Ante los últimos sucesos, en los que el Rector Ignacio Sánchez presentó una demanda contra del Estado por los cambios ocurridos en los montos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), queremos manifestar reflexiones y posturas que como Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile sostenemos al respecto.

En primer lugar, manifestamos nuestro más profundo rechazo al AFI, pues este mecanismo de financiamiento incentiva un modelo de educación basado en la competencia. Lejos de ser un incentivo para mejorar el sistema, la competencia por mejores puntajes profundiza la desigualdad. Mientras universidades como la nuestra tenían el AFI asegurado, muchas otras tenían que volcar su actividad universitaria exclusivamente a la captación de matrículas. Esta lógica de competencia se cae cuando vemos que la mayoría de los puntajes destacados vienen de los colegios más acomodados del país y eligen entre un puñado de universidades elitizadas gracias a las oportunidades que les otorgan sus colegios. Nuestra universidad se ha acomodado a un sistema segregador y como estudiantes comprometidos con la Educación Pública cuestionamos esta situación.

El abandono de la educación pública como norte abrió la puerta para que sistemas como el AFI se instalen como un sentido común, limitando la capacidad de imaginar un sistema de financiamiento distinto al actual para que respondan a diferentes objetivos. Si hoy la universidad arriesga su presupuesto es para descansar tranquila sobre un ingreso irregular que busca perpetuar la segregación entre universidades para ricos y para pobres. No basta con meter dinero a un sistema que se cae a pedazos, es necesario que las comunidades educativas se comprometan en la elaboración y desarrollo de nuevas formas de entender la educación.

El rector Ignacio Sánchez tiene responsabilidad en el fracaso de la reforma a la Educación Superior, pues solo defiende los intereses económicos particulares de la UC. La demanda en contra del Estado demuestra aquello, pues cae en defensas corporativas y niega la posibilidad de pensar de manera colectiva un Nuevo Sistema Educacional.

En el contexto actual de reforma, la incapacidad del mundo de la educación para defender un proyecto compartido ha sido una herramienta útil para que el gobierno pueda proceder en sus términos con el proyecto de ley. Este proyecto no busca solucionar los problemas contra los que la sociedad ha protestado. En vez de entregar una clara dirección a la educación pública, prefiere regular los excesos del mercado educacional. Por ello, creemos que es responsabilidad de la sociedad organizarse contra grupos particulares que prefieren mantener sus privilegios. La UC es parte de la sociedad, la reproduce y la piensa. En ese sentido, buscar una ganancia corporativa es ser cómplice del estado actual de la reforma. Debemos articular un proyecto alternativo de Educación.

Por otro lado, vemos cómo una vez más existe una actitud antidemocrática por parte de las autoridades de la UC frente a las decisiones de la vocería de la universidad y sus intereses. Hemos visto una conducta reiterada desde rectoría al tomar posturas a nombre de la UC frente a Chile que distan de lo que su propia comunidad piensa y discute. Esto profundiza la inexistencia de un diálogo productivo y democrático dentro de nuestra casa de estudios. La defensa de nuestra universidad no se resuelve con una demanda particular, sino con una reforma estructural pensada con su comunidad y con otros sectores sociales.

La reforma a la educación superior debe ser construida de manera integral, tanto en sus objetivos como en los actores que la construyen. Hay que avanzar en las discusiones de fondo, que respondan a los problemas que tiene nuestro sistema educacional y no al interés particular de algunas instituciones o grupos por sobre el resto de la sociedad. Por lo mismo, los criterios de financiamiento deben fortalecer la educación pública. Para cumplir este objetivo, los criterios no deben quedar al arbitrio del mercado, sino que, deben pensarse en función de planes de desarrollo de la Educación Superior, los cuales, elaborados por las comunidades universitarias, puedan dirigir la educación hacia un desarrollo económico, social y cultural que vaya en beneficio de todos. Esto solo es posible desde la discusión democrática que llame a la participación de todos los actores involucrados, pues estos cambios no sucederán con un mero cambio de ley; es necesario el trabajo comprometido de todos quienes son parte del mundo educacional.

Si reducimos el problema a que al sistema le falta plata o que no se están respetando las normas actuales, justificamos un marco que no da el ancho. Además de fondos irregulares sin mayor función que la segregación, como lo es el AFI, nuestro sistema educacional reposa sobre la deuda que contraen las familias para poder pagar aquello que ni el irregular AFI ni los escasos aportes basales cubren.

La reforma se hace necesaria para que podamos pensar una forma distinta de hacer las cosas, no para oxigenar un sistema que no nos lleva a nada más que a perpetuar la segregación. Como señalamos, cambiar esta situación debe ser asumido como responsabilidad por todos quienes somos parte de ella. Esto no es un vacío llamado a la movilización por la movilización, es un llamado al compromiso con la construcción de una educación pública. Nuestro llamado es a que como comunidad UC podamos actuar como tal, cuestionemos la dirección gerencial que le da el rector a la universidad y que demostremos nuestro compromiso no en la adherencia ciega y pasiva a consignas, sino que en la defensa racional y democrática de un proyecto distinto de educación.

Consejo de Federación de los Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.