La sociedad chilena experimenta una serie de nudos críticos. Distintas dimensiones de su desarrollo en las últimas décadas son puestas en cuestión hoy y las diversas movilizaciones sociales lo demuestran. El cuestionamiento al sentido de la educación en el país; la crítica a la relación entre un Estado altamente centralizado y sus regiones; la insubordinación a la represión estatal de diversas etnias y culturas que conviven en el territorio nacional; las movilizaciones contra la sobre explotación de los recursos naturales por el esquema económico neoliberal; la impugnación de la cultura patriarcal que niega los derechos de las mujeres y de género; la indignación contra las miserables pensiones de las y los trabajadores al jubilar, además de las sobrexplotadoras condiciones laborales; son parte de un cuadro que hoy día han puesto en discusión, incluso, la Constitución Política de Pinochet remasterizada por Ricardo Lagos.

La incapacidad de las instituciones estatales para procesar de forma inclusiva dichas reivindicaciones ha generado que ellas estén inmersas en una profunda “crisis de legitimidad”.

Entre varios factores, el alto control que han ejercido los partidos políticos del “duopolio” sobre las distintas organizaciones de trabajadores ha contribuido a sumirlas también en una “crisis” organizativa y un creciente “vaciamiento” de sus bases sociales. Por ello, además de contar con una de las más restrictivas condiciones laborales y sindicales del mundo –como indican diversos estudios-, el movimiento sindical chileno ha tenido a las organizaciones políticas tradicionales más como fuerzas conservadoras que de renovación en su interior, particularmente en los últimos años. Sin perjuicio de ello, se constata que existen diversas organizaciones sindicales que han iniciado un proceso de renovación y expansión de su fuerza.

Un ejemplo de ello es lo vivido en el Magisterio. El avance de la educación particular ha traído que hoy día la mayor parte de las y los docentes se encuentren bajo la legislación privada, es decir, el Código del Trabajo, mientras que menos del 50% nos encontramos bajo el Estatuto Docente. Sin embargo, los hoy día mayoritarios trabajadores de la educación privada no han podido constituir una organización sindical nacional poderosa que permita defender sus derechos. En este sentido la definición del Colegio de Profesores en la reciente Asamblea Nacional en orden a impulsar una política más decidida y audaz en pos de avanzar en la construcción de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación o, al menos, un apoyo más decidido tanto de otros espacios sindicales como de nuestro sector, cobra un valor trascendental.

Hablamos del Colegio de Profesores no por cierto “egocentrismo” docente, sino para decir que nosotros vivimos y somos parte de la “larga crisis” del sindicalismo chileno que no hemos podido superar. Pero si asumimos que somos parte del problema, tenemos dos opciones: dejar que las cosas sigan su curso tradicional o intentar transformarlo. Como parte de la Lista “Disidentes Unidos” planteamos que necesitábamos cambios profundos en nuestro gremio y estamos decididos a impulsarlos en torno a un Congreso Estatutario que se realizará este año 2017.

Pero además como Colegio de Profesores, al ser una de las más grandes organizaciones de trabajadores del país afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tenemos una responsabilidad fundamental en ella. Nuestro deber no debe ser solo cotizar cerca de 9 millones de pesos todos los meses y dejar que la principal multisindical chilena se mantenga en la “larga crisis” que la llevó en septiembre pasado a protagonizar uno de los más bochornosos espectáculos electorales del movimiento laboral chileno en toda su historia. Tenemos que hacer algo, ahora ya. Debemos asumir que en la CUT se dan malas prácticas en los procesos electorales –como lo ha denunciado su propia presidenta, Bárbara Figueroa- y que ha existido débil conducción, carente de autonomía del gobierno en temas fundamentales como la Reforma Laboral –tal cual reconociera el mismo Arturo Martínez-. Pero a diferencia de ellos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos hacer algo para impedir que sigan existiendo padrones electorales “inflados”, sindicatos fantasmas, exclusión de socios para votar y una serie de irregularidades.

Lo único positivo de este bochorno que evidencia la agudización a niveles extremos de la crisis de la CUT, es que se tendrá que hacer su Congreso Estatutario. Lamentablemente para nosotros, este se hará los días 27 y 28 de enero, con menos de veinte días de haber asumido las responsabilidades en el Directorio Nacional del Colegio. Hubiéramos querido que se hiciera en otro momento, para poder desplegar una discusión profunda con las bases de nuestro gremio o realizar una Consulta Nacional para definir nuestra postura de forma maciza y participativa. Sin embargo, con menos de dos semanas en la directiva del Colegio, solo pudimos convocar a una Asamblea Nacional, entendiendo que ella es una de las instancias más amplia para discutir en nuestra organización. Ante este panorama, teníamos dos posibilidades: dejar todo como está (no asistir al Congreso o bien concurrir a él sin ninguna tesis a defender) o hacer algo para cambiarlo.

En la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores del pasado 18 y 19 tomamos una determinación clara sobre este punto. Consideramos que no podemos seguir avalando prácticas nefastas que hoy se dan al interior de la principal central sindical de nuestro país. No podemos esperar que nuestra Central afronte los desafíos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX, particularmente con un sistema electoral más parecido a un sistema “indirecto”, donde una “elite sindical” puede ejercer su derecho a voto, mientras la mayoría de trabajadores que sustenta con sus cotizaciones sus sindicatos y la misma Central, no tengan el mínimo derecho de opinar y sufragar para elegir a sus representantes.

Si queremos que nuestras compañeras y compañeros de trabajo y organización no nos sigan viendo a los dirigentes como una “casta privilegiada”, que solo quiere arreglar su pasar individualmente, debemos apostar por su inclusión y participación en todos los ámbitos de la acción sindical. Debemos desbordar la práctica política tradicional y avanzar en la efectiva democratización de nuestros espacios que no es más que avanzar en la socialización del poder en nuestros espacios organizativos. Si no somos capaces de lograr que la CUT asuma este 27 y 28 la transparencia de sus afiliados y de sus sindicatos, pero que también genere un sistema electoral democrático y con participación directa para elegir a la nueva Directiva de la Central, estaremos agudizando la agonía de un sindicalismo que urge superarlo. Debemos dar pasos de gigantes ahora ya, más cuando está por entrar en vigencia una nueva Ley Laboral que cambia las reglas del juego pero no en favor de las y los trabajadores, justo en un año en que se esperan más de 2.000 negociaciones colectivas. Si la CUT no cambia, debemos evaluar profunda y democráticamente nuestra participación en ella. Porque a los adversarios que no son trabajadores, también se estaría sumando una franja de nuestros compañeros, que en vez de incluir, excluyen, todo por unos miserables cálculos políticos.

Necesitamos hacer florecer una nueva acción sindical, transparente, democrática y, sobre todo, comprometida con las luchas y demandas de los trabajadores del siglo XXI. No hacerlo sería condenar toda una nueva generación de chilenas y chilenos a no tener derechos laborales y sindicales dignos de su labor. Cuando muchas chilenas y chilenos reclaman más participación, nosotros debemos partir por casa y dar el ejemplo. Las y los profesores de Chile estamos empeñados en esa dirección y tenemos la certeza que lo lograremos. Arriba Trabajadores de Chile, es hora de transformar la CUT.


Dirigente Nacional Colegio de Profesores