Entre 2011 y 2015, el Estado entregó 3,8 billones de pesos para las pensiones del sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), según informó el vicepresidente ejecutivo de la institución Cristián Rojas a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas.

El Estado actualmente financia las jubilaciones de 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas. El promedio de las pensiones de los oficiales de las FF.AA. alcanza los 2,3 millones de pesos, que contrastan radicalmente con los 192 mil pesos de pensión promedio que entrega el sistema de capitalización individual de las AFP.

Según publica Ciper, que tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, en la lista destacan 17 miembros con pensiones sobre los 4 millones de pesos. La más alta corresponde al ex general de brigada Patricio Franjola Buigley, cuya jubilación llega hasta los 5,9 millones de pesos. Y como la norma establece que se reajustan en un 100% de acuerdo al IPC, hoy recibe 6,8 millones de pesos.

En la nómina también destacan 38 uniformados en retiro  que están condenados o siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y fraude de distinto tipo. El promedio de pensiones de este grupo alcanza los 2,7 millones de pesos cada 30 días. Capredena gasta más de 1.200 millones de pesos al año para sostener las jubilaciones de los 38.

Además, hay más de 20 ex agentes de la DINA y de la CNI que reciben pensiones promedio de 2,5 millones de pesos.

Los nombres polémicos

Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de seis personas, goza de una pensión de $3,6 millones. El coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, también condenado a 15 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones.

Pedro Collado Martí, autor del secuestro calificado de Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza y condenado a 10 años y un día, recibe $2,6 millones de pensión.

Carlos Durán Low, ex CNI condenado a 10 años y un día de presidio mayor, recibe $2,5 millones.

Julio Cerda Carrasco, condenado a 5 años y un día como cómplice de secuestros de cinco miembros del FPMR, goza de $3,1 millones de pensión desde 2007, mismo año en que fue procesado.

Osvaldo Andrés Magaña Bau, sometido a proceso por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine en 1973, recibe $2,6 millones. Misma cifra que Jorge Smith Gumucio, acusado de ser uno de los autores del secuestro y asesinato de Víctor Jara.

Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las quemaduras de Carmen Gloria Quintana, recibe $2,8 millones de pensión.

Alejandro Forero Álvarez, uno de los médicos del “Comando Conjunto”, recibe desde 2014 una jubilación de $2,4 millones. Pese a que fue procesado, en 2002 la justicia lo dejó en libertado porque los delitos estaban prescritos.

Además de procesados por delitos de lesa humanidad, también están los involucrados en distintos tipos de corrupción.

Ese es el caso del general (r) de la FACH Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice de malversación de caudales públicos por coimas en compra de aviones Mirage. Recibe $3,1 millones de jubilación.

Clovis Montero Barra, procesado por fraude al fisco y falsedad documental por el Milicgate, tiene una pensión de $2,5 millones. Está acusado de obtener más de $980 millones de facturas inexistentes. En la misma causa está procesado Jorge Frez Ramírez, quien tiene una pensión de $2,5 millones.

Los ex secretarios privados de Pinochet, involucrados en el Caso Riggs, también aparecen en la lista: Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara reciben $2,9 millones y $2,6 millones respectivamente.

Jesús Sáez Luna, capitán de Fragata (r), recibe $2,1 millones de pensión desde 2009. En 2012, le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en su domicilio en Valparaíso.