En conversación con el periodista Hernán López en Madrid, Garzón, hoy de 61 años señala que hizo todo lo posible por tratar de que Pinochet se sometiera por primera vez a un tribunal de justicia, cree que la percepción del mundo acerca del dictador chileno cambió gracias a su detención en Londres, pero que las “dudas, mentiras y miedo” impidieron llevar adelante su juicio. El ex juez, que publicó recientemente el libro En el punto de mira, conversó con La Tercera a diez años de la muerte del ex Comandante en Jefe del Ejército.

Lo primero es conocer, a poco menos de 20 años del episodio, su recuerdo del caso Pinochet, en especial, por el impacto que esa causa tuvo a nivel internacional, pero también el impacto que tuvo en Chile…

Lo recuerdo pormenorizadamente, porque lo he revivido en el libro que acabo de publicar, En el punto de mira: fueron unos meses de actividad frenética, de presiones desde todos los frentes y una gran tristeza por las víctimas cuando Pinochet salió de Londres hacia Santiago. También sentí una enorme desazón por la revictimización de las víctimas masacradas, desaparecidas, asesinadas o torturadas por defender sus ideas democráticas. Y frente a ello, la convicción de que todo el proceso judicial contra el dictador había sido un mensaje muy potente a los perpetradores de crímenes internacionales. Por último, una gran satisfacción, porque la justicia chilena, encarnada, en ese momento, en el juez (Juan) Guzmán, se puso manos a la obra para hacer realidad los deseos de justicia de las víctimas y de toda una sociedad que habían visto frustrados sus legítimos derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. A partir de ahí, y de la mano de las víctimas y de los movimientos sociales y la sociedad civil, comenzaron a dibujarse las garantías de no repetición.

¿Pensó que Pinochet sería juzgado en Chile?

Cuando la Corte de Apelaciones de Santiago le retiró la inmunidad parlamentaria, el 23 de mayo de 2000, se le acumularon las denuncias en Chile y Argentina, además de en España, las que culminaron en su arresto domiciliario. Hubo una esperanza, pero acabó tristemente con el sobreseimiento de la causa por demencia. Después se reanudó, gracias a la “recuperación” de aquel y, solo su muerte, paradójicamente producida el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, de 2006, evitó su sentencia. Pero, Pinochet ya estaba “condenado” ante la sociedad y ante la historia por las miles de desapariciones forzosas, torturas, asesinatos de ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas y de otras nacionalidades, perseguidos solamente por su forma diferente de pensar. No debe olvidarse también que, como se demostró en las investigaciones respecto del banco Riggs, que llevamos desde España, EE.UU. y Chile, Pinochet también se enriqueció a costa de Chile y para nada reflejaba la imagen que artificialmente se había construido y que representara siempre la antítesis de la dignidad emanada por el Presidente Salvador Allende.

Con la perspectiva del tiempo, ¿qué cree que faltó para que Augusto Pinochet fuese sometido a un juicio con verdaderas expectativas de condena?

La impunidad es la peor lacra de la humanidad. En el caso de Augusto Pinochet, la situación de terror generada por el Golpe de Estado de 1973 y, a partir del mismo, el control de los tres poderes del Estado generó, hasta su salida, una inercia que le protegía como a todos los dictadores. La fuerza del pueblo a quien él había menospreciado le echó fuera del poder, aunque mantuvo prerrogativas de impunidad. Tras su detención en Londres, comenzaron a abrirse las avenidas de la justicia, pero, finalmente, faltó tiempo. La lentitud de la justicia y la falta de voluntad de quienes tuvieron en su mano acabar antes con esa situación no lo permitieron. Aun así creo firmemente que las víctimas fueron reparadas. Y, en la historia de Chile, al día de hoy, estos son los verdaderos referentes de la dignidad. El dictador quedará como el victimario que, hasta el mismo momento de su muerte, no tuvo la valentía de reconocer los hechos perpetrados contra su pueblo.

En Chile, con el paso del tiempo, la lectura política que se hace de la situación de Pinochet en Londres fue que a la Concertación le “faltaron agallas” para tratar de llevar al general (R) ante los tribunales. Usted mencionó que, al menos, Pinochet regresó ya no a la impunidad, sino a enfrentar a la justicia chilena. Con el paso del tiempo, y con Pinochet sin ninguna condena, ¿sigue compartiendo ese juicio?

La situación, políticamente hablando, fue muy compleja para los países implicados. ¿Faltó valentía para deslindar política y justicia? Sí, creo firmemente que hubo dudas, mentiras y miedo ante lo desconocido y se optó por asegurar políticamente la situación. Judicialmente, el caso lo ganamos en Londres. Las víctimas continuaron y a su instancia consiguieron que la justicia chilena avanzara. No se puede menospreciar ese esfuerzo. Quizás faltó agilidad; quizás la definición del nuevo espacio a la jurisdicción universal asustó a los dirigentes. Nadie esperaba que la justicia internacional reaccionara como lo hizo. Por eso creo que, al final, se hizo lo que se pudo. Y aunque hubo muchos obstáculos, el resultado fue satisfactorio y lo sigue siendo, porque los juicios contra los represores continuaron y los responsables, o algunos de ellos, del Operativo Cóndor, han sido condenados en Argentina en este año y las víctimas siguen siendo reparadas, aunque no totalmente. Por todo ello, creo que sí mereció la pena, porque la condena se ha producido y la reparación también. Pinochet, a los ojos de la sociedad chilena, de la comunidad internacional y de la Historia, con mayúscula, resultó condenado.

