En medio de la actual emergencia por los incendios forestales que afectan al país y que han consumido a la fecha más de 500 mil héctareas, la presidenta Michelle Bachelet anunció ayer que en marzo enviaría un proyecto de ley que crea el esperado Servicio Nacional Forestal.

La medida viene, por lo menos, nueve años tarde. El 1 de julio de 2008 un fallo del Tribunal Constitucional dio cuenta de las limitaciones de que afectan a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), encargada de prevenir y combatir los incendios forestales: “Una corporación preconstitucional que, en forma anómala, desde hace décadas viene desarrollando funciones que implican el ejercicio de potestades públicas que, durante dicho lapso, le han sido otorgadas por sucesivos cuerpos normativos”, dice el documento.

El TC tildó de inconstitucional la entonces Ley sobre la recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. La razón es simple: La Conaf, un ente privado, no puede ejercer funciones propias de entidades del Estado, como es la fiscalización al interior de terrenos particulares, por ejemplo. “Esta declaración exige a esta Magistratura hacer presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente caso, exhortar a S.E. la Presidenta de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF”, agrega el fallo.

Las advertencias sobre la naturaleza privada de la Conaf han sido replicadas por la Contraloría General de la República y por el Tribunal de Libre Competencia. Sin embargo, hasta el día de hoy el organismo sigue siendo una corporación de derecho privado.

Pese al anuncio del gobierno de que pondrá urgencia al proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal público, la experiencia muestra una serie de trabas que ha tenido esta intención.

“Un Servicio Nacional Forestal posibilitaría una serie de acciones, una mejor coordinación de servicios. Por ejemplo, en el caso de después de los incendios que hay actualmente, posibilitaría apoyar los procesos de reestauración. Ahora Conaf no tiene atribuciones para hacer eso”, asegura en conversación con El Desconcierto el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (Sinaprof), Manuel Soler.

Un historial de intentos fallidos

Foto: JOSE FRANCISCO ZUÑIGA / AGENCIAUNO

Foto: JOSE FRANCISCO ZUÑIGA / AGENCIAUNO

La Conaf fue creada a partir de la Corporación de Reforestación en 1973, durante el gobierno de Salvador Allende, y tuvo como primeros directores a Guillermo Julio y a Homero Altamirano. Tras el Golpe de Estado, no tardaría en llegar al directorio Julio Ponce Lerou en 1974, quien impulsó el polémico Decreto Ley 701.

En ese tiempo nadie se alarmaba por el hecho de que una corporación de derecho privado administrara una ley, pero eso duró solo hasta que se promulgó la Constitución de 1980 que estableció la incompatibilidad de que instituciones privadas ejercieran funciones públicas.

En 1984 se dictó la ley 18.348 que creaba la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables como institución autónoma del Estado. Para su entrada en vigencia, según su artículo 19, desde la presidencia se debía disolver la corporación de derecho privado y se contaba con 180 días para fijar la planta de trabajadores de la nueva Conaf pública.

Justamente la planta fue el problema, ya que consideraba solo un tercio de los cerca de 500 funcionarios de la Conaf privada, quienes tendrían que además sumar funciones que hasta ese entonces le eran propias al Servicio Agrícola y Ganadero. Por otra parte, también se debía indemnizar a todos los trabajadores que no continuarían, lo que era una suma no despreciable de dinero. Luego de un análisis del gabinete de Pinochet y la institución, la ley nunca entró en vigencia.

“Hoy, si se quiere una Conaf pública, bastaría con que la presidenta dictara un decreto que fije la planta de la ley 18.348 y la haría entrar en vigencia”, explica Manuel Soler.

Como consta en el texto “Conaf: Su historia y rol en el desarrollo forestal y ambiental del país 1973 – 2013”, luego del fin de la dictadura el debate sobre la Conaf pública seguiría apareciendo cada vez que un proyecto de ley involucraba la institución o se revisaba el DL 701. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle incluso se buscó separar las funciones de fomento y fiscalización respecto a las de administración de los Parques Nacionales y combate de incendios. 

