En una reciente entrevista, el pre-candidato presidencial y –por ahora- más probable carta de la Nueva Mayoría para la presidencial de noviembre, el senador Alejandro Guillier, declaró la necesidad de construir un proyecto de gobierno que incorpore el imperativo de retomar la política de acuerdos con la derecha: “Creo que con la derecha hay que llegar a acuerdos. Hay materias como la reforma previsional, ordenar la reforma educacional, que son acuerdos nacionales que deben ser muy profundos. Hay que meter cirugía mayor, pero eso requiere acuerdos. Y lo mismo en la salud”, declaró el ex periodista.

Aludiendo críticamente a la forma en que se administró el proyecto gubernamental del bacheletismo, el candidato insistió en que la profundidad de las tareas reformistas que la Nueva Mayoría se propone llevar a cabo requiere de la generación de acuerdos que le otorguen no solo legitimidad a dichas reformas, sino que también las vuelvan sostenibles en el tiempo, a la manera del proceso de reformas llevadas a cabo durante la década de los noventa: “la política democrática siempre es construir acuerdos, construir consensos con una característica: que hay momentos en la historia muy singulares”, afirmó Guillier en este sentido, concluyendo que “el año ’90 fue un momento de ruptura, y hoy día creo que también es un momento de ruptura y hay que mirar horizontes de acuerdos para 45 años más, como lo hicimos en el ’90”.

Reivindicando entonces la mentada “democracia de los acuerdos” que definió la retórica postransicional chilena, y que se constituyó como expresión de la necesidad de relevar el imperativo de la gobernabilidad democrática, el precandidato Guillier -probablemente- busca de alguna manera recoger parte del legado de la gramática política concertacionista y asumir una posición de hombre de Estado vis a vis la figura desafiante de Lagos. Una reivindicación que, en una última declaración, se tradujo en la propuesta de posposición del proyecto de reforma constitucional, al afirmar que “si no logran tener un consenso amplio, es mejor tirarlo para el otro gobierno”.

Esta valoración de los acuerdos como mecanismo para la resolución de los diferendos democráticos no debiera llamar a sorpresa: en todo régimen democrático, la generación de acuerdos debiera ser un elemento del todo presente. Acuerdo y conflicto, sin dudas, forman parte de la dialéctica de la interacción democrática, y definen su distancia tanto frente al totalitarismo de la unanimidad como a la impoliticidad de la guerra. El problema está cuando tras la apelación a los acuerdos y los consensos subyacen otras cuestiones que es del todo necesario aclarar.

En primer lugar, ¿quiénes son los actores del acuerdo? Durante la década de los noventa reivindicada por Guillier, la retórica del consenso no significó otra cosa que el privilegio del pacto entre la mayoría democrática que había optado por el NO y la minoría representada por la derecha política y económica. Consenso, en este sentido, significaba no otra cosa que un acuerdo de sobre-repesentación de un sector minoritario y poderoso de la sociedad, empoderado para bloquear toda posibilidad de reformas democráticas transformadoras.

En segundo lugar, ¿en torno a qué aspectos se produce el consenso democrático? En general, la democracia consociativa tiende a ser asociada con consensos que operan en la forma de acuerdos procedimentales en torno a reglas y valores, y no como determinaciones sustantivas respecto a, por ejemplo, un cierto modelo de desarrollo o una definición de los roles y alcances de la acción estatal. En el caso chileno, por el contrario, el consenso operó como indicación del límite de la deliberación democrática en torno a algunos aspectos fundamentales de la organización social, política y económica del país. El consenso de los noventa, por consecuencia, no era procedimental sino sustantivo, y se traducía en la persistencia de la herencia dictatorial.

Por último, ¿cuáles son las condiciones para que un actor se siente “a la mesa de los consensos”? Debiéramos suponer que la posibilidad de intervenir en la construcción de acuerdos democráticos le compete a toda la comunidad política, con prescindencia de sus respectivas posiciones en la estructura social o de sus diferenciales de poder económico-social, fáctico o militar. En los noventa… mejor no redundar. Un verdadero escenario de producción de acuerdos no contiene ni vetos militares, ni enclaves, ni por supuesto “cocinas” en las que se fragüen acuerdos de espaldas a la ciudadanía.

¿Es válido por consecuencia suponer que un retorno a la lógica consociativa de los ’90, como pareciera desearlo el senador Guillier, puede constituirse como un instrumento para la reactivación del ímpetu reformista? Si lo que desea el candidato radical es -como de hecho lo ha planteado explícitamente- la ampliación de los espacios de participación ciudadana, el ejemplo de la mal llamada democracia de los consensos resulta a lo menos inexacto, toda vez que lo que hubo en los noventa fue un puro y simple pacto sostenido en la despolitización social y la atrofia democrática.

Pero la invocación a los consensos no solo resulta inexacta sino que al mismo tiempo insuficiente cuando se plantea en contraposición al antagonismo democrático. La producción de consensos sobre la base de la neutralización del conflicto y la diferencia política es la negación misma del sentido deliberativo de la democracia. Suponer que la democracia es saludable cuando neutraliza el antagonismo bien puede conducir a la consolidación de lo dado, al debilitamiento de la comunidad deliberante y a la consecuente despolitización de la que fuimos objeto durante décadas.

Reivindicar los consensos como forma de acción política, por consecuencia, atenta contra la profundización democrática cuando no va acompañada de una igualmente vehemente reivindicación del derecho al despliegue de una comunidad política deliberante, antagónica y en permanente construcción de sus principios. De otra forma, el consenso solo pasa a ser un eufemismo para la conservación de lo existente.


Cientista político