¿Le siguió la huella a Pinochet tras la detención en Londres? Tiempo después el general (R) estuvo involucrado en el caso Riggs.

Fui precisamente yo, como titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional española, quien amplié los cargos a Pinochet, a petición de la acusación popular y particular, representada por el abogado de Joan Garcés, quien con su actuación, al igual que en el caso primero, resultó fundamental. Los cargos, en esta ocasión, fueron ampliados a su esposa y otros ocho implicados, por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero en relación con las cuentas secretas que mantuvo en el Banco Riggs. En lo que a la justicia española respecta, obtuvimos una indemnización de varios millones de dólares que se aplicaron a la reparación de las víctimas. Creo que ha sido la única cantidad que judicialmente se destinó en su integridad a esa finalidad, pequeña, pero suficiente para evidenciar que Pinochet no había sido el líder impoluto que lo dio todo por su patria. Como en tantos otros casos, las grandes palabras van acompañadas de mezquinas acciones. Al final, el tiempo, como decía Voltaire, es el mejor juez y pone a cada uno en su lugar.

Usted siempre se limitó a no discutir la decisión política de los gobiernos involucrados en el caso por su rol en la Audiencia Nacional, en especial del chileno. ¿Hoy, en este paréntesis por su suspensión, tiene algo que decir que no pudo decir en su tiempo?

La actuación de mi Juzgado fue impecable, legal y procesalmente. La política jugó un papel importante en el proceso y es evidente que los gobiernos implicados tampoco se libraron de este tipo de presiones, empezando por el español, que durante todo el proceso, más que apoyar el actuar de la justicia, se dedicó a maniobrar por su lado, obstaculizando muchas veces las gestiones entre España y Reino Unido. No fueron precisamente ajenos al resultado del proceso. Defendí la independencia judicial y desde el Ejecutivo se respetó inicialmente la separación de poderes, aunque después, evidentemente, se trató de solucionar la situación por unos cauces diferentes a los procesalmente correctos. La extradición es un mecanismo mixto, judicial y político. Digamos que aquí el gobierno británico, por la mano de Straw, quien ha reconocido haber sido engañado sobre la situación de Pinochet, adelantó la intervención que podría haber realizado, incluso, después de haber perdido la extradición como aconteció. El juez Ronald Bartle dio la razón al juez español. Era ahí cuando la decisión política debería haber tenido presencia, en un sentido o en otro. Pero los gobiernos implicados tenían mucha prisa con esta “patata caliente” que les quemaba en las manos. Quizás les faltó respeto por las víctimas.

¿Fue presionado o recibió mensajes de dirigentes de la Concertación de la época para dejar la causa en contra de Pinochet? ¿Lo sorprendió el rol del entonces ministro José Miguel Insulza?

Nadie del gobierno chileno, ni de ningún otro, me presionó. Jamás lo hubiera permitido. Las declaraciones políticas y las decisiones entorpecedoras del proceso son una cosa. ¿Una injerencia? jamás la hubiera consentido. La independencia de la justicia y la coordinación entre jueces funcionó, y debo reconocer que fue un auténtico quebradero de cabeza para los políticos. Pienso que, por contradictorio que pueda parecer, la justicia ganó, porque, a pesar de los obstáculos y dificultades, incluso desde el propio sistema judicial de los diferentes países, se impuso la protección de las víctimas y su derecho a la justicia.

Algunos expertos jurídicos de América Latina han afirmado que su ofensiva en contra de Pinochet fue un hito en contra de la impunidad de las dictaduras, en particular, de Chile y Argentina. ¿Lo siente así? ¿Qué significó este caso para su carrera?

Más que para mi carrera, la importancia fundamental de estos casos fue para impulsar la Jurisdicción Universal como mecanismo de lucha desde la justicia a favor de las víctimas y contra la impunidad. Por lo que a mí se refiere, fue un honor encontrarme en ese momento en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y poder contribuir a ese desarrollo. Las víctimas me mostraron un camino que jamás he dejado ni abandonaré.

¿Se arrepiente de alguna decisión? ¿Cree que, desde su posición en la Audiencia Nacional, pudo hacer algo más o el paso siguiente tras la negativa a la extradición correspondía a Chile?

