En el año 2017 se pone en juego el capital político que hemos acumulado las fuerzas de cambio en las últimas décadas. Las elecciones parlamentarias y presidenciales medirán con fuerza nuestra capacidad de convocatoria hacia la ciudadanía y con ello, la capacidad que tengamos para golpear a la gobernabilidad neoliberal y sus esfuerzos de refundación. En este contexto, la disputa por los derechos sociales se torna central, en la medida que dibuja de forma nítida un enemigo en común (estado subsidiario y neoliberalismo), posibilita un arco amplio de alianzas que supera a las fuerzas de izquierdas, recoge el ADN de las principales organizaciones sociales y políticas surgidas en los últimos años y proyecta la generación de un nuevo pacto social de la mano de nuevas franjas de la sociedad que se integren a la política.

El descrédito de la política: principal obstáculo para las fuerzas de cambio

Los resultados de las pasadas elecciones municipales dejan pocas cuentas alegres para las fuerzas de cambio. A pesar de que se alcanzaron victorias, algunas de ellas contundentes y de las cuales se pueden sacar importantes aprendizajes para futuros procesos electorales, y que las dos coaliciones de la política binominal sufrieron una importante pérdida de votos, la creciente abstención -incluso en aquellos territorios donde los grupos emergentes conquistaron escaños municipales- nubla cualquier interpretación positiva de carácter general.

El fenómeno de la abstención va más allá de una cuestión meramente electoral. Es la expresión nítida de la desafección, de que la política a ojos de la ciudadanía es un sinsentido. Lo anterior es inevitable si durante más de cuarenta años ha estado al servicio del gran empresariado y al pequeño porcentaje de la población que cada vez concentra más y más riqueza. Este abismo que el propio orden neoliberal cavó entre la sociedad y la política es la principal causa de la crisis de legitimidad que hoy golpea a la política.

El descrédito de la actividad política es el principal obstáculo que las fuerzas de cambio debemos superar si nuestro objetivo es irrumpir de la mano de la sociedad organizada y sus anhelos. La desaprobación a los partidos políticos tradicionales no tiene como contrapartida necesariamente el apoyo a las fuerzas de cambio sino más bien un rechazo general a todo lo que huela a política.

No sólo eso. La política binominal también ha desdibujado aquellas dicotomías que en el papel sirven como orientación para navegar en el mar de la política. Los ejes izquierda-derecha, estado-mercado, democracia-dictadura, por mencionar algunos, cada vez son menos explicativos. Por lo mismo, la decisión que tomemos las fuerzas de cambio respecto a cómo y hacia dónde dirigirnos adquiere una relevancia histórica. La forma en que nos propongamos superar la actual situación de “vacío político” determinará en gran medida nuestros próximos pasos.

La batalla por los derechos sociales como punto de partida para la unidad antineoliberal

La privatización de los derechos sociales es la piedra angular del neoliberalismo en Chile. De esta ha germinado una siniestra relación entre Estado y mercado que no ha hecho más acrecentar el dominio del empresariado por sobre la política y la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, esta privatización ha despojado a la ciudadanía de espacios públicos, de encuentro entre iguales, estableciendo el tamaño de la billetera familiar como el principal determinante de las relaciones sociales.

La relevancia de la desmercantilización de los derechos sociales radica no sólo en la necesidad de socializar y democratizar importantes aspectos de la vida cotidiana, sino que, al mismo tiempo, es el lugar donde se produce una disputa directa con el bloque dominante, contra sus nichos de acumulación y ganancia regulada y asegurada por el Estado. Esta es una batalla en la cual un paso hacia adelante de nosotros significa un retroceso por parte de ellos.

Para dar esos pasos hacia adelante no se requiere sólo de esfuerzos por construir organización social por la recuperación de nuestros derechos, que sin duda son necesarios, sino fundamentalmente de triunfos en el campo de las reformas. De avances que hagan visible la utilidad de la acción política como herramienta de transformación de la realidad.

Por lo mismo, el fracaso del reformismo propuesto por la Nueva Mayoría es también nuestra derrota, incluso aunque lo propuesto no fueran nuestras reformas. A diez años del 2006 y a cinco del 2011, sigue existiendo malestar e incluso este se acrecienta, pero por contrapartida, las esperanzas de cambio se difuminan, y como señalamos anteriormente, esto repercute de forma negativa en la capacidad de convocatoria de las fuerzas de cambio, en particular, aquellas que nacimos como expresión del descontento en las luchas estudiantiles y sociales de los últimos años ante la voracidad neoliberal.

Si bien esta no es la única batalla en curso, nosotros la consideramos central. Ha sido al calor de estos conflictos desde donde han germinado las principales organizaciones que componen las fuerzas de cambio. Al mismo tiempo, es en torno a ello que se ha podido articular un eje diferenciador entre nosotros y las fuerzas del orden: derechos sociales v/s estado subsidiario. La producción intelectual e ideológica de la última década ha estado al servicio potenciar este conflicto y con ello remecer las bases que sostienen la gobernabilidad de la transición. Por lo mismo proponemos que sea en torno a la desmercantilización de los derechos sociales que las fuerzas de cambio avancen, tanto en la unidad electoral como en la unidad programática que permita sentar las bases de una nueva articulación político social.

