“Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas”.

La frase la dijo la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, después de que la comisión de Pesca del Senado -que ella presidía- despachara un proyecto de ley que beneficiaba a pescadores artesanales y era rechazado por la poderosa Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), que agrupa a empresas como Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bío Bío y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar Seafoods, Landes y Bahía Coronel.

“Estos gallos” son, precisamente, los empresarios de Asipes, liderados en ese entonces por Luis Felipe Moncada, con quien la actual presidenta de la UDI tiene una estrecha relación, según reveló un reportaje publicado hoy por Ciper.

“Asipes la viene financiando a ella desde la campaña electoral del año 2000, cuando llegó a ser alcaldesa de Concepción. En esa campaña, el señor Moncada fue parte del comité de financiamiento para recolectar recursos”, dijo el ex asesor de la senadora Joel Chávez a Ciper.

Los documentos revelados demuestran cómo el presidente de Asipes tuvo una línea directa con van Rysselberghe, pauteandola de cara a ciertos proyectos de ley y financiando parte de su última campaña a senadora, tanto a través de la vía legar como aportes reservados con el Servel, como por financiamiento irregular con boletas ideológicamente falsas.

El proyecto citado al comienzo trataba de una iniciativa que autorizaba a pescadores artesanales extraer jurel con una técnica considerada de subsistencia o autoconsumo. Pero el gremio empresarial cuestionaba que pudieran pescar más del asignado en su cuota anual. En un corre, Moncada le escribe a van Rysselberghe: “Coca: el proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, será aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Este tiene los inconvenientes que se indican abajo”.

Entonces, la senadora y presidenta de la comisión tuvo el proyecto entrampado durante tres meses, al no convocar a reuniones.

Moncada después mandaría más instrucciones a la presidenta de la UDI, sumando también al senador gremialista Alejandro García Huidobro: “Hay que incluir las capturas con línea de mano dentro de la cuota global de jurel del sector artesanal. Hay que presentar una indicación“.

García Huidobro ya fue relacionado al financiamiento irregular de Asipes, después de su nombre apareciera en una lista encautada por la PDI que incluía los políticos financiados por el gremio pesquero.

Otros correos revelados dan cuenta de que no solo Moncada pauteaba a van Rysselberghe, sino que esta le pedía directamente instrucciones. “Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste?”, le escribió, en diciembre de 2014. La respuesta fue igual de directa: “Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso”.

“(Ella) recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Yo a veces tenía que firmarlas electrónicamente e ir a presentarlas en las comisiones o secretarías respectivas. Ella recibía correos y llamados con instrucciones para presentar indicaciones a proyectos, para suspender comisiones y atrasar proyectos (…). Las indicaciones se las enviaban ya redactadas de la empresa Asipes, del remitente Luis Felipe Moncada. Estos correos iban con copia a Juan Pablo (Morales, otro sesor de la senadora), yo era solo el ejecutor. Recibía un documento, lo firmaba electrónicamente y lo iba a presentar”, dijo su ex asesor ante la Fiscalía.

La senadora está en la mira de la justicia después de que su ex asesor Joel Chávez declaró que le pidieron una boleta falsa para justificar gastos de campaña de la senadora. Específicamente, el marido de van Rysselberghe, Mauricio Pavez, le pidió emitir una boleta por $9 millones para justificar gastos ante el Servel. Como esa, habrían otras que sumaban cerca de $100 millones sin justificar.