Los días 4 y 5 de enero se tiñeron de negro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esos días ocurrieron dos sucesos que generaron un enorme impacto negativo dentro de la comunidad de la facultad, y en particular, dentro del estamento estudiantil.

El primero de ellos se refiere a la aprobación, el día 4 en el Consejo de Facultad, del protocolo en caso de movilización dentro de la Escuela, promovido por Dirección de Escuela, encabezada por el decano Davor Harasic. Este protocolo, desde luego, fue sin previa discusión de las y los estudiantes y mucho menos de las y los funcionarios, lo que devela el doble discurso del Decano de la Facultad, donde pretende aparecer ante el público con una cara feliz y progresista, defendiendo la triestamentalidad, pero que al final del día, aquello no sucede.

Sin embargo, lo más problemático brota de su propio contenido, en efecto, su espíritu es mantener el recinto sin posibilidad de movilización alguna, sea del carácter que fuere; concibiendo en forma abstracta que la movilización per se es un hecho no deseable (mismo espíritu que José Piñera le dio al Plan Laboral al concebir la huelga). El protocolo permite de manera expresa al decano cortar los suministros de energía y agua, en situaciones de movilización, mecanismo que será utilizado bajo la excusa de “uso racional de los recursos” para presionar a los estudiantes en sus movilizaciones. Altera los procesos pedagógicos de enseñanza al reemplazar las clases física y presenciales por clases virtuales, y con ello, dar la materia por pasada en casos de movilización. Un protocolo, que en definitiva, permite a las autoridades de la Escuela en forma abierta sabotear las movilizaciones de los estudiantes.

Las y los estudiantes, en el Consejo de Facultad, manifestamos nuestro rechazo a la implementación de este protocolo por ser excluidos en el diseño de este, toda vez que estos puntos habrían de ser tocados en jornadas triestamentales a las cuales el decano se había comprometido, pero que irónicamente terminó de implementar por secretaría y a espaldas de la comunidad. Por otra parte, nos negamos a este protocolo por amedrentar contra las movilizaciones que legítimamente los estudiantes por nuestros mecanismos democráticos llevamos a cabo.

Amedentrar movilizaciones y castigar el avance curricular

El día 5, en el Consejo de Escuela, se aprobó una modificación al reglamento interno de la facultad a propósito de los rezagos de pruebas, que consisten en la posibilidad de dar en otra fecha la evaluación en caso de enfermedades. Se eliminó consigo la posibilidad de suficiencias (o “repechajes”), ya no se podrán rendir pruebas parciales en caso de enfermedades en otras fechas (de manera que si el estudiante no puede dar la evaluación, el examen final valdrá el 100% del curso), y que de no poder dar el examen final, de manera preferente, recién podrá rendirse al siguiente semestre, retrasando el avance académico y curricular de los estudiantes, impactando de manera absolutamente negativa en dos casos particulares: (1) Compañeras y compañeros en su último semestre de egreso (que por no poder rendir un examen en caso de enfermedad, tendrán que pagar matrícula, cuyo valor es de $130.000 aproximadamente, tan solo para rendir un examen); (2) Aquellos compañeros y compañeras que no puedan rendir exámenes de ramos que constituyen pre-requsito para los subsiguientes cursos, de manera que se castiga la imposibilidad de rendir un examen al estudiante haciendo que se atrase en su toma de ramos. La aprobación de esta reforma sería este lunes 9 en Consejo de Facultad, cuyo carácter es extraordinario, con el objetivo de sacar lo antes posible este cambio.

De esta manera, la política promovida fundamentalmente por el decano Davor Harasic no solo apunta a amedrentar las movilizaciones estudiantiles, sino que también, y sin motivo razonable, castigar el avance curricular de nuestras compañeras y compañeros. Por lo anterior, consideramos que: (1) No debemos permitir el avance de estas medidas, develando en todos los lados posibles su contenido regresivo y autoritario; (2) Exigir que cualquier política de esta índole debe ser discutida de manera previa, por la generalidad de los componentes de la comunidad de la facultad, particularmente a quienes se ven más afectados, a saber, los y las estudiantes; (3) Los y las estudiantes de la Universidad de Chile deben estar atentos y expectantes con que sus autoridades locales no implementen medidas equivalentes o similares, que finalmente atentan contra nuestro legítimo derecho a la movilización y manifestarnos públicamente.