Fueron 8 meses de investigación, hasta que se conoció el último informe del Servicio Médico Legal respecto a la muerte de Lissette Villa, la niña interna del Sename que padecía lupus, el expediente arrojó que no fueron los medicamentos mal suministrados, ni tampoco un problema cardíaco, la menor falleció asfixiada por la acción de terceros.

De acuerdo al documento, citado en La Tercera, la muerte de la menor ocurrió cuando dos cuidadoras, identificadas como Conne Fritz y Thiare Oyarce, se subieron encima de ella, supuestamente para contenerla durante una ataque de ira.

Ambas mujeres quienes se desempeñaban en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, de Estación Central, según lo que se consigna en el informe no tenían conocimientos adquiridos de primeros auxilios, por lo que, sin saber cuál era el protocolo para enfrentar una situación de ese tipo, pusieron a Lissette en el suelo, boca abajo, inmovilizándola y subiéndose encima de ella, en su espalda, comprimiendo la región torácica y abdominal, lo que impidió por varios minutos que la niña pudiese respirar.

Además en el informe de la autopsia se consigna que la menor presenta lesiones en sus mejillas, lo que expertos atribuyen a que Lissette, sin poder mover sus brazos y piernas intentó desprenderse del  peso que ejercían sobre ella, lastimando su rostro en el piso, donde luego se orinó y desvaneció, situación que transcurrió la tarde del 11 de abril, durante 15 minutos, y que hizo que las maniobras de reanimación realizadas posteriormente por personal capacitado fueran infructuosas.

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, ingresó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, este viernes 16 de diciembre, un escrito en el que pide audiencia para formalizar el emblemático caso. En el documento, según fuentes de tribunales, se sostiene que se imputará el tipo penal contemplado en el artículo 150 letra A del Código Penal: apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte.

Esta es la primera vez, luego del cambio de legislación, en que el Ministerio Público invocará el delito como torturas cometidas por funcionarios del Sename en contra de niños que resulten heridos o muertos estando bajo resguardo del Estado, en el marco del sistema de protección infantil, lo que además hace reformular otras formalizaciones ocurridas en la actualidad, las que cambiarán el rótulo de maltrato a tortura.

En el caso de Lissette Villa, el equipo está investigando a las más altas autoridades de la institución, por lo que la ahora ex directora de la institución Marcela Labraña (DC), quien tuvo que dejar su cargo a propósito de la muerte de la menor, sería citada nuevamente para nuevos requerimientos. Pero esta vez se espera que lo haga como imputada, tras peticiones que se encuentran realizando los querellantes.

Nuevos casos y el apoyo del INDH

Ante este nuevo escenario el Ministerio Público perseguirá las eventuales responsabilidades penales en este y los otros 251 casos de muertes en el Sename que indaga el fiscal Marcos Emilfork. De hecho, hoy será la audiencia por severas lesiones provocadas por la cuidadora María Montero, ETD del Cread de Pudahuel contra un niño, quien será imputada por “tormentos con resultado de lesiones graves”, debido a que ya se comprobó que la cuidadora  “reiteradamente insultó y agredió verbalmente a la víctima y la sometió a castigos injustificados, consistentes en dejarlo parado castigado por dos horas aproximadamente y hacerlo comer sus alimentos vomitados”.

La determinación del Ministerio Público de perseguir estas conductas como apremios ilegítimos o torturas ya cuenta con un aliado que será fundamental para sostener que en Chile funcionarios del Sename sometieron a tormentos a niños hasta lesionarlos gravemente o, incluso, como en el caso de Lissette Villa, hasta morir. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se suma también a esta hipótesis. El abogado Luis Torres -quien es querellante en el caso de la menor por este organismo- presentó el viernes 16 una querella por apremios ilegítimos en contra de la cuidadora del Cread Pudahuel, a la que se formalizará durante esta jornada.

“La intervención del INDH tiene como objetivo que se cumplan por parte del Estado, y en este caso de las instituciones que intervienen en la persecución penal con las obligaciones en materia de investigación de estos hechos graves, de sanción en caso de ser comprobados, reparaciones de las víctimas y que se establezcan medidas para garantizar la no repetición de estos actos con niños que han sido vulnerados”, explicó Torres a La Tercera, señalando además que el organismo prepara una decena de querellas que se presentarán el próximo mes en todo el país, haciéndose parte de los casos en que fallecieron menores en custodia del Sename y que están en marcha en diversas regiones. “El objetivo es un cambio sustancial, para que no vuelva a suceder”, asevera.