Este domingo 11 de diciembre, el ministro de Justicia Jaime Campos en entrevista con El Mercurio, sostuvo que los beneficios carcelarios para presos condenados por delitos de lesa humanidad en el recinto penal Punta Peuco es un tema “de máxima importancia para Chile”, asegurando que “no hemos tenido el coraje para abordarlo”, agregando que “todos vamos tomando posiciones sobre esta materia en base a lo que son nuestras visiones o intereses particulares, y no tenemos una mirada colectiva de país. Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”.

Algunos políticos de derecha y de la Nueva Mayoría, consultados por el mismo periódico, dieron este lunes su parecer sobre los dichos del abogado. Fue el caso del diputado del Partido Comunista, quien además es Secretario General del PC, Lautaro Carmona, quien cree que Campos “está muy interesado en los convenios internacionales de derechos humanos y del atentado a ellos. Y sabrá también que hay convenciones que señalan que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no tienen amnistía posible”.

El senador Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, asegura que él sí considera que los “derechos humanos, en tanto responsabilidad del Estado, son para todo ser humano. La pregunta es si creemos en Chile en las cadenas perpetuas. ¿Creemos en eso, o es una mentira? Yo, personalmente, recuerdo que en torno a ese tema se concentró la discusión de si eliminábamos la pena de muerte o no en Chile. Yo era partidario de poner fin a la pena de muerte, incluso en esos casos, a cambio de que hubiera cadenas perpetuas efectivas. Si no recuerdo mal, el ministro Campos tenía una opinión distinta”.

Andrés Zaldívar, de la Democracia Cristiana fue más próximo al ministro, y opinó que sus declaraciones no significan “dejar de cumplir con nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Tiene que ser visto desde otra perspectiva, humanitaria, el cumplimiento de la privación de libertad de un enfermo terminal, que no es solamente en una cárcel. Además, el Estado no está en condiciones, muchas veces, de prestar la atención que requiere una persona en esa situación”.

Al ser consultado, el senador Iván Moreira de la UDI, preguntó si acaso los dichos de Campos eran en representación del gobierno, puesto que de ser así, sería “una muy buena noticia”. Añadió que “si hay voluntad política, si el Gobierno lo concreta en forma rápida, es un gesto humanitario, de misericordia por aquellos militares que cumplen condena que tienen más de 75 u 80 años con enfermedades terminales. Esperamos que esto no solo sea un anuncio de buenas intenciones, sino que con fuerza el Gobierno tome la decisión en forma rápida, a pesar de las presiones que va a recibir de la izquierda. Porque hay un sector de chilenos que ha confundido los derechos humanos con venganza”.

Por su parte, la vocera de gobierno Paula Narváez, aseguró que “los derechos humanos de las personas que están recluidas hoy día en Punta Peuco son derechos humanos que están resguardados”, y añadió que esta es una “discusión que hay que dar como país, que está en desarrollo, en proceso y que, en función de ese análisis de todos los elementos que están sobre la mesa, se van a poder tomar decisiones en el futuro”.