A propósito del nuevo desafuero en contra del diputado Rosauro Martínez dictado este 5 de enero de 2016, viene a mi mente a modo de reflexión, que la búsqueda de la justicia es un ideal que está en la mente de todos quienes en algún momento de nuestras vidas hemos abrazado el estudio y ejercicio del derecho.

Este propósito adquiere un contenido especialmente dramático cuando nos enfrentamos con los brutales crímenes cometidos durante los 17 años de la dictadura militar que, en la Región de los Ríos, cobro más de 100 vidas.

Recuerdo que cuando me titulé de abogado, hace más de 15 años, me propuse como objetivo que todas las víctimas que por esas cosas de la vida habían estado ligada ya sea personal o políticamente con mi familia y amigos cercanos, tuvieran un juicio, a fin de aproximarnos a la verdad y la justicia.

En esa época, nuestras aspiraciones de justicia eran aun limitadas, pues la prescripción y la amnistía eran argumentos aun aceptados por los tribunales de justicia del país para cerrar la puerta a estos casos, sin embargo y gracias a la permanente persistencia de las agrupaciones de familiares de las víctimas y de una digna legión de abogados dedicados a estas materias y con los cuales he tenido el honor de trabajar, poco a poco fue cayendo este muro de impunidad.

Una nueva generación y mirada en los jueces, contundentes fallos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el desarrollo en Chile de nociones como las de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad, comenzaron a marcar su impronta en estas investigaciones y resoluciones judiciales, dictando condenas que si bien, desde una perspectiva de la proporcionalidad de las mismas, aun son débiles frente a la gravedad de los crímenes cometidos, al menos han comenzado a derrotar la impunidad.

En nuestra región se ha avanzado en causas como el caso Rahue de Osorno, donde se incluyen crímenes cometidos en la comuna de Rio Bueno, en caso Maiquillahue comuna de Mariquina, el caso de los ejecutados del Puente Pichoy  y en las mega causas por las cuales se ha investigado los crímenes de Chiguio y Puente Tolten, en todas las cuales hay condenas y se ha establecido la verdad de los hechos ocurridos.

Una especial mención merece el caso de Hugo Vásquez Martínez y Mario Soupervy ejecutados el 23 de diciembre de 1973 en una emboscada realizada por Carabineros de Choshuenco y el caso de 7 militantes del Mir que el año 1981, fueron ejecutados en el marco de la Operación Machete, dirigida por el Diputado Rosauro Martínez, donde se ha podido establecer que si bien estos jóvenes participaban en acciones de resistencia armada a la dictadura, todos fueron víctimas de ejecuciones sumarias, vale decir, fueron ejecutados una vez detenidos y reducidos, lo que atenta en contra de las normas y principios de los Convenios de Ginebra, con lo que queda claro que, aun en situaciones de profunda brutalidad, en medio de la más obscura de las noches vividas por nuestro país, todas las acciones quedan sometidas al derecho y que nunca los victimarios podrán escapar del brazo de la justicia.

¿Por qué insistimos en estas causas? Simplemente por un afán civilizatorio del derecho, debemos dejar en claro para siempre que nunca más se podrán cometer crímenes como los vividos, sin que los victimarios tengan la certeza, que en algún momento de sus vidas serán juzgados y condenados, solo así podemos aportar a que estos crímenes no se vuelvan a repetir en Chile.


Abogado, Frente Socio Ambiental Territorio Valdivia