La reforma que el presidente argentino Mauricio Macri está impulsando para facilitar la expulsión de migrantes toma cada vez más forma. Esta semana se creó la Comisión Nacional de Fronteras y se presentó sistema de información anticipada de pasajeros (API) para que las empresas aeronáuticas y cruceros entreguen a las fuerzas de seguridad los listados de pasajeros antes de arribar a suelo argentino.

“No podemos permitir que por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo Macri en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del ejecutivo. El mandatario afirmó que su país, históricamente de puertas abiertas a la inmigración, necesita “articular con los otros países para saber quién es quién y actuar preventivamente” ante la llegada de posibles delincuentes, según consignó el diario Clarín.

El presidente agregó que Argentina necesita “tener herramientas” para poder “decir que no es bienvenido” un inmigrante que tenga antecedentes penales, así como para deportar rápidamente a un eventual condenado.

Según el mismo medio, “nadie se animará a decirlo en voz alta para no herir susceptibilidades, pero hay tres nacionalidades que son prioridad: Colombia, México y Perú. Al Gobierno le preocupa en particular el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales desde estos tres países”.

La modificación de la Ley de Nacionalidad y Migraciones que el gobierno también prepara permitirá la detención y expulsión de migrantes en situación irregular, permitirá la revisión de todas las radicaciones otorgadas a quienes tienen causas penales -sin importar el tipo de delito o la situación procesal-, autorizará las expulsiones inmediatas y eliminará la unidad familiar y el arraigo como condiciones que pueden evitar la expulsión.

Junto con eso, el ejecutivo quiere modificar las condiciones para el acceso a la nacionalidad argentina para que en vez de requerir la acreditación de dos años de residencia en el país, sea necesario que la solicitud sea revisada por un juez federa y demostrar que la residencia es legal.

Preocupación de las organizaciones sociales

Organizaciones de migrantes y de derechos humanos mostraron este miércoles su preocupación por el viraje que el país está haciendo en sus políticas migratorias y alertaron que la reforma planteada “tendrá un impacto negativo en la vida de casi dos millones de personas que viven en nuestro país”.

Además, criticaron que no se haya debatido el tema con las organizaciones que trabajan la temática y que el hecho de que la reforma sea aprobada a través de un decreto “agrava la situación de falta de participación en las discusiones vinculadas a una política migratoria basada en derechos humanos”.

Las organizaciones que accedieron al texto del decreto -aún no publicado- aseguran que “es una regresión para los derechos de las personas migrantes” y que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.