*En colaboración con José Miguel Sanhueza (Socíologo, Fundación Nodo XXI)

Los primeros días de este 2017 han traído malas noticias para la educación chilena. Por estas fechas se tramita a paso silencioso pero firme en el Congreso una “ley miscelánea” que introduce un conjunto de modificaciones a la Ley de Inclusión aprobada en 2015, orientadas a “incentivar” a los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados a incorporarse al régimen propuesto por esta Ley. Para ello la normativa contempla medidas como extender los plazos para la compra de infraestructura de los establecimientos y el traspaso a personalidades jurídicas sin fines de lucro, aumentar el monto y flexibilizar las exigencias para acogerse al Fondo de Garantías de Infraestructura Escolar, establecer beneficios tributarios, entre otros.

Este conjunto de medidas ha sido impulsado directamente por diversas agrupaciones de sostenedores de colegios (FIDE, Conacep, Conapas), que amenazan con la transformación de muchos establecimientos en particulares pagados o derechamente con su cierre. De este modo, la capitulación del Gobierno frente a dichas amenazas en la práctica pone en peligro el término efectivo del lucro con recursos públicos, uno de los pocos aspectos en los cuales la “Ley de Inclusión” podría representar un tibio avance.

Este no es un episodio aislado. Por el contrario, se suma a varios más que han ocurrido a lo largo del último año, que dan cuenta del significativo avance que han tenido los defensores del lucro y del mercado en educación en lo que respecta al procesamiento y evolución de las reformas, y en la instalación progresiva de un diagnóstico específico acerca de por qué fracasa la reforma educacional como fue concebida por el Gobierno.

En educación escolar, por ejemplo, a la ya mencionada “ley miscelánea”, se suma en 2016 la consolidación de un sistema de “encasillamiento” de los profesores a partir de mecanismos de medición ilusoria y ajena a la realidad del aula; sistema resistido por los docentes y cuestionado por distintos sectores. Igualmente, el Congreso se alista por estos días a cerrar la discusión sobre “Nueva Educación Pública” sin demostrar mayor apertura a su fortalecimiento significativo más allá de “cambiar el sostenedor”, ni mucho menos transformar la lógica de financiamiento a partir de la subvención (subsidio a la demanda), una de las grandes determinantes del debilitamiento y abandono sistemático de la educación pública en las últimas décadas.

Igualmente expresiva del contraataque del mercado ha sido la reciente asonada mediática contra los liceos públicos históricos. En los últimos años han sido apuntados permanentemente con el dedo como símbolos de la exclusión y segregación por parte de los impulsores de la Ley de Inclusión y el Ranking de Notas, y hoy son además cuestionados a propósito de la reciente salida de algunos de ellos de la cota alta de los puntajes PSU a nivel nacional. Este hito rápidamente ha sido aprovechado de manera interesada por los defensores del lucro, que no han dudado en culpar a las tomas y movilizaciones. Se omite el devastador impacto del Ranking de Notas en la matrícula de estos establecimientos al promover una fuga masiva de sus estudiantes de enseñanza media, y menos aún importa hablar del sistemático abandono de la educación pública, del cual la reforma, hasta el día de hoy, no se hace cargo.

En cuanto a la educación superior, a fines de 2016 se repitió “la solución de emergencia”: un sistema de gratuidad mediante glosa presupuestaria. Con esto se desdibuja la demanda social por educación gratuita y se utiliza para consolidar la apuesta por el financiamiento a las instituciones privadas “masivas-lucrativas” por sobre el apoyo directo para la refundación y expansión de las instituciones públicas.

En tanto, el cuestionado proyecto de reforma a la educación superior sigue silenciosamente su curso, lo que anticipa para 2017 una discusión a toda carrera -y con un gobierno muy disminuido- del que debía ser el marco normativo para la transformación de la educación terciaria, y el mayor emblema de las reformas de este Gobierno. Proyecto que, según distintos sectores -que incluyen autoridades académicas, actores sociales y políticos-, no es una reforma sustantiva sino más bien un ajuste de regulaciones y contención de excesos.

Además del devenir de las reformas, el 2016 en educación superior estuvo marcado por instituciones en crisis. A la profundización de la larga agonía de la Universidad ARCIS, se suma el anuncio de la fusión de la Universidad UCINF en la U. Gabriela Mistral, que permitirá a la primera, una institución no acreditada e inviable, acceder nuevamente a la llave de los recursos públicos por la vía del Crédito con Aval del Estado. La ministra Delpiano inmediatamente calificó esta fusión como “una buena noticia”, sin importar la escasa claridad acerca de qué operaciones implica concretamente esta fusión, y mucho menos el cuidado de los recursos de todos los chilenos, que se verán una vez más malgastados en un sistema privado masivo-lucrativo de dudosa calidad.

Este contraataque del mercado educativo se ve también expresado en la reciente reaparición pública de importantes voceros desde el mundo concertacionista, reivindicando la senda de la modernización a través del mercado, y diagnosticando el fracaso de la reforma a partir del supuesto abandono que el Gobierno habría hecho de dicha senda. Particularmente expresiva de aquello es la reciente aparición pública de Pilar Armanet (PPD, rectora UDLA y vocera de la Corporación Universidades Privadas) reivindicando el Crédito con Aval del Estado como una política que permitió el surgimiento de “una gran clase media” en Chile, repitiendo loas a la expansión privada de la cobertura como la gran herencia de la Concertación, y catalogando las críticas al lucro como “ideológicas”.

