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Sin embargo, para que la elección popular de intendentes esté vigente para las próximas elecciones de 2017, el Ejecutivo debe lograr la aprobación de la ley orgánica de elecciones y la ley de competencias. El «delegado presidencial» será el representante local, con funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Ejecutivo.
El miércoles 21 la Cámara de Diputados aprobó con 96 votos a favor y 13 abstenciones el informe de la Comisión Mixta con que se resolvieron las divergencias aparecidas en la tramitación que permite la elección directa de intendentes. Así, al ya haber sido aprobada en el Senado previamente, la elección popular de intendentes y gobernadores quedó lista para ser promulgado.
Las claves del proyecto son varias. En primer lugar, los gobernadores regionales serán nombrados a través de elección democrática. Durante la tramitación se bajó el umbral de votos necesarios desde el 50% al 40% por indicación del gobierno. El cargo durará cuatro años, con posibilidad de una reelección.
Otro cambio que se hizo durante la tramitación se incluyó la figura del «delegado presidencial» a nivel regional, un cargo elegido libremente por el Presidente de la República que será su representante local, con funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Ejecutivo.
Como promesa incluida en su programa de gobierno, desde el gobierno de la presidenta Bachelet esperan que la nueva ley entre en vigencia para las elecciones de 2017. Pero para poder lograr esto es necesario introducir, paralelamente, cambios en la ley orgánica de elecciones y la ley de competencias. Para lograr esto el Ejecutivo manifestó que aplicará todas las urgencias legislativas que sean necesarias para impulsar ambos proyectos en el Congreso.
