#LeySayén: Respuesta de Leasur ONG al Director Nacional de Genchi

*En colaboración con Paula Altamirano y Josefina Arias, departamento de Niños, Niñas y Adolescentes Leasur

Hoy en día más de 300 mujeres viven con sus hijos menores de dos años al interior de recintos penitenciarios de nuestro país. Esta situación ha sido fuertemente criticada a nivel internacional y ahora nacional, por los efectos adversos que provoca el encierro y contacto con el contexto carcelario a temprana edad, para el posterior desarrollo de niños y niñas.

Por lo mismo, es que en distintos países se han adoptado medidas alternativas a la prisión para mujeres que se encuentren embarazadas o sean madres recientes. Las reglas de Bangkok, además, recomiendan a los Estados diseñar políticas con enfoque de género que tomen en consideración las causas y necesidades diversas que existen en la población penitenciaria femenina, la cual se ve recluida en un sistema diseñado por y para hombres.

Bajo este supuesto, en conjunto a otras organizaciones de la sociedad civil, y con el patrocinio del Senador Navarro y Quintana, presentamos el proyecto de Ley Sayén, nombre acuñado por la situación vivida por Lorenza Cayuhán quien, por ser una mujer presa, tuvo que parir a su hija Sayén estando engrillada y en presencia de un funcionario masculino de Gendarmería.

En 1936, la premio Nobel Gabriela Mistral, escribiendo a propósito de Victoria Kent –activista feminista española que trabajó durante años al interior de cárceles de hombres y mujeres-, se preguntó: «¿Han pensado los jueces hasta la última raíz del concepto en la madre presa, que cría y en lo que ella cría?». Creemos que no lo han hecho, y en este caso, tampoco lo ha hecho la máxima autoridad de Gendarmería de Chile, que tiene a su cargo el cuidado y reinserción de las personas privadas de libertad.

Frente a esta propuesta, el Director Nacional de Gendarmería, don Jaime Flores, hizo recientemente un llamado a “no legislar en caliente”. En su opinión, lo que pasó con Lorenza Cayuhán fue un caso aislado, que se soluciona simplemente mejorando las condiciones y protocolos.

Lamentamos estar absolutamente en desacuerdo. Creemos que el problema no se agota exclusivamente en las condiciones del parto -si fue o no con grilletes, si se le llevó en ambulancia o en taxi-, sino que trasciende a entender las razones de la criminalidad femenina, a lo que significa estar embarazada, parir, criar a un hijo o hija estando privada de libertad, y las –cuestionables- condiciones en las que estos niños y niñas viven su infancia temprana, cuestión que va en sentido opuesto al compromiso del Estado chileno consistente en actuar bajo la directriz del interés superior del niño, principio establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, por lo que bajo ningún punto de vista un niño o niña debe asumir desde su nacimiento el mundo de la privación de libertad.

Sin embargo, él acusa que otras madres están bien, ya que “se les dan las condiciones necesarias”. El problema es qué se entiende por necesarias, ya que sabemos que no existe atención especializada ni capacitación a funcionarios de trato directo para las unidades materno-infantiles. Tampoco se asegura una correcta alimentación ni para la madre ni para el niño o niña, además de contar con escasos planes de acompañamiento e infraestructura que, si bien en algunos lugares puede ser mejor que la de la población común (cuestión que reconocemos pero no celebramos), sigue encontrándose a años luz de las recomendaciones contenidas en tratados internacionales sobre la materia. Por otro lado, le decimos al señor Director Nacional que este tema no pasa sólo por mejorar las condiciones de habitabilidad -cuestión básica y elemental por lo demás- en la medida que ello no impedirá que se sigan produciendo los efectos adversos que trae aparejada la privación de libertad para niños y niñas: problemas conductuales y alteraciones emocionales y sociales que, experimentadas durante los primeros años de desarrollo, significan un gran impacto posterior.

Como organizaciones que trabajamos constantemente al interior de las cárceles, consideramos desafortunadas las palabras de una autoridad de la cual esperábamos un análisis más serio y acabado sobre la situación nacional de mujeres madres, embarazadas presas, y con ellas niños y niñas, y no que se pretendiera reducir –y con ello continuar invisibilizándo la realidad carcelaria- al caso concreto de Lorenza Cayuhán, que vino a ser insigne en la falta de criterio y funcionamiento de una institución que, lamentablemente, da más que hablar por casos aislados de pensiones ilegales que de su tan crucial labor de cuidado y reinserción.

Al señor Director Nacional invitamos a conocer más el proyecto de Ley Sayén, para que tome conocimiento de nuestra fría y pensada propuesta. No pedimos que se legisle “en caliente”, como tantas veces se ha hecho en este país: somos enemigos de la legislación a la rápida y para el caso concreto, razón por la que nos opusimos férreamente a la llamada agenda corta anti-delincuencia, la cual repercutió y lo seguirá haciendo al interior de las cárceles.

Nos interesa que se discuta entre todos los sectores involucrados, incluyendo Gendarmería (como rara vez se ha hecho), pero esperamos una discusión con altura de miras, fiel al mandato legal de reinserción y a la realidad que están viviendo cientos de niños y niñas a lo largo del país, encerrados/as junto a sus madres día y noche. Esto no se trata únicamente de Lorenza y Sayén, sino que de cientos de niños y niñas cuyas actuales condiciones exigen una pronta mejoría, y de la cual estamos al debe hace muchos años.