¿Cómo es posible que los mercaderes de la educación hayan ganado tanto terreno? ¿Por qué evolucionan de esta manera las reformas y se instalan este tipo de diagnósticos sin que parezca haber contrapeso alguno?

Para responder estas preguntas, hay dos elementos fundamentales. El primero es el rol del Gobierno, que se ha encargado -de manera deliberada o simplemente por incapacidad- de dilapidar el potencial transformador de la reforma educacional. La elaboración y promoción sistemática de reformas sin voluntad ni imaginación para superar el marco subsidiario heredado de la dictadura, sin la participación y acuerdo de los actores de cambio, y además técnicamente mal diseñadas e inviables, ha hecho cada vez más sencilla la tarea de los defensores del modelo para tensionar las reformas hasta prácticamente tomárselas. La “Ley de Inclusión” y la “gratuidad” son expresiones de aquello.

Pero también cabe una necesaria autocrítica respecto del rol jugado por las fuerzas de cambio. En el ciclo 2011-2016, como conjunto, las formas de procesamiento de las demandas sociales propias de la vieja política logran un avance. Consiguen reducir las demandas -y por ende a sus actores- a un papel meramente corporativo, forzando a que su expresión política esté dentro de las coordenadas de la transición.

A pesar de los esfuerzos, no se fue más allá de discutir el grado en que se regula y financia directamente el mercado. O se convocaba a apoyar las reformas como tibios “avances”, a pesar de que consolidaran el sistema privado masivo-lucrativo, o se condenaba su rechazo a la marginalidad política. Hasta hoy dicho cepo no se ha superado, porque en los hechos, no se ha podido construir un frente amplio social y político por la desmercantilización de nuestros derechos, que concentre energía en puntos convergentes en lugar de dispersarla.

De ahí el giro entre la auto-complacencia y omnipotencia inicial de las medidas tecnocráticas, cuyo signo fue la simplificación de las reales dificultades enfrentadas, a una sensación de derrota que lleva, no pocas veces, a abandonar la lucha educacional como espacio relevante para la transformación. Así, ante la derrota del gobierno y la dispersión de las fuerzas de cambio, la reforma queda a merced de los intereses de la educación privada masiva lucrativa, de quienes se han beneficiado por décadas con el modelo educativo chileno.

El 2017 seguirá ofreciendo espacios de disputa en el campo educacional, una disputa que en su corazón tendrá la defensa de lo que sobrevive como educación pública y la posibilidad de su expansión y reconstrucción. El conflicto es sólo aparentemente sobre un proyecto de ley ya que, en realidad, se juega el grado de determinación que las fuerzas de la resistencia y de cambio -las que animaron 2011- ganan frente a las fuerzas del sistema masivo-lucrativo enquistado transversalmente en la vieja política. Este enfrentamiento entre intereses sociales no puede abandonarse, y el fracaso de la reforma, por más que se endose al Gobierno, no traerá sino el avance del sistema masivo-lucrativo, llevando a la educación pública que sobrevive a una crisis mayor aún. Es imperativo, entonces, seguir bregando por revertir el rumbo de las inconclusas reformas tanto en educación escolar como superior, haciendo avanzar lo público por sobre la brutal hegemonía del mercado. Esto requerirá del trabajo conjunto de los actores educacionales y las fuerzas de cambio.

Sin embargo, no se trata de una alianza sencilla, por cuanto requiere construir un acuerdo amplio en torno a cuál será la educación a defender e impulsar. No basta con presionar por una mayor regulación a la educación privada lucrativa, ni tampoco con reemplazar el Crédito con Aval del Estado por un crédito menos usurero.

Para comenzar a avanzar en la conquista del derecho a la educación, las fuerzas transformadoras necesitamos ponernos de acuerdo en torno a una agenda clara y compartida, basada en la expansión y fortalecimiento de una nueva educación pública masiva y de calidad, como eje central de una reforma que recupere el derecho social a la educación y haga retroceder al mercado. Esto no implica negar la educación privada ni su necesidad de transformación, sino poner el centro el problema de la desmercantilización, gradual y de compleja concreción, y no, como ha estado hasta ahora, en la moderación de los excesos del mercado.

Es una tarea enormemente compleja, mucho más de lo que hasta ahora se ha discutido, y durará más tiempo que los “100 días” prometidos por el gobierno. Para las instituciones públicas, no sólo se trata de luchar por su futuro, sino también por su sobrevivencia. Aunque la responsabilidad principal la tenga el gobierno, las fuerzas de cambio no pueden por acción u omisión contribuir a una crisis mayor de la educación pública.

La revitalización y fortalecimiento de las luchas por derechos sociales que han hecho posible poner sobre la mesa la posibilidad de transformaciones significativas, es hoy una responsabilidad histórica de las fuerzas democráticas, y es la única forma de construir una unidad sustantiva y no simplemente reducida a pactos electorales. Al mismo tiempo, es la única forma posible de enfrentar la arremetida conservadora que ha conseguido secuestrar la discusión educacional actual en nuestro país. Este año 2017, la responsabilidad de contraatacar la tenemos de nuestro lado.


Sociólogo Universidad de Chile. Director Fundación Nodo XXI