El gobierno de la primera ministra británica Theresa May no podrá activar el Brexit sin la autorización del Parlamento. Así lo decidió este martes el Tribunal Supremo británico por 8 votos a favor y 3 en contra, al dictaminar que la institución legislativa tendrá que autorizar la activación del artículo que permite la retirada de un Estado de la Unión Europea (UE).

Con este veredicto, el tribunal no sólo antepone el papel del Parlamento por encima del rol del Gobierno británico, sino que el trámite parlamentario también podría retrasar la fecha de inicio de las negociaciones para salir de la alianza, fijada para el próximo mes de marzo.

Otra de la consecuencias que la decisión del Supremo podría tener pasa por las posibles enmiendas que podrían modificar el texto legal y limitar la capacidad de maniobra de los negociadores británicos que lidiaran con los representantes de la UE.

De hecho, la semana pasada la premier anunció que en el momento en que el país abandone la UE también saldrá del mercado único, en lo que se bautizó como el “Brexit duro”, que implica también recuperar el control fronterizo y acabar con la dependencia judicial de las Cortes Europeas.

El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, contrario a la salida de la UE, avanzó que su grupo no impedirá el cumplimiento de los “resultados del referéndum y la voluntad de los británicos” y aseguró en Twitter que “no frustrará el proceso para invocar el artículo 50”. Sus declaraciones responden a la actitud que poco a poco han adoptado la mayoría de los diputados que se habían opuesto al Brexit: moderarse y digerir el resultado salido de las urnas el pasado 23 de junio.

Otras demandas por resolver

El caso resuelto este martes, en respuesta a la demanda de la empresaria Gina Miller, no es el único presentado en contra de la salida del bloque comunitario. Una iniciativa popular llevada a cabo en la república de Irlanda intentará trasladar al máximo tribunal europeo un recurso sobre la irreversibilidad del proceso. Junto con ese, está pendiente otra demanda en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales para impedir que el Reino Unido abandone el Espacio Económico Europeo, aunque se vaya de la UE.