Un inédito fallo se dio este martes, cuando el 22° Juzgado Civil de Santiago condenó a Canal 13 a pagar una indemnización de $4 mil 400 millones a la empresa Ideal S.A. después de la emisión de un reportaje del programa ‘Contacto’ que aseguraba que el pan de molde era “no saludable”.

El fallo dictado por el magistrado Pedro García califica directamente de “negligente” el actuar del programa: “El ilícito civil cometido por Canal 13 se configura en la circunstancia de haber informado al demandante (Ideal S.A.) sólo 5 días antes de la emisión del programa los cuestionamientos que merecían 3 de sus productos y, a su vez, no permitirle de forma real y efectiva el cotejo de los informes DICTUC para así poder evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del programa emitido. Es más, ‘Contacto’ salió al aire el día 9 de julio de 2013 y, a la fecha e incluso 3 días después de televisado, Ideal no contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de conducir las actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo”, dice.

Según el tribunal, Canal 13 no le dio la oportunidad a Ideal de defenderse y que esta resolución no afectaba la libertad de expresión, pues “resulta injusto que el actor (Ideal S.A.) haya tenido que soportar los perjuicios sufridos sin siquiera habérsele permitido por el demandado un real y legítimo derecho a realizar descargos, presentándose al televidente una verdad como irrestricta, pero en los hechos, una verdad incompleta”.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Periodistas Javiera Olivares cuestionó la resolución, sobretodo porque interviene en el procedimiento periodístico de Contacto. “Me sorprende y es un poco inexplicable. Todavía no lo leo en detalle, pero por lo que he visto en prensa me parece complejo para los principios del ejercicio de un periodismo que busque fiscalizar y cuestionar cómo operan los actores del espectro económico y empresarial“, señaló a El Desconcierto.

“No es un buen precedente para la fiscalización de grupos empresariales”, agrega Olivares, con énfasis en que el fallo no cuestiona la veracidad de la publicación. “Más allá de que no sea un atentado directo a la libertad de expresión ni se haya censurado la publicación, con este nivel de multa se genera una reacción inhibitoria a medios que quieran fiscalizar a empresas”, dijo.

Desde el Colegio de Periodistas cuestionan también que no se haya apelado a un derecho a réplica, mecanismo contenido en la propia Ley de Prensa.