El 20 de enero la Presidenta anunció el proceso de cumplimiento de un acuerdo entre las organiza-ciones que defienden los derechos de las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales) y el Estado de Chile para avanzar en el reconocimiento de esos derechos. La actividad sucede en momentos en los que la agenda de la diversidad sexual se ve incierta. La Ley de Identidad de Género, que permitiría a las perso-nas trans acceder al reconocimiento por parte del Estado, y junto con ello, avanzar en su acceso a distintas instituciones desde el trabajo hasta el sistema de salud, se encuentra detenida en el Congreso desde hace años. No sólo eso, sino que se le han removido facultades: en su última modificación ya no se protegerá a los niños y niñas trans.

La modificación en la Ley de Identidad de Género fue introducida por el RN Andrés Allamand, sin embargo, fue secundada por un Senador demócratacristiano, Manuel Matta. Que se ampare la vulneración de derechos de las personas trans con votos oficialistas al mismo tiempo en que Bachelet se compromete a avanzar en su reconocimiento es sintomático de este gobierno en general, y de la situación de la comuni-dad LGTB en particular. Por eso es importante que quede claro que el anuncio realizado no es ningún caso producto del voluntarismo de la Presidenta, ni de la acción coordinada de los partidos de la Nueva Mayoría, es fruto del trabajo constante y organizado de las organizaciones de la sociedad civil que representan a la diversidad sexual.

El anuncio en particular es curioso. No es la entrega de un proyecto de matrimonio igualitario finalizado, ni la adopción transversal de políticas para la diversidad sexual. En su lugar, es el inicio de un proceso participativo que va a dialogar en torno a la idea del matrimonio igualitario, para luego enviar un proyecto de ley que sea fruto de esos diálogos ¿Es lo mismo? No ¿Habilita mayormente a las mismas organizaciones que han presionado para lograr este proyecto de ley? Tampoco. Lo que sí hace es dilatar el proceso, al tiempo en el que las políticas en salud y educación también se aplican por goteo y de forma opaca, sin claridad respecto de sus implicancias, alcance y sobre todo, su viabilidad.

El escenario tiene implicancias diversas: por un lado, es una buena noticia que exista la voluntad de avanzar en estos temas. Sería mezquino no reconocer eso en el discurso de la Presidenta el día de hoy. Por otro lado, la agenda es extremadamente frágil: el matrimonio igualitario, conociendo los tiempos legislativos, probablemente se postergaría para ser votado por el próximo congreso. La ausencia de transversalidad y claridad en la implementación de políticas en salud y educación, además, da pie para que un futuro go-bierno conservador las desbarate por completo.

El futuro de las victorias de la diversidad sexual yace, no en la voluntad de los políticos, sino en la acción de las organizaciones LGTB, en la presión constante y, sobre todo, en la movilización de ciudadanos y ciudadanas para que presionen a sus legisladores y para que concurran a votar pensando en que el próxi-mo ejecutivo y el próximo congreso tendrán que decidir asuntos clave de la agenda de la diversidad sexual. Esto puede ser una movida hábil por parte de la coalición gobernante, pero también es una carga innecesa-ria para los organismos de la sociedad civil que se encuentran desgastados, desfinanciados y sobrepasados con trabajo. Recordemos que son estas organizaciones las que hacen trabajos que le corresponderían al Estado, desde el apoyo a víctimas de violencia hasta la prevención de VIH.

La diversidad sexual no debería tener que arreglárselas sola, y los desafíos por venir son extenuan-tes sin el apoyo firme de conglomerados políticos importantes. Bien podemos celebrar la noticia entregada por la Presidenta el día de hoy, pero no es tiempo de celebrar, es tiempo de construir.


Vocero ONG CES | MUMS - Movimiento por la Diversidad Sexual