Pese a la indignación que desató entre las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la represión en tiempos de Pinochet, el día de ayer se celebró por noveno año consecutivo el acto religioso de navidad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco (Til Til). Mientras que el capellán carcelario confirmó que cerca de 120 personas asistieron a la actividad, en las afueras de la particular cárcel unas cuarenta personas se manifestaron contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. La liturgia se realizó en forma privada, sin prensa, y se confirmó que quienes pidieron perdón a través de “testimonios” fueron 9 condenados.

Un puente de diez metros que hizo las veces de perímetro de seguridad separó en todo momento a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura de Pinochet con los asistentes que iban llegando de a poco. Intentando evitar los carteles con rostros de ejecutados y desaparecidos que llevaban los manifestantes, la mayoría de los invitados al acto privado utilizaron otra entrada junto a un centro del Servicio Nacional de Menores, que está junto a Punta Peuco. Los que entraron por ahí, conocedores del lugar, eran familiares y cercanos a los condenados por violaciones a los derechos humanos, nucleados en su mayoría en la Agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado.

Al interior de Punta Peuco se reunieron cerca de 120 personas entre presos, familiares y los representantes de distintos credos religiosos. Especialmente significativas fueron las presencias de los sacerdotes católicos Fernando Montes, por su figuración mediática, y Mariano Puga, por su condición de opositor histórico a la dictadura de Pinochet desde las poblaciones más pobres de Santiago, quien señaló que la instancia fue “algo extraordinario” pese a la indignación que desató entre las organizaciones de víctimas.

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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El orden del acto fue el de una prédica del jesuita Fernando Montes seguida de algunas palabras de Puga. Después de eso hablaron los prisioneros, con la particularidad de que lo hicieron en el orden jerárquico correspondiente a los cargos formales que ocupaban al momento de cometer los delitos por los que están presos, sin reconocer explícitamente la orgánica clandestina de instituciones represivas como la Central Nacional de Informaciones (CNI) o la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Así, pasaron adelante el ex mayor del Ejército, Raúl Iturriaga Neumann; el ex cabo de Carabineros Claudio Salazar Fuentes y el ex capitán del Ejército, José Zara. Los siguieron el ex cabo de Carabineros, Pedro Hormazábal Fuentes, el ex capitán del Ejército, Carlos Herrera Jiménez, el ex empleado civil de Carabineros Miguel Estay, y el ex cabo del Ejército Basclay Zapata Reyes.

También tomó la palabra un miembro de la misión cristiana en nombre del ex General de la Fuera Área de Chile, Marcelo Castro, además del empresario invitado Alejandro Carevic, quien en nombre de su familia perdonó a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que pusieron la bomba que mató a su hermano, el ex teniente y funcionario de la Central Nacional de Informaciones Luis Carevic Cubillos. Pese a que pidió perdón “a quienes hemos ofendido por alguna acción, hecho o palabra que pudo afectar a cualquier persona”, la carta de Alejandro Carevic no mencionó que entre los prisioneros de Punta Peuco está su hermano Manuel, condenado hasta el momento por dos ejecuciones e investigado en otros casos más.

Pese a que quienes habrían pedido perdón sumaban, en teoría, nueve condenados, sólo trascendieron cuatro cartas. La vaguedad respecto a los hechos y las citas bíblicas fueron la tónica.

 

El rechazo de las víctimas

Agencia UNO

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Con 27º grados y un fuerte sol, los familiares de víctimas y sobrevivientes a la dictadura permanecieron en todo momento en la carretera. A los gritos del ya histórico “Justicia, verdad, no a la impunidad” la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, fue enfática en calificar el acto como una puesta en escena. “Tenemos el derecho de estar acá y no permitir el show mediático. Acá estamos los que sobrevivimos el terrorismo de Estado. Estamos diciendo basta de esta confabulación de personeros de la UDI, de la Nueva Mayoría, como el ministro de Justicia”, declaró.

Durante la tarde, unas doscientas personas marcharon hasta el Palacio de La Moneda rechazando posibles beneficios para violadores de derechos humanos, así como exigiendo la renuncia del ministro de Justicia, el radical Jaime Campos, quien en sólo un par mes ha logrado acumular exabruptos comunicacionales respecto al Servicio Nacional de Menores, Gendarmería y los violadores de derechos humanos. Respecto a esto el 12 de diciembre declaró al diario El Mercurio que había “falta de coraje” a la hora de debatir la situación de los condenados con enfermedades. Tres días después, cuatro ex represores encarcelados que sufrirían enfermedades terminales ingresaron a la justicia una solicitud de indulto presidencial, y a continuación se anunció la ceremonia del perdón en Punta Peuco.

