Por razones obvias, una noticia que tiene un impacto profundo sobre el sistema político nacional, no tiene la cobertura que sí debería tener… Ello debido a que Chile se está quemando.

Sin perjuicio de esa situación, conviene detenerse un momento y tomar nota del acuerdo tripartido al cual arribaron las organizaciones que provienen de la Sociedad Civil, como son la CONADECUS y ODECUS, las que junto al SERNAC, representando al Estado chileno y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, propiedad del grupo Matte, más la sueca SCA ex PISA, acordaron una indemnización de 7 mil pesos a todo ciudadano mayor de 18 años que viva en Chile, involucrando, según indican notas de prensa, alrededor de US$ 150 millones.

Se afirma que es una negociación histórica, ¡qué duda cabe! Al mismo tiempo, varios y varias, indicarán que es un acuerdo que se encuentra muy por debajo de la expectativa inicial, pero lo que es indesmentible, es que junto con ser una negociación histórica, que superó con creces la multa que debieron pagar las empresas coludidas, según disposiciones institucionales nacionales, es que invirtió el procedimiento en la relación entre consorcios coludidos, el Estado y la Organizaciones Ciudadanas intermedias.

Esta ecuación, que ha visto alterada la relación entre sus partes o variables, también alteró el producto final. Este hecho, desde lo teórico y lo práctico, debiese tener proyecciones de profundidad social, política y económica insospechadas, dado que el rol que cumplieron los ciudadanos y ciudadanas representadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, más el Estado por medio del SERNAC (teóricamente, también representando al pueblo), coloca una cobertura de reflexión y acción que no se tenía.

Aquí, la alteración de la ecuación va al corazón de las prácticas del consumo chileno, el que se logra sobre una base de usura y, por defecto, de una injusticia institucionalizada, el cual, tiene por característica principal involucrar a todo el cuerpo social (los ricos, la clase media, pobres y muy pobres usan papel higiénico).

En esa neurálgica relación de injusticia institucionalizada debelada por las Organizaciones Sociales cabe preguntarse: ¿Cómo reaccionará el sistema político en su conjunto?; ¿Hará el esfuerzo por consolidar un nuevo trato que permita fortalecer las instituciones que defiendan a los consumidores o ciudadanos, siendo el SERNAC la más visible a intervenir sin perjuicio de lo avanzado?; ¿Será necesario proyectar, además, una institucionalidad descentralizada territorialmente para la defensa los ciudadanos cuando de los consumos se refiere, como el defensor del Pueblo Comunal, por ejemplo?

En esta ecuación, más allá de la muy reconocible y valiente acción de la Sociedad Civil organizada, la que Rosanvallón indica es capaz de actuar como jueza, obstructora y contralora socio-política de una comunidad nacional, enriqueciendo de paso el régimen democrático, es el sistema político el que debiese concentrar la atención critica, toda vez que es él, el que debe alcanzar los estándares de la justa defensa de ciudadanas y ciudadanos, cuestión contribuyente a una urgente Nueva Moral Pública y Republicana… ¿Y por qué no vamos por la cuenta del agua, ahora?


Doctor (c) Instituto IDEA, Universidad de Santiago. Docente de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Academia de Humanismo Cristiano