En las últimas semanas la propuesta impulsada desde sectores de la iglesia católica de otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad que cumplen condena en la prisión de Punta Peuco se ha tomado el centro del debate político.

Los sectores promotores de la propuesta argumentan la necesidad de que por razones humanitarias y de salud es necesario darles beneficios a los criminales y con esto dar un paso a una reconciliación nacional para cerrar las heridas que dejaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Sectores políticos conservadores se han mostrado proclives a la idea y el gobierno hasta ahora ha tomado una postura tibia al respecto.

Esta situación deja abierta muchas preguntas, pero parece relevante poder destacar dos: ¿Es actualmente la prioridad por razones de salud y humanitaria los criminales de la dictadura o siguen siendo la víctima? ¿La propuesta es realmente un paso a la reconciliación nacional?

Desde el inicio de la dictadura el asesinato, las desapariciones y la falta de información por parte de la dictadura llevaron a los familiares de los detenidos desaparecidos a levantar la consigna  “ vivos los llevaron, vivos los queremos”. Comenzaron con el tiempo a asumir la realidad que sus parejas, hijos o hermanos no aparecerían y que además comenzaba a instalarse un manto de impunidad de los crímenes cometidos, por lo que su nueva consigna seria “Verdad, Justicia y No a la Impunidad”

Se comenzaba a marcar el escenario donde se desenvolverían los casos de violación a los derechos humanos en Chile, la impunidad se transformó desde la protección a los responsables de los crímenes a una política de estado que durante la transición a la democracia el camino hacia la justicia y la verdad se vio trabado, enlentecido y minado de preguntas sin respuestas.

La verdad de lo que realmente pasó con las víctimas ha sido confusa y hasta hace poco año negada. Similar suerte ha corrido la justicia en estos casos, los responsables han sido identificados y procesados, pero en muchos casos nadie sabe que hicieron finalmente con las personas desaparecidas, donde las llevaron, donde los torturaron o donde están sus restos.

Desde un comienzo las negaciones, mentiras y engaños comenzaron a generar confusión en los familiares de las victimas que pronto evoluciono a desesperación. El sentimiento de impotencia, dolor, desconcierto y muchas veces rabia invadieron los espacios y emociones de los familiares.

Cientos de recursos de amparos en favor de los desaparecidos que fueron presentados se rechazaron, donde incluso ministros y jueces llegaron a la burla y desprecio de los mismos. Con los años fue una realidad la negación de la justicia y los juicios que no llegan a fin, prescriben, no cumplen con el mandato de que son imprescriptibles.

Todo esto se suma a la violencia represiva de la dictadura, lo que comenzó a configurar los mecanismos de desestabilización psicológica y relacional de los familiares de las víctimas.En la década de los 80 ya se había analizado como un problema donde el Fondo de contribuciones para las víctimas de la tortura de la ONU financió colectivos multidisciplinarios de salud mental para dar atención integral a las personas y familias afectadas directamente por la violencia de la dictadura.

En 1980 se publicó un trabajo anónimo realizado por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas mencionando sobre el efecto de las desapariciones en las familias “ El desaparecimiento es una situación que no tiene solución, que produce una tortura psicológica profunda, que tiene la característica de realimentarse en forma permanente, pasando por ciclos de esperanza y desesperanza… ven una fantasía siniestra, estar siempre pensando que su familiar está vivo, siendo torturado, pasando frío, hambre o imaginando que lo han matado, pero no saben ni como, ni donde”  además agrega “ esta condición plantea la perdida y la posibilidad de la muerte, pero no permite vivir la tristeza y hacer el duelo. Acompaña durante largos años la vida de los familiares en la búsqueda, la esperanza, la desesperanza y en la resignación”.

Esta definición planteada en 1980, se transformaría en la realidad permanente de muchas víctimas de la dictadura y familiares los cuales vivirían un largo camino de falta de justicia e impunidad, que no permitiría cerrar su proceso y solo terminaría por generar un daño profundo en su estado de salud mental.

En una investigación realizada por la Dra. Paz Rojas publicada en su libro “La interminable Ausencia”, muestra un estudio empírico que profundiza en las consecuencias médico-psicopatológicas y sociales que un crimen de lesa humanidad ha tenido y sigue teniendo en los familiares directos de las víctimas.

En el señala que el trauma psíquico producido por el crimen de la desaparición forzada, todas las funciones psicológicas quedan profundamente afectadas: inteligencia, la conciencia, la afectividad con cada persona, la memoria, etc.

Además, dentro de los resultados se reportan por ejemplo 273 casos con presencia de síntomas afectivos (ansiedad, inestabilidad emocional, sensación de muerte inminente, etc…), y 43 con síntomas de deterioro de las funciones sociales.

Es evidente, que actualmente quienes necesitan un trato humanitario y por razones de salud no son los criminales que cumplen la condena que les corresponde por ley, sino que son las víctimas de la dictadura las cuales han sufrido por años las huellas que han dejado décadas de impunidad y olvido de los desaparecidos que se han transformado en la causa de muchas de las alteraciones de su bienestar físico y psicológico.

El Gobierno y los sectores de la Iglesia con su propuesta están lejos de lograr una reconciliación nacional, sino solamente manteniéndose en el camino de la una política sistemática de impunidad y de olvido de millones de personas que sufrieron los horrores de la dictadura. La reconciliación no llegara hasta que se sepa la verdad y se acabe la impunidad.

Resumen de esto, es el testimonio de Mónica Llanca detenida el 6 de septiembre de 1974 “Ellos quieren tapar, echarle tierra; es una herida y será peor. No habrá paz mientras no haya justicia. Nunca sufrirán lo que ha sufrido la familia de un detenido desaparecido y el desaparecido mismo”.


Licenciado en Medicina, Centro de Estudiantes Medicina, Universidad de Chile