Debo contestarle sinceramente. Hice todo lo que pude, todo lo que supe y hasta donde pude, jurídicamente. Me enfrenté a decisiones políticas adversas; a zancadillas constantes desde dentro y fuera de la justicia; a críticas intencionadas; al desprecio de una parte de la sociedad que defendía al dictador. Pero debo decirle que, desde mi conciencia como juez y desde la interpretación integradora y progresiva del ordenamiento jurídico español e internacional, actué como debía. Durante años continúe con las investigaciones del banco Riggs y otros perpetradores. La justicia chilena siguió adelante. Las víctimas siguieron adelante y así seguirá siendo. Ahora, desde el activismo de derechos humanos, continúo en la defensa de los principios de la Jurisdicción Universal.

¿Recuerda algún episodio en particular con chilenos? Se lo pregunto porque el país se volvió a dividir y no se habló de otra cosa por varios meses.

Recuerdo que en Minneápolis, donde había ido a recibir un premio de Derechos Humanos, al poco tiempo de la detención de Pinochet, al entrar en un hotel con mi mujer, dos parejas de ciudadanos chilenos venían detrás nuestro andando. Al igual que yo los reconocí a ellos por la voz, ellos lo hicieron conmigo, y al verme me identificaron. Una de las parejas se me acercó y llorando nos dieron un abrazo y las gracias; la otra, se dirigió con respeto a mí y me espetó que no estaban de acuerdo con la detención y que eso era inmiscuirse en los problemas de Chile. Yo les contesté que la lucha contra la impunidad cuando se refería a crímenes de genocidio o lesa humanidad no era cuestión de fronteras, sino de dignidad y legalidad internacional, porque las víctimas no eran sólo chilenas, sino universales. Usted mismo puede discernir qué pareja estaba a favor y en contra: en muchas ocasiones experimenté muchos más apoyos que críticas.

En 2006, cuando vine por primera vez a Chile, volviendo a Santiago en avión desde Puerto Aysén, en donde había tenido un encuentro inolvidable con miles de víctimas, un grupo de personas comenzó a increparme refiriéndose a mí como “ladrón”. Un periodista, quiero recordar que era de su periódico, les increpó, indignado, diciendo que el único ladrón se llamaba Pinochet; al desembarcar, dentro del aeropuerto, los que habían gritado en el interior del avión se unieron a varios más y, al reclamo de una mujer relativamente joven, gritaron “fuera de aquí”. Obviamente, no entramos en confrontación, pero nos siguieron durante un tramo. El cámara que había cubierto mi visita grabó todo el episodio y salió en televisión. Esa misma noche cenamos en el restaurante Normandía con el juez Guzmán y su mujer, junto a unos amigos franceses. Al terminar, sucedió algo muy bonito. El restaurante estaba lleno, y cuando ya nos marchábamos, todos los comensales, sin excepción, se pusieron de pie y nos aplaudieron diciéndome: “No queremos que se vaya de Chile con una imagen que no es la real. Este que ve aquí es el Chile democrático; el verdadero Chile, y le damos las gracias”. Debo confesarle que me emocioné.

Pero tampoco me rasgo las vestiduras ante esta división de opiniones, porque en España, 80 años después de la Guerra Civil y 40 después de la muerte del dictador, todavía quedan restos de franquismo, y siendo el país con más desaparecidos después de Camboya, seguimos sin justicia para las víctimas y con una parte de la población instalada en el más puro negacionismo. Esas son las paradojas de la historia.

En España usted lideró, hasta la suspensión, el caso Gürtel, que reveló un caso de corrupción y financiamiento ilegal del Partido Popular. No son sólo militantes del PP, sin embargo, que pisan tribunales por otros casos similares. En Chile, el financiamiento irregular también ha llegado a los tribunales. Al parecer, es un fenómeno extendido que también estuvo durante mucho tiempo bajo cierta impunidad.

En 1994, un pequeño grupo de juristas reclamábamos que la financiación irregular de los partidos políticos fuera tipificada como delito. Sólo 20 años después ha sido posible. Para ello han hecho falta muchos esfuerzos judiciales en sacar a la luz la podredumbre de un sistema político, en gran parte viciado por la falta de transparencia y por la corrupción. La visión patrimonialista de la política frente a ésta como servicio público ha sido la norma. El aprovechamiento de la posición política, el tráfico de influencias, la corrupción, en general, son un mal demasiado extendido en muchas democracias, cuando debería acontecer lo contrario. Por fin, tras la tremenda crisis económica de la que aún no hemos salido, la epidermis de la ciudadanía se ha vuelto más permeable a este fenómeno y es mucho más consciente del grave problema de desigualdad que la corrupción comporta y, por ende, más intransigente frente al mismo, aunque todavía sigue dando el voto a quienes no se han caracterizado por el combate de este flagelo. En todo caso, se percibe una necesidad mayor de transparencia que hace más angostos los espacios de impunidad que antes existían. No obstante, luchar contra la corrupción a veces tiene un coste muy alto para quien la confronta. Pero hay que hacerlo, en beneficio de una sociedad que necesita fortalecerse frente a quienes la agreden y quebrantan la solidaridad que debe acompañar a un estado social y democrático de derecho. Por mi parte, no entiendo el servicio público de otra forma, especialmente desde la judicatura.