El desafío de la unidad electoral y la construcción de una voluntad transformadora

Creemos que existen dos momentos políticos para las fuerzas de cambio en los próximos años. Se trata de dos procesos simultáneos e imbricados, por tanto, la forma en que se enfrente uno determinará indefectiblemente las condiciones o el terreno del otro.

El primero de ellos es el electoral. Es el primero no por ser el más importante, sino porque es el que se encuentra a la vuelta de la esquina. El cambio del sistema electoral favorece la conformación de pactos y alianzas y definitivamente debemos aprovecharlo como una oportunidad. La configuración de un pacto electoral único de las fuerzas de cambio es urgente porque el 2017 será la primera vez que seremos medidas, en serio, por la vara electoral.

Decimos en serio porque desde el 2011 en adelante, nuestra incursión electoral ha sido dispersa, acotada y por tanto, difícil de ser puesta a prueba. Hemos participado de éstas sin compartir pactos electorales, sin acordar puntos programáticos mínimos, sin implementar una táctica electoral de carácter nacional y sin apoyar una misma candidatura presidencial. Para el año que se viene llegar a acuerdos en estos cuatro puntos es un imperativo si queremos hacer de la máxima “llegamos para quedarnos”, un hecho.

La alianza electoral que se requiere para alcanzar éxitos parlamentarios significativamente superiores a la experiencia del 2013 debe ser más amplia que la mera aglomeración de las fuerzas que emergieron en las luchas estudiantiles y sociales de los últimos quince años. De lo contrario, y si se repiten las tendencias de la reciente elección municipal, se puede esperar que estas fuerzas apenas logren con dificultad llegar a los cuatro o cinco diputados.

El punto de encuentro de esta alianza electoral debe ser su disposición a enfrentar la política de la transición. No se trata de recomponer la política de tres tercios en la que se ubicó la izquierda durante el siglo XX, sino de construir una mayoría política y social contra los intereses del empresariado, representados por igual en los partidos de la derecha y de la Concertación.

En ese sentido, la autonomía de la Nueva Mayoría y del empresariado son límites políticos ineludibles, pues representan, precisamente, un antagonismo a los dos principales actores que componen el orden neoliberal de la transición.

La conformación de una bancada parlamentaria por la desmercantilización de los derechos, compuesta por dirigentes y dirigentas sociales y políticos expresivos de las luchas sociales de los últimos años, es una apuesta para poner en jaque el proyecto histórico de la Concertación. Para lograrlo no sólo se necesita de un marco de acuerdos electorales cuya amplitud no tiene precedentes en los últimos 26 años, sino también de la revitalización y el fortalecimiento de las luchas que nos dieron vida. No abandonar la lucha social por el desafío electoral sino todo lo contrario.

Esta incursión electoral requiere además de una apuesta presidencial unitaria de las fuerzas antineoliberales, electa vía primarias, capaz de confrontar a los candidatos de los proyectos de restitución del orden neoliberal. Especial preocupación debemos tener ante el avance de opciones como la de Alejandro Guillier, que aparece como una apuesta de sectores de la Nueva Mayoría ante el retroceso de sus figuras tradicionales. Esta candidatura, que hasta el momento no ha dado muestras de impulsar una agenda política que quiebre con la profundización subsidiaria, parece sin embargo abrazar las banderas de las fuerzas de cambio y puede servir para dar un nuevo aire al progresismo concertacionista, que dificulte la configuración de la alianza antineoliberal que aquí se ha propuesto.

A diferencia de otras elecciones presidenciales, en esta será fundamental presentar una alternativa que proyecte a las fuerzas de cambio como una alternativa política, más allá de una posición de denuncia. El proceso de primarias a la vez, sirve como medio de legitimación de dicha candidatura, cumple con el desafío de configurar una nueva cultura de debate político y abre la posibilidad a la discusión táctica y estratégica entre las fuerzas de cambio.

El segundo momento es el de la unidad antineoliberal como base para la construcción de una fuerza política social que se proponga romper el régimen neoliberal y refundar las bases de la política en el país. Para este proceso la unidad electoral es un avance, pero no presupone necesariamente la consolidación de una herramienta política de las y los excluidos. Una cosa es ser legítimos representantes del malestar y otra muy distinta es ser constructores del cambio. A eso último debemos apostar.

Acabar con la transición y abrir un nuevo ciclo en la historia del país depende de la incorporación de amplias franjas sociales a la política. No se trata sólo de “llenar el vacío”, sino de recomponer los ejes en torno a los cuales gira la política chilena.

Para enfrentar este proceso será fundamental abrir todos los canales posibles de diálogo, no sólo entre las fuerzas antineoliberales, sino que a su vez entre estas y la ciudadanía. La configuración de una nueva relación entre política y sociedad requiere necesariamente romper con el esquema aparatista de relación entre la organización política y la organización social.

Tenemos una responsabilidad gigante en nuestras cabezas, manos y cuerpos. No la dejemos pasar. Hemos resistido para mantener abierta la oportunidad de cambios que abrimos hace algunos años con movilización y organización. Sigue dependiendo de nosotros, de nuestra creatividad, rebeldía y autonomía del pensamiento dominante, cambiar el curso de la historia.


Militantes Izquierda Autónoma