Ya van 27 años desde la instalación de la «democracia de los acuerdos». En el inicio del proceso de la transición se forjó, entre las élites políticas progresistas y conservadoras de nuestro país, un pacto de orden fundacional que definió los márgenes de toda la política venidera. El objetivo estratégico era asegurar la estabilidad del régimen político y del patrón de acumulación neoliberal.

Para esto, no se escatimaron recursos. Excluyeron al pueblo de todo espacio de decisión; evitaron que se pudiera constituir como un actor político de manera autónoma; y lo arrojaron a una lucha permanente de todos contra todos —tal como había reflexionado Hobbes con varios siglos de antelación— con la sola diferencia de que aquí los mismos de siempre salían victoriosos.

La Concertación se dedicó a transformar al Estado en un financista directo del empresariado. Le dijo a los de abajo que no podían organizarse —después de todo, la estabilidad democrática estaba en juego— y que solo los más pobres podían tener acceso a prestaciones y subsidios de carácter estatal. Con esto instalaron una cortina de humo que invisibilizaba a las grandes mayorías y sus condiciones de trabajo progresivamente precarias e inestables. ¿A dónde mirar? La alternativa nunca llegó.

La suprema disputa entre «autoflagelantes» y «autocomplacientes» no produjo resultados significativos para la sociedad. A casi 30 años de gobiernos civiles la élite chilena, haciendo gala de su tradición oligárquica y falta de creatividad, solo pudo imaginar un país competitivo en la escena internacional a través de la precarización y privatización de todo cuanto existía. Nuestro estilo de desarrollo se sostiene sobre la expropiación permanente de la riqueza de los de abajo y sobre una democracia que hace virtualmente imposible la transformación.

Por fortuna el tiempo cura todo, o por lo menos trae nuevas oportunidades. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestro horizonte está lleno de esperanza. Nunca antes en la historia reciente de nuestro país el pacto oligárquico había estado tan débil como hoy. Carente de proyecto político, con una sociedad que ha despertado y con organizaciones emergentes que responden directamente a los intereses de las mayorías excluidas, hay solo una cosa que es clara: esta es la ocasión para que los de abajo entremos a la escena.

Si queremos que nuestras esperanzas se concreten en la realidad debemos enfrentar los desafíos que se nos abren en este período con una orientación política clara y una voluntad inquebrantable. El escenario, si bien abierto, está definido por la descomposición. Cada error será costoso y cada victoria será extenuante. Por esto, el que se ha denominado «Frente Amplio» tiene algunos aspectos que considerar.

Hoy el pueblo de Chile, y a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, posee una inmensa diversidad y bajos niveles de constitución política. Es una sumatoria de identidades heterogéneas y desarticuladas, sin muchas respuestas sobre cómo producir transformaciones, y con poca experiencia política. Por ello, el «Frente Amplio» debe integrar a todos estos sujetos en procesos de constitución y conducirlos a un enfrentamiento en contra de las fuerzas del pacto de la transición y el régimen neoliberal. Con la finalidad de colaborar en la construcción de un movimiento popular se requiere una herramienta con una amplitud social máxima, con la vocación de expresar y constituir la voluntad de los de abajo en cada espacio de disputa.

En las incursiones electorales y mediáticas se debe tener presente que hoy en día el impulso político —la capacidad de poner contenidos que polarizan el escenario— está puesto, mayoritariamente, en el campo social. La crisis de representación ha hecho ver la desconexión que existe entre los intereses mayoritarios y aquellos que son defendidos en la arena institucional por los representantes del pacto de la transición. Décadas de democracia neoliberal han hecho de la política un ejercicio totalmente extraño e irrelevante para la vida de las personas. Esto obliga a las «fuerzas emergentes», en orden de revitalizar la política —condición de toda transformación en sentido progresista—, a ingresar a los espacios formales de poder siempre de parte del pueblo y nunca como un actor institucional.

Hay que construir una frontera entre la política como ejercicio de transformación y la política como mera administración de las cosas, asociando los términos «transformación» con «sociedad» y «administración» con «institucionalidad neoliberal». Una ética impecable y la vocación de nunca ser percibidos como representantes tradicionales serán las mejores armas para esta finalidad. Ante un modelo de gobierno anclado profundamente por la corrupción institucional, el «Frente Amplio» debe ser la dirección moral del país.

En conclusión, la táctica para el período consiste en extraer la «política» de los espacios institucionales y ponerla en la «sociedad», a la vez que se instala al «pueblo» en la política formal y se fuerza una oposición entre democracia neoliberal y campo popular. La contradicción «pueblo-régimen» deberá adoptar la forma de un enfrentamiento entre una institucionalidad cada vez más estrecha —incapaz de encarnar un proyecto de sociedad que mejore las condiciones de vida de la población— y un sujeto en proceso de constitución política que encarna una nueva voluntad general.

Todas las intervenciones políticas del «Frente Amplio» deben tener por objeto la introducción de los intereses del pueblo en el Estado, a la vez que se profundiza la incapacidad de conducción política que posee el entramado institucional. No hay algo así como una salida interna al neoliberalismo. La única manera de dar paso a una situación en la que el pueblo avance en su capacidad para ser conducción política de la sociedad es a través de una refundación completa del pacto social.

 

 


Militante Movimiento Autonomista