En materia de fiscalización, la Conaf tal como está concebida actualmente tiene el estrecho margen de acción que le confiere el DL 701 y, a la hora de hacer una denuncia, sus funcionarios no pueden llegar a actuar como Ministros de Fe, por lo que tienen tanto peso como la denuncia de un privado.

Luego del primer gobierno de Michelle Bachelet que tuvo el fallo del Tribunal Constitucional que terminó de advertir las anomalías de la figura legal de la corporación, llegó la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera de crear el Servicio Nacional Forestal en 2011.

La Concertación fue la que frenó esa iniciativa, quienes argumentaron que debía tratarse en paralelo al Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres protegidas. El Servicio Nacional Forestal se rechazó -en la etapa de votar la idea de legislar- en 2012 con 17 votos en contra, 14 a favor y una abstención.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf (Fenasic), Erry Leiva, no tiene muy buenos recuerdos de la iniciativa de Piñera. “El proyecto de ley del gobierno pasado precarizaba el empleo. Mucha gente se iba a ir a contrata y la cantidad de trabajadores que había en la planta de ese servicio era mínimo. Además se tercerizaban servicios, sobre todo las áreas silvestres protegidas. Había mucha concesión”, dice a El Desconcierto.

Manuel Soler, por su parte, valora de la iniciativa la incorporación del Sistema de Alta Dirección Pública para la elección de las autoridades del organismo y el avance en materia de descentralización, pero asegura que no resolvía el problema de financiamiento.

La crisis y un nuevo realce del Sernafor

/ Agencia Uno

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Durante los primeros meses del segundo gobierno de Michelle Bachelet -el 18 de junio de 2014- ingresó al Congreso el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP) – que hasta el día de hoy se encuentra en primer trámite constitucional-. Sin embargo, el gobierno sostuvo en ese entonces que la iniciativa iría acompañada de un Servicio Nacional Forestal.

Incluso se hizo un proceso participativo llamado “Conversemos la Conaf” y se crearon mesas de trabajo entre la dirección de la institución, trabajadores, ministerios y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para trabajar la iniciativa.

“La Dipres nos señaló que este proyecto era prioritario y que algunos planteamientos iban a ser respondidas en la primera o segunda semana de marzo 2015. Después de esa mesa nunca más supimos nada. Intentamos insistir, pero hasta ahora el Servicio Nacional Forestal no era prioritario del gobierno. Solo se despertó con los incendios”, dice Manuel Soler.

Efectivamente, tras varios incendios, el Ejecutivo -a través del ministro de Segpres, Nicolás Eyzaguirre- anunció priorizar dos proyectos de ley para crear el Servicio Nacional Forestal y para fortalecer la Onemi. Como consta en un listado de proyectos prioritarios para lo que resta de gobierno publicado por El Mercurio esta semana, ninguna de las dos iniciativas estaba siendo considerada hasta hace poco. El SBAP sigue sin estarlo.

Para los sindicatos de Conaf -quienes elaboraron una declaración pidiendo un Sernafor a raíz de los incendios-, el proyecto del SBAP no es un buen proyecto, ya que consideran que solo aumenta el aparataje estatal en la creación de una serie de nuevas oficinas e infraestructura, que implican un gasto fiscal no menor. Aseguran que, ante la contingencia de los incendios, se vuelve de mayor prioridad la creación de un Sernafor que “al fin le de una institucionalidad fuerte” a lo que venía siendo la Conaf.

Sin embargo, mantiene un cierto escepticismo: “Uno es dirigente sindical que lleva demasiado tiempo y ya empieza a no creer en lo que se promete. Al fragor de la contingencia y el nerviosismo se dicen muchas cosas pero luego se olvidan. Espero que esta vez nos sentemos a conversar en serio, que nos inviten a participar. Ojalá esta vez no sea una situación que se de por el minuto”.