Cerca del mediodía de este lunes, la Mandataria recibió las propuestas y conclusiones contenidas en el informe que elaboró la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, integradas por 21 miembros, representantes del Ejecutivo, la comunidad mapuche, la Iglesia Católica y el sector privado.

La entrega del documento la lideró el obispo de Temuco, Héctor Vargas, quien aseguró que el informe contiene 50 propuestas y señaló que “el documento es de principio a final un documento de consenso entre actores diferentes en el contexto en que se encuentra el Wallmapu“.

Vargas agregó la comisión no tuvo el objetivo de decir la última palabra en ninguno de los temas tratados, pero precisó que “o hay paz y justicia para todos o difícilmente la habrá para alguien. Movidos por esta esperanza, acordamos nuestra tarea en base a dos valores: la búsqueda del bien común y el diálogo”.

Sin embargo, las propuestas ya no cuentan con un apoyo transversal. Hace unas horas, en entrevista con Radio Universidad de Chile, el abogado y representante de los profesionales mapuche, Richard Caifal, acusó presiones políticas y de los gremios empresariales para descartar una de las sugerencias a última hora. Específicamente, la idea de declarar a Chile un Estado plurinacional.

“Vieron amenazado su statu-quo y, obviamente, hicieron todo lo posible para sacar dicha expresión”, argumentó Caifal. De la propuesta final también se restó el poeta mapuche Elicura Chihuailaf.

Por otra parte, El Mercurio adelantó que el informe aborda en su primer párrafo la situación de las víctimas de violencia en la zona, señalando que “no son solo víctimas de delitos comunes. Se trata de delitos que constituyen una violencia de clara finalidad política, llevada por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos, por lo cual con mayor razón el Estado debe actuar conforme al Derecho, ya que se atenta contra nuestra democracia”.

La propuesta se acompaña de la idea de crear una comisión de reparación a las víctimas, además de establecer la necesidad de un “perdón presidencial”. Respecto al comportamiento del Estado con la comunidad indígena, se reconocen las carencias y deudas de Chile con sus pueblos originarios, especialmente en términos políticos, y se propone una revisión de la manera en que se ha abordado el conflicto territorial.

Se hace absolutamente necesario revisar la actual política de tierras, cuya implementación ha provocado diversos problemas y descontento”, apuntaron.

La presidenta Bachelet señaló que estudiarán e informarán al país de la totalidad de las medidas que se llevarán a cabo y recalcó que seguirán trabajando en la Ley Araucanía, para que pueda ser enviada al Parlamento el próximo 24 de junio.