Su madre, Lorenza Cayuhán, se encuentra presa cumpliendo condena, por un bullado caso de robo con intimidación, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco. Allí, como es constante en las cárceles chilenas, no hay atención médica permanente, ni general ni mucho menos especialista. No hay cupo para enfermarse, pero Lorenza tuvo la mala idea de comenzar a tener dolores en su embarazo. Venía manifestándole a la paramédico, hacía ya una semana, que tenía contracciones, dolores en las piernas y en el estómago. Pero fue sólo después de días que decidieron enviarla al Hospital de Arauco: en colectivo, custodiada y esposada.

Debido a su mal estado de salud, es derivada durante la tarde del jueves 13, al Hospital Regional de Concepción, pero ahora engrillada. Así la mantuvieron, hasta las seis de la tarde del día siguiente, luego de haber sido diagnosticada de hipertensión arterial en el embarazo, de haber sufrido todo el proceso de parto frente a los ojos del gendarme custodio, y haber sido intervenida con una cesárea de urgencia. Más tarde Margarita, madre de Lorenza, diría que el episodio fue imborrable, nunca podrá olvidar las condiciones en que nació su nieta.

La situación vivida por Lorenza, y también por Sayén, lamentablemente no es única. Las historias de mujeres presas embarazadas siempre siguen la misma tónica, describen un proceso sin atención médica, en malas condiciones y con partos bajo medidas de seguridad como las esposas, presencia de funcionarios o grilletes. Esto no es normal ni merecido, aun cuando se esté cumpliendo una condena.

Hoy en día, en Chile tenemos 3.979 mujeres presas a lo largo del país, cerca de un 8% del universo total de presos que llega a la suma de 48.256 (cifras a Noviembre de 2016, según boletín estadístico de Gendarmería de Chile). Del total de mujeres, un 58% está condenada por delitos de droga (lo que explica el aumento exponencial que sufrió la privación de libertad en mujeres desde la Ley 20.000) y un 88,5% declara ser madre.

En la práctica, en Chile a las mujeres con hijos menores de 2 años se les permite estar con ellos dentro de una unidad apartada de la demás población penal, llamadas “unidades materno-infantiles”, o salas-cuna como se les conoce comúnmente. En Chile, a Noviembre de 2016, existían 171 mujeres embarazadas o con hijos dentro de las 30 unidades salas-cuna que hay, donde sus condiciones distan mucho de lo que organismos internacionales han recomendado. Los espacios son pequeños, no hay capacitación a funcionarios de trato directo, el reglamento no reconoce el interés superior del niño a la hora de tomar decisiones, y no existe apoyo especialista durante el proceso de apego o de separación.

A estas mujeres, mayormente pobres, solas y con hijos, son las que se encierran, alejándolas de su familia y entorno, dejándolos sin ingresos económicos, y sin entregarles nuevas herramientas para su eventual salida de la cárcel. Con ella se encierra también a sus hijos o hijas menores, a pesar de todos los informes y recomendaciones que hablan de los efectos adversos de la prisión en el desarrollo de niños y niñas, ya sea en ellos directamente o a través del encarcelamiento de su padre o madre. Trastornos de emocionalidad, desadaptación social, figuras parentales ausentes o lejanas, que inciden en la personalidad y futuro de miles de niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, muchos deciden seguir el mismo camino, condenándolos desde pequeños a una vida de exclusión.

Frente a esto, en países como Italia o Argentina, las legislaciones contemplan la suspensión de condena privativa de libertad (esto significa, en términos gruesos: cárcel) a mujeres que estén embarazadas o que sean madres de hijos menores. En el caso de Italia es hasta los 6 años, en Rusia, donde también existe, llega a los 14 años.

Por lo mismo, el día miércoles 04 de Enero, junto a EnMarcha ONG y Corporación Humanas, con el patrocinio del Senador Alejandro Navarro, decidimos presentar el proyecto de Ley Sayén, que busca tomar la experiencia comparada y recomendaciones internacionales, para evitar las malas condiciones a las que se somete a mujeres que embarazadas o con hijos menores a 3 años, haciendo improcedente la prisión preventiva y suspendiendo la condena privativa de libertad hasta el cumplimiento de esta edad mínima, recomendada internacionalmente como necesaria para el desarrollo temprano. Durante este tiempo, siempre habrá sujeción a la autoridad y la comisión de un nuevo delito terminará con esta modalidad de cumplimiento.

Las conocidas Reglas de Bangkok (Reglas de las Naciones Unidas creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes), buscan evitar las medidas privativas de libertad en mujeres, porque entienden que la criminalidad femenina es muy diversa a la masculina, y tiene aristas diversas que no son solucionadas por la concepción androcéntrica en la que se basa nuestro modelo – si es que podemos hablar de un modelo –  penitenciario.

Pensar que esta iniciativa traerá como consecuencia mayor número de embarazos, o mujeres cometiendo delitos con niños o niñas menores de tres años, es caer en los mismos argumentos que se escucharon el año 2004 en contra de la ley de divorcio y el año 2014 para el Acuerdo de Unión Civil. Además, nos parece un argumento irresponsable y egoísta, que no se hace cargo de la situación que hoy por hoy viven cientos de mujeres en las cárceles del país, intentando desviar el foco y bajando el nivel de la discusión. Para dar solución al inevitable aumento de la población penitenciaria, hay que partir por buscar otras aristas, ya que la solución no es mantener a mujeres embarazadas tras las rejas o pariendo amarradas.

 

 

 


Sub-director de ONG Leasur