Así, pese a que el sacerdote Fernando Montes destacó que en el acto de ayer no se habló de beneficio carcelario alguno, los familiares acusan que este acto sería sólo otro capítulo de una ofensiva por la impunidad a los ex represores que se habría extendido por todo el año. Dos proyectos de ley de beneficios carcelarios sin distinción para los violadores de derechos humanos se ingresaron este año al Congreso, uno de ellos apoyado transversalmente, incluso por senadores de la oficialista Nueva Mayoría. En tanto, el número de peticiones de libertad condicional para los ex represores fue de 25, un número alto si se considera que los condenados por estos delitos que cumplen pena en cárcel son sólo 117 en todo el país.

Así lo piensa Margarita Herrera González (70) que llegó a protestar ayer a Punta Peuco junto a su nieta Rayén, de 17 años. Su hermano Luis Herrera, un mecánico automotriz, fue detenido y ejecutado en 1973. Recién en junio de este año el juez Carroza sometió a proceso  a tres oficiales del Ejército por su muerte: Pedro Silva Jiménez, Jaime García Zamorano, Jorge Muñoz Pontony y Pedro Rivera Piñera. “Es muy probable que, como a tantos, a ellos les apliquen media prescripción y no pasen un día en la cárcel”, lamentó Margarita ayer, mencionando una de las principales demandas legales de los familiares y sobrevivientes: la modificación del Código Penal para que estos crímenes sean imprescriptibles. Actualmente existen condenados por múltiples homicidios que reciben penas de 10 e incluso 5 años, pudiendo salir libres en corto tiempo.

Las cartas de testimonio de los ex represores

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Invitados a la misa dentro de Punta Peuco FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

El pasaje escogido homilía del jesuita Fernando Montes se basó en el pasaje bíblico de Lucas 19 y la historia de Zaqueo, el cobrador de impuestos de los judíos. “Jesús nos dice que podemos volver a mirarlo a Él, arrepentirnos y cambiar de dirección”, dijo Montes. Y, en términos concretos, la ceremonia que fue anunciada como un acto de perdón por el abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Raúl Meza, tuvo más disculpas al dios católico que menciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Basclay “El Troglo” Zapata, conocido así por su ferocidad a la hora de aplicar torturas especializándose en técnicas como la de la “parrilla”, se comparó con San Pablo. El “entraba en las casas, arrastraba hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel” (Hechos 8:3). Eso y otras cosas también hice en la DINA”, señaló en su turno. Zapata está preso desde 2007 en Punta Peuco y ha logrado ser condenado por siete casos de secuestro y posterior desaparición. En la carta no mencionó a Diana Aron, Alfonso Chanfreau o Elsa Leuthner, alguna de sus víctimas. Sí señaló que “cumplí órdenes militares, poniendo especial celo en su ejecución porque pensaba que tales órdenes eran legítimas, y en aras del bien superior de la Patria” y, que al igual que San Pablo, “equivocadamente pensé que mis actos eran complimiento irrestricto de la ley”. Así, Zapata no pide perdón, sino que “cree necesario pedir ser perdonado”. 

En cuanto a la carta de Claudio “El Pegaso” Salazar Fuentes, agente represivo de Carabineros y condenado a cadena perpetua por el secuestro, asesinato y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, está dirigida no a dios sino que a Jehova, por ser esa su fe. “Alcancé a ser carabinero por más de veinte años, y desde luego, alguna acción realicé que produjo dolores innecesarios a las personas que debía proteger. Respecto de la solicitud de perdón acerca de mi delito por el cual permanezco preso, ya la hice sin obtenerlo de sus destinatarios”. Salazar Fuentes también tuvo palabras para pedirle a Jehová “cambies aquellos corazones duros que, con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad.

Con 77 años y una diabetes avanzada, el ex agente Pedro Hormazábal Fuentes tuvo como palabras de arrepentimiento las últimas tres líneas de su carta. “Desde lo más profundo de mi corazón, ofrezco disculpas y pido ser perdonado por los dolores que pude haber causado a mis connacionales en el ejercicio de mis funciones policiales mientras estuve en ejercicio activo” señaló Hormazábal, quien recién fue encarcelado en junio de este año por el homicidio del dirigente sindical Raúl Muñoz.

Si bien ya había pasado por un proceso de arrepentimiento personal, cuando le pidió perdón frente a frente al diputado Tucapel Jiménez, a cuyo padre del mismo nombre asesinó, Carlos Herrera Jiménez también participó en la ceremonia, teniendo especiales palabras para su familia. “Sinceramente pido ser perdonado por quienes les produje dolores y zozobras en momentos que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar, y en el caso de la familia, perdón por los malos momentos”.

Para el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Nicolás Pavez, es especialmente significativo que no se mencionen hechos puntuales ni nombres, pues en ese caso estas cartas podrían ser utilizadas como testimonio y conducir a nuevas investigaciones judiciales, interrogatorios u otros. Para el capellán de Punta Peuco, en cambio, hay que esperar y ver cómo progresa el proceso de arrepentimiento.