Este jueves El Desconcierto inició una serie de reportajes sobre las inversiones irregulares de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) por más de US$ 120 millones durante los últimos diez años fuera del país. 

A pesar de esto, las multas cursadas a las AFP fueron de tan solo un 0,14% de lo invertido fuera de las normas establecidas por el decreto 3.500, que regula las transacciones de las administradoras desde 1980.

Ante esto el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, señaló: “Lo que veo ahí en principio es que son infracciones administrativas que han sido sancionadas por la Superintendencia, han sido multadas las administradoras. La Superintendencia no informa a la Justicia cuando no hay delito, entonces son faltas administrativas que son sancionadas con multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia. Son ilegales, es una transgresión a la ley y dado eso hay una multa. Las transgresiones al 3.500 son faltas administrativas”.

El escándalo no tardó en generar reacciones. El vocero del movimiento No + AFP, Luis Mesina, señaló que los hechos no podían quedar solo en una sanción administrativa. Por otro lado, la diputada comunista Camila Vallejo dijo: “No puede ser que las AFP realicen operaciones ilegales sin tener ninguna sanción real”.

A ellos se sumó esta mañana el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, quien señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que se podría estar abriendo una “caja de pandora” al revelar estas transacciones.

Además, criticó el rol del ente fiscalizador ante estas operaciones: “Creo que hace tiempo ya que la Superintendencia de Pensiones está en la lupa, está en la mira, está en entredicho lo que es su capacidad de fiscalización y el rol que tiene la Superintendencia es bastante secundario y eso es bastante peligroso sobre todo para una industria que moviliza el 70, el 80 por ciento del PIB de nuestro país”.

Durán también se refirió al nexo entre el mundo político y el sector de las pensiones, ya que las transacciones fueron realizadas cuando en los directorios de las AFP estaban líderes políticos como la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (Provida), la consultora de Azerta Cristina Bitar (Provida), el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (Cuprum) o el presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio (Provida).

Al respecto, el economista de Fundación Sol dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que, con el nexo entre el poder político y el económico, no se podía esperar ningún cambio profundo en el sistema de parte de esos sectores.