En 2006, menos del 20% de las personas viviendo con VIH tenían acceso a tratamientos antirretrovirales. En 2015 esa cifra está sobre un 55%. Es decir, el avance ha sido significativo, claro que este crecimiento en la cobertura de tratamiento se ha dado en un contexto de crecimiento económico en la región que ha pasado de US $5.000 dólares per cápita a un promedio de US $10.000 dólares.

En cifras globales, en el 2000, menos de un millón de personas recibían tratamientos. Al 2015, 18.2 millones de personas viviendo con VIH acceden a TARV y se espera alcanzar la meta de 30 millones al 2020. Respecto de las nuevas infecciones, están han disminuido de 3.2 millones en el 2000, a 2.1 millones en el 2015 y se espera reducir a menos de 500.000 en el año 2020. Desagregadas por grupo etáreo, las nuevas infecciones en niñas/os, se han reducido de 490.000 nuevas infecciones ocurridas en el 2000 a 150.000 en el año 2015 y se espera disminuir a menos de 50.000 al 2020. Mientras que las nuevas infecciones en mayores de 15 años, han disminuido de 2.7 millones en el 2000 a 1.9 millones en el 2015 y se esperan menos de 500.000 nuevas infecciones para el 2020.

Hay que recordar que el año pasado la Organización Mundial de la Salud validó a Cuba como el primer país en el mundo en erradicar la transmisión vertical, es decir, de madre a hija(o) y la sífilis.

Las estimaciones para nuestra región revelan que había alrededor de 2 millones de personas viviendo con VIH (1.7 millones en América Latina y 289.000 en El Caribe), de los cuales 46.000 corresponden a niños de entre 0 y 14 años. Se habrían producido 100.000 casos nuevos de infección y 50.000 defunciones relacionadas con el sida (OMS, 2016). La epidemia afecta principalmente a las poblaciones claves: personas transgénero, hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

En términos duros de la economía, el Global AIDS Response Progress Reporting (2016) revela que la región invierte US $3.010 millones de dólares en la respuesta al VIH y SIDA, de los cuales, un 82% provienen de fondos nacionales, un 12% de la cooperación internacional y un 6% del sector privado. Por supuesto que este guarismo esconde una desigualdad respecto de algunos países de alto ingreso que pueden cubrir esos gastos con fondos nacionales y otros cuya dependencia de la cooperación internacional los sitúa en una posición altamente vulnerable al cambiar las condiciones de clasificación del Banco Mundial, es decir, todo está conectado.

Para alcanzar las metas 2020 de la Acción Acelerada en América Latina, se requiere invertir US $ 4.000 millones de dólares y en momentos de restricción económica eso es un problema para los ministerios de Salud que deben negociar con los ministerios de Hacienda para que inviertan más en la respuesta al VIH, en un escenario que presenta otras patologías que han estado emergiendo.

Por lo tanto, sabemos cómo alcanzar un 2030 sin SIDA pero tenemos barreras casi insuperables para alcanzar dicha meta; será difícil convencer a los encargados de la billetera fiscal; por lo que será necesario ser creativos.

En el caso de Chile, tenemos cifras estimadas del Programa de Naciones Unidas sobre el SIDA -ONUSIDA- y de la Organización Mundial de la Salud -OMS- que establecen que la brecha de personas viviendo con VIH que no conocen su situación serológica son cercanas a las 13 mil personas. De las 37 mil personas que han sido diagnosticadas, un poco más de 25 mil se encuentran en tratamiento y casi 21 mil personas se encuentran con carga viral suprimida. Para alcanzar las metas “90-90-90” se requiere redoblar los esfuerzos y aunque no es condición suficiente si es condición necesaria el aumentar las personas con tratamiento y prontamente incorporar aquellas que no conocen su situación serológica.

Traducido en números, significa que debemos doblar la actual inversión de $90 mil millones. Además de los desafíos de incorporar o no PreP en el paquete de prevención y la posibilidad de autorización a que test rápidos de VIH se puedan adquirir directamente en las farmacias.

La sostenibilidad de la respuesta

La semana pasada, Ciudad de Panamá fue el escenario del “Diálogo sobre Sostenibilidad en América Latina” en lo que respecta al VIH y SIDA, iniciativa impulsada por ONUSIDA, OMS, Fondo Mundial y Aids Healthcare Foundation –AHF- que reunió a representantes de gobiernos, de la sociedad civil y organizaciones académicas en un diálogo sobre la sostenibilidad en la respuesta del VIH y SIDA.

De acuerdo a la información recopilada por el Programa de Naciones Unidas para el Sida -ONUSIDA- para su Informe Mundial de la Situación del SIDA 2016, los países de la región de América Latina y el Caribe han sido quienes más han aumentado de forma significativa la inversión pública en medicamentos antirretrovirales, alcanzando un acceso del 88% de las personas que viven con el VIH.

Pero la sostenibilidad no es sólo en el plano económico. El trabajo de Oberth & Whiteside: “What does sustainability mean in the HIV and AIDS response” (2016), publicado en el African Journal of AIDS Research propone una conceptualización más amplia de la sostenibilidad, para ello identifica seis preceptos: Financiera (por supuesto), epidemiológica, política, estructural, programática y con enfoque basado en los derechos humanos.

Una respuesta sostenible del VIH debe incorporar dichos preceptos y enfocar su accionar al logro de las metas propuestas; sino, estaremos caminando a oscuros, lo que sería un error, por cuanto ya sabemos lo que hay que hacer, la evidencia está sobre la mesa. Hay que tener la voluntad de avanzar en ese derrotero.