al sacar cuentas, el presupuesto que entrega esta institución del gobierno, sigue siendo deficiente.

Por ejemplo, el presupuesto del año 2016 destinado a Planes de Continuidad Senadis corresponde a la suma de $160.686.00. Este se distribuyó entre 72 estudiantes en situación de discapacidad. El monto máximo anual que se le puede entregar a un estudiante es de $2.900.000.

Ahora, según la información proporcionada por Claudia Alzamora, un intérprete cobra una UF (26.000 pesos aproximadamente) por hora. Suponiendo que un estudiante requiere de 9 horas de este servicio a la semana, en un mes se estaría gastando cerca de la mitad del presupuesto que se le adjudica al alumno.

A pesar de todo, la actitud de Alejandra frente a la problemática es bastante optimista. Sus exigencias no se dirigen hacia el planteamiento de un política asistencialista, sino a “sacar las barreras en la universidad”, hacer de esto algo universal. Que si una persona sorda quiere ser médico o abogado pueda serlo, así como como ella está estudiando hoy para ser licenciada en Artes.

Una investigación que realizó el Mineduc, proporcionado por Senadis vía Ley de Transparencia, dio cuenta del número de establecimientos de educación superior (universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales) que contaban en 2016 con una política de inclusión que asegure el ingreso y proceso de acompañamiento a los estudiantes en situación de discapacidad. En este estudio, de 159 instituciones consultadas, 81, equivalentes al 50,9%, respondieron a la consulta sobre los mecanismos de acceso, la existencia de cuotas o cupos específicos por carrera; o la existencia de una política institucional para el presente año.

De estas 81 instituciones que dieron respuesta a la solicitud, la mayor cantidad- y las que más habrían avanzado en políticas de inclusión- corresponden a universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

En segundo lugar están las universidades estatales, con un 43 8% de avance. En el último puesto se encuentran las universidades privadas que no pertenecen al Cruch y los institutos profesionales. Estos últimos indican un 4,8% de existencia de políticas de inclusión. Otro dato relevante es que el mayor porcentaje de las instituciones que no dieron respuesta al Mineduc fueron los Centros de Formación Técnica del país. De estos, el 50% están vinculados a las universidades del Cruch.

Finalmente, sólo 23 instituciones de las que respondieron dijeron haber avanzado en el desarrollo de políticas de inclusión para estudiantes en situación de discapacidad. De estas, 11 son estatales: Universidad del Bío-Bío, Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad de Magallanes, Universidad de los Lagos, Universidad de la Frontera y Universidad de Chile. Todas integrantes del Cruch.

“A pesar de la declaración de las distintas Instituciones de Educación Superior (IES), respecto al desarrollo de las políticas de inclusión, no resulta factible definir el grado de avance o cobertura de las mismas”, se lee explícitamente en este informe. Esta afirmación se condice con la ausencia de una ley o reforma que obligue a las instituciones de Educación Superior a instalar una política que promueva la idea de “aula diversa” y asegure el ingreso y permanencia digna de estudiantes en situación de discapacidad.

Ya no se trata sólo de inclusión

Como en muchos otros tópicos, Chile se encuentra a la zaga en los conceptos que se deberían instalar para lograr transformaciones. Ayer se habló de integración, hoy de inclusión y se espera que mañana se hable de la aceptación de la diversidad. Distintos agentes de cambio en sus respectivos espacios confluyen en la idea de ir desplazando el concepto de inclusión hacia nuevas formas de comprender la necesidad de trabajar por la diversidad en la educación.
Para Daniela Carrasco (31), estudiante en situación de discapacidad visual en proceso de titulación de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile, la adjudicación del calificativo “inclusiva” es algo que muchas veces resulta ser superficial y casi publicitario para una institución.

“A mí lo que más me preocupa es que hay muchas instituciones y en general se manosea mucho la palabra inclusión. ‘Que somos una institución inclusiva y la inclusión aquí y allá’. Efectivamente están aceptando a personas con distintas discapacidades, pero no toman ninguna medida para que las personas se desenvuelvan y puedan realizar sus carreras como lo pueden hacer los otros”, afirma basándose en cómo fue su proceso de admisión por cupo especial, ya que si bien el ingreso fue diferente, la permanencia corrió por su cuenta.

Recuerda haber sido testigo de un cambio significativo en tercer año, cuando equiparon la biblioteca con computadoras que incluían lector de pantalla para personas ciegas o con baja visión. “Más encima los pusieron en una sala aparte, ni siquiera era dentro de los otros computadores donde estaban los otros computadores, era una sala aparte”, agrega. Hasta su egreso, más cambios que este no hubo.

Daniela egresó el año 2007. En ese momento había dos cupos de admisión para estudiantes en situación de discapacidad visual. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile anunció, para el año 2017, la misma cantidad de vacantes.

“Desde las personas con autismo, las personas con movilidad reducida y nosotros con discapacidad visual. Para qué decir de las personas con sordera… entonces se lavan la boca diciendo que somos inclusivos, pero no hacen nada. Es solo una admisión”, denuncia Daniela.

Desde las bases hasta los líderes, la falta de inclusión en educación superior aqueja de forma transversal al entorno estudiantil. El Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV) y vocero nacional Confech, Carlos Vergara (26), comenta que en su universidad existe un programa llamado “UV Inclusiva”, creado hace cinco años. Sin embargo, este no presenta un crecimiento rápido, a pesar de ser una iniciativa importante dentro de su espacio de estudio.

“Hoy día, lamentablemente, la UV todavía se queda corta, como todas las universidades estatales”, revela Carlos, lo que efectivamente coincide con la falta de fortalecimiento de la educación pública en el área de bienestar estudiantil. Él piensa que “hay una deficiencia de parte del Estado de una política pública clara que responda a la inclusión, que responda a la necesidad de que todas y todos podamos estar dentro de las salas de clases”.

A esta opinión se suma el juicio de Irene Cabrera, quien dice que “en el caso de la educación esto significa que tú tienes que hacerte cargo de toda la diversidad que tienes en el aula. Interculturalidad, opciones sexuales, todo el problema de género, y esto incluye a las personas con necesidades educativas especiales. La inclusión tiene que ver con un tema mucho más paradigmático en educación y con el cambio de una mirada que significa respetar al otro, trabajar colaborativamente”.

La forma de pensar de estas personas permite que la idea de proyectar un futuro en el que la educación superior se haga cargo de naturalizar la diversidad, no parezca inalcanzable. Si bien este año la contingencia estuvo focalizada en los temas de financiamiento, lucro y gratuidad, no hay que descuidar los vacíos legales y necesidades invisibilizadas que envuelven el aparato educacional estatal.

Así tal vez para la próxima reforma a la educación superior se contemplen las necesidades de aquellos y aquellas que hoy se encuentran marginados del sistema. Que a través de un proyecto conjunto, la decisión de actuar pase de ser una cuestión de voluntad sin consecuencias a un cumplimiento por ley.