Acusan intervención política del gobierno para impedir negociación colectiva en el GAM

El sindicato del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se encuentra en una pugna histórica. Impedidos de negociar colectivamente por la propia legislación chilena, un inédito fallo de la Inspección del Trabajo les permitía ejercer su derecho como trabajadores. La ilusión, sin embargo, duró solo ocho días: otro fallo resolvió retractarse del anterior, dejándolos en la incertidumbre.

«Esto fue una movida del gobierno para evitar que podamos negociar como trabajadores de la cultura, ya que conformamos la Coordinadora de Sindicatos Culturales«, dice a El Desconcierto Simón Bousquet, presidente del sindicato de trabajadores del GAM. EL dirigente se refiere a la organización que conforman junto a Balmaceda 1215, el Museo Interactivo Mirador (MIM), el Museo de la Memoria, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Villa Grimaldi y el Parque Cultural de Valparaiso.

Ellos no tienen derecho a una negociación colectiva reglada según el artículo 304 del Código del Trabajo, que establece que instituciones en donde más del 50% de su presupuesto anual sea financiado por el Estado, no pueden acceder a dicho mecanismo. Por eso, dicen desde el GAM, su lucha no es solo contra la empresa misma, sino también contra el propio Estado chileno.

«La negociación colectiva con el GAM se envalentonó cuando nos quitaron el derecho a negociación. Hoy está ofreciendo el 0,5% de aumento de sueldo base por 3 años y nosotros pedimos 4», afirma Bousquet. Las y los trabajadores reclaman el derecho a una negociación colectiva como corresponde, para poder solicitar, además de aumentos al sueldo base, cosas como bonos, mejoras en las condiciones laborales, libertad sindical, mayor seguridad y transparencia en las contrataciones. Así lo expresaron en su primer contrato colectivo en noviembre de 2016, que la empresa rechazó.

El fallo «antisindical»

En diciembre del año pasado, el sindicato realizó una solicitud a la Inspección del Trabajo, indicando que si bien GAM tenía carácter privado, la asignación se da mediante convenio de contraprestación de servicios por las cuales la empresa obtiene sus ganancias, no siendo aplicable la norma del Código del Trabajo que les negaba el derecho a negociación colectiva.

Se basaron en una disputa del sindicato del Sename, que ocasionó orden 3356/050 del año 2014, donde la Dirección del Trabajo (DT) aclara que la prohibición de la negociación colectiva no aplica cuando el objetivo de estas es obtener una prestación recíproca en bienes o servicios.

Dirección Nacional del Trabajo

El 6 de enero, la Dirección del Trabajo determinó que los trabajadores del Sindicato del GAM sí tenían derecho a negociar colectiva y regladamente. Esto también entregaba el derecho de la huelga legal, votada y aprobada con un 88%.

No obstante, ocho días después ante una apelación de la administración de GAM, la Dirección del Trabajo cambió su veredicto anterior y determinó que ahora los trabajadores del Sindicato GAM no tenían derecho a la negociación colectiva, por las mismas razones que antes sí lo permitían.

El gremio decidió apelar al último dictamen de la Inspección del Trabajo. Según pudo constatar El Desconcierto con el organismo, se está a la espera de una respuesta de la Dirección Metropolitana Poniente, la que debería estar a fines de la próxima semana. Por mientras, la DT no quizo referirse al tema.

La importancia de determinar la naturaleza de la relación del GAM con el Estado, es que podría dilucidar la naturaleza de las corporaciones y fijar el estatuto que rige sus relaciones laborales. “Esto es un hecho histórico para todos los trabajadores de la cultura”, afirmó la directiva del sindicato a La Izquierda Diario, ya que se abre una puerta para futuras negociaciones de sindicatos en otros espacios culturales.

José Luis Ugarte: «Aquí hubo intervención política»

María Ester Feres, ex directora de la Dirección del Trabajo y académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, manifiesta que la fundamentación de la institución «es insuficiente para acoger la objeción de la legalidad de la empresa».

Feres, quien dejara la DT durante el gobierno de Lagos y se ha manifestado crítica la reforma laboral de la Nueva Mayoría, cree que nuevamente lo económico prima por sobre los derechos fundamentales de las y los trabajadores. «Con un fundamento jurídico débil, tienen que haber habido presiones, aquí debe haber quedado el grito en el cielo en Hacienda», dice Feres. 

Por su parte, el experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte, criticó la incoherencia de la DT: «Lo único que lo explica es la falta de autonomía política de la Dirección del Trabajo. No es difícil pensar y especular que aquí hubo una intervención política desde un nivel superior a la DT, para cambiar abruptamente y sin explicación de criterio”.

Para Ugarte, el camino de los trabajadores “es cuestionar esta decisión en los tribunales de justicia”, ya que últimamente la Inspección del Trabajo está obligando forzosamente (por sus dictámenes) a los trabajadores y sindicatos, a “recurrir a la justicia” y en este caso es muy razonable para que “se resuelva el extraño cambio de conducta en la inspección del trabajo”.

Por otra parte el abogado Joaquín De La Fuente, indica que los trabajadores «si tienen derecho a sindicalizarse», no pensarlo así estaría en contra de una norma constitucional y sugiere que debería modicarse la legislación: «se deberían redactar las normas en forma clara, para que no quede duda con respecto a la aplicación e integración del derecho en materia laboral».