“Esta comisión propone que la Cámara dé su más decidido apoyo y respaldo a la posición sostenida por Corfo, instándola a “no conciliar ni avenir de modo alguno su actual conflicto judicial”, señala el informe final de la Comisión Investigadora del Litio en la Cámara de Diputados. Según informó El Mostrador, la comisión también respaldó “perseguir el término de los contratos que actualmente la vinculan con el grupo de empresas SQM a través de la correspondiente sentencia definitiva que se dicte por el Juez o los Tribunales Superiores de Justicia”.

Para el grupo de parlamentarios, “la falta de las calidades esenciales de las empresas del Grupo SQM para sostener la administración y ejecución del proyecto, se ve fortalecida por el propio juicio que la Corfo tiene de ellas y expuesto en varias ocasiones ante esta Comisión”. Esto fue sostenido en junio pasado por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, quien en medio de la fuerte disputa que sostiene con la empresa de Julio Ponce Lerou aseguró que “es evidente que hay un problema grave de gobierno corporativo; la inviabilidad para conciliar el contrato frente a los graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM, e incumplimientos graves en gestión del contrato”.

La Comisión Investigadora del Litio, liderada por el diputado Alberto Robles, además señaló que “la espuria relación del dinero con la política provocada por SQM. En efecto, constituyen para esta Comisión hechos públicos y notorios las acciones acometidas por SQM desde el año 2009 a través de la simulación de contratos, la celebración de contratos irrelevantes o insignificantes, y el uso de facturas o boletas ideológicamente falsas, todas maniobras destinadas a ocultar la transferencia de millones de dólares para el financiamiento de campañas políticas y granjearse, de paso, descuentos ilícitos a sus obligaciones tributarias en perjuicio del Fisco de Chile”. Hechos relevantes para la comisión por dos consecuencias “políticamente trascendentales y significativas”, ya que dineros “han sido redireccionados por el grupo de empresas SQM a otros fines reprochables ética y legalmente”.

Cabe destacar que el informe se aprobó con los votos en contra de los diputados RN Cristián Monckeberg y Diego Paulsen.