A mediodía, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) entregó los resultados de las postulaciones y selección a las 36 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA). Este está conformado por 27 universidades del mismo Cruch y 9 privadas “no tradicionales”. Pese al importante momento, no estuvieron presentes los rectores del llamado G9, el grupo de las universidades privadas que integran el Consejo de Rectores y se consideran “públicas no estatales”.

La inasistencia del G9 y su quiebre público respecto del Cruch se dan a la espera de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ingrese indicaciones para la reforma a la educación superior. Se espera que estas aborden la regulación de los sistemas de calidad (acreditación), modificaciones o eliminación del Crédito con Aval del Estado y regulaciones respecto al régimen de las universidades públicas. ¿Cuáles son los puntos que generan roces entre las distintas universidades y por qué?

La batalla legal por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)

La inasistencia de las universidades privadas tradicionales a la cita de hoy en la U. de Tarapacá era un hecho. Se informó el pasado 7 de enero mediante una carta del G9 firmada por su presidente, Claudio Elórtegui (U. Católica de Valparaíso), dirigida oficialmente al rector Aldo Valle, vicepresidente del Cruch. Allí se reclamaba que el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) habría realizado “acciones que tienden a favorecer a unas instituciones por sobre otras, forzando un trato desigual de parte del Estado hacia los planteles del G9”. La carta venía a reforzar la demanda interpuesta por la Universidad Católica en contra del estado chileno por la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Este fondo, creado en 1981 con la firma de Pinochet, se entregó desde entonces sin distinción a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que captaran a los 27.500 alumnos con los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El AFI repartía anualmente cerca de $25 mil millones entre los planteles, siendo los más beneficiados la U. Católica y la U. de Chile. Esto se extendió hasta el 2015, cuando a partir de una propuesta de la diputada Camila Vallejo (PC) se decidió reducir el AFI a la mitad y repartir el resto de los fondos en becas y para financiar la gratuidad para el 2016, eliminándolo definitivamente para el 2017.

Para poder lograr este objetivo se acordó que ninguna universidad del Cruch vería perjudicadas sus arcas por la disminución del AFI, para lo que se comprometió compensar con otro tipo de fondos. El enojo del rector de la PUC Ignacio Sánchez llegó al observar que en el Presupuesto 2017 esos recursos fueron completamente eliminados, pero por otro lado se repartieron alrededor de $9 mil millones para todas las universidades del Consejo de Rectores dando preferencia a las universidades estatales y a las regionales. Como la PUC no es ninguna de las dos, no recibió compensación, dejando de recibir $1.500 millones de pesos de inmediato. Es por esto que Sánchez, acusa que la universidad fue “discriminada”.

Para Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, en tanto, “son ellos los que tienen que hacerse un examen de conciencia y ver hasta qué punto lo que buscan es no quedar en una situación desmedrada, versus hasta qué punto lo que están tratando es de ser cómplices de una maniobra para que no vuelvan a haber universidades estatales en Chile”. Según Vivaldi, “cuando uno ve este segundo punto, se complica la situación porque si el objetivo del resto del Cruch es que no volvamos a ser estatales, nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros queremos que con esta reforma vuelva a haber una educación pública de verdad en Chile“.

El Crédito con Aval del Estado

Los rectores de las estatales no se quedaron tranquilos luego de la fuerte ofensiva legal y mediática de las universidades privadas. El domingo 8 de enero, previo a la publicación de los resultados de la selección, lanzaron un video viral para redes sociales, donde arremetían fuertemente contra el Crédito con Aval del Estado y las universidades privadas de baja acreditación, que en las imágenes se identifican con unas callampas. La polémica no tardó en estallar.

El presidente del G9 y rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elortegui, acusó a su par del Consorcio de Universiades Estatales, Ennio Vivaldi, de tener un doble discurso, mientras que el rector de la Universidad Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán, planteó que mientras esta discusión no se zanje, será muy difícil superar el conflicto en el Consejo de Rectores.

Así, el rector Vivaldi debió salir a defender la polémica iniciativa. “Lo que querían era llamar la atención de que los fondos se destinen a instituciones mucho menos sólidas que alternativas que el país tiene. Porque el país pudo haber fortalecido las instituciones que tenía”, explicó en CNN, en una de sus últimas referencias públicas al polémico video. En la sesión del Cruch de hoy no hubo menciones ni para créditos ni para callampas.

Fue a partir del CAE que se vio un pequeño punto de encuentro entre Vivaldi y el rector Sánchez de la PUC, quien pese a criticar el uso de la metáfora de las callampas, destacó que el video “tiene razón cuando habla sobre el CAE y las universidades no acreditadas, que no hay control de calidad, que hay altas tasas de deserción”, agregando que entre los rectores existe “un consenso en los últimos años en que el CAE tiene que buscar otra forma de financiamiento para dejar de lado la participación de la banca privada”.

Pero si en el Consejo de Rectores hay consenso, al menos, sobre la necesidad de sacar a la banca privada, está por verse la posición de la Coorporación de Universidades Privadas, liderada por Pilar Armanet de la Universidad de las Américas, y al mismo tiempo una de las creadoras del CAE con fuertes lazos en la Nueva Mayoría.

¿Públicas, estatales, tradicionales o privadas?

Pese a que públicamente nadie está dispuesto a ceder, en off todos los actores coinciden en que el estado de crispación actual tiene que ver con la débil conducción del Ministerio de Educación, que se ha mostrado errático a la hora de definir el rumbo de la reforma a la educación superior. Una de las principales incógnitas fue si el gobierno distinguiría entre las universidades estatales y las privadas de larga tradición como la Universidad Austral, de Concepción y Católica. Así, uno de los últimos intentos de dialogo ocurrió en octubre, cuando la ministra Delpiano aseguró que no habría distinciones. Eso ocurrió en paralelo a la entrega de un documento del Cruch con sugerencias respecto a las indicaciones que se debían incluir para modificar el sistema de educación superior. Se supone que octubre era el plazo fatal.

Nada de eso ocurrió. Aún no se conoce el contenido de las indicaciones y las aclaraciones del Mineduc no lograron aplacar el enojo de los rectores del G9 al conocer el contenido de la ley de presupuestos. “Uno comienza a ver una dicotomía. No hay una consistencia entre lo que estamos planteando y lo que está sucediendo con la presentación del presupuesto. Y por eso se producen estas desconfianzas”, declaraba en esos momentos Sergio Lavanchy, rector de la U. de Concepción.

Desde el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), la ex rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, resume el estado actual como “resultado de una desafortunada conducción de la tan necesaria reforma a la educación superior. Se ha buscado un camino que es una ilusión: dejar contentos a todos. Eso es imposible en un momento de crisis como el que vive el sistema universitario”, explica, añadiendo que “el esquema que llevó a esta crisis se ha intentado mantener, tanto en la Ley de Presupuestos como en las declaraciones del gobierno”.

Luego de dos años de expectativa, lobby institucional y acuerdos que no llegaron a proyectos con el Ministerio de Educación, en el Consejo de Rectores la señal parece ser una sola: salvaguardar la universidad propia. “Y no los culpo. No quieren quedar peor de lo que estaban antes por culpa de una mala reforma. Los actores están muy tensionados porque han intentado por dos años llegar a acuerdo y resulta que enfrentan de nuevo un periodo de matrícula en la incertidumbre”, acota Pey.