Los fuegos de febrero

Un incendio se diferencia de un terremoto en su lentitud. Es inesperado como un temblor y avasallador como una inundación. Los afectados asisten impotentes y en cámara lenta a la destrucción de sus bienes, al abrazo sofocante del calor y a una ruina que no es la de las cosas rotas y aplastadas sino la de cuerpos calcinados irreconocibles. El fuego se transforma en un fantasma que asedia para siempre a las víctimas que ya nunca estarán libres de él.

No podemos decir que el fuego está controlado, más que refiriéndonos a un incendio específico; ni siquiera a un lugar determinado sino a un evento preciso en ese lugar. A escasos metros, donde todavía no se consumió todo el combustible de la vegetación, el fuego sigue latente. En diez días asistiremos nuevamente al espectáculo del fuego.

El orden de la generosidad

En el inicio de los incendios solo están los vecinos. Luego aparecen voluntarios espontáneos. En tercer lugar, se presentan las muy pequeñas empresas del barrio y las instituciones locales. En cuarto lugar aparecen las empresas y las instituciones de los centros regionales y, finalmente, las empresas mayores y las instituciones centrales del Estado.

El ojo tuerto del Estado

El Estado solo puede ‘ver’ los desastres a partir de los miles de hectáreas o de poblados enteros amenazados. Pasan al menos un par de días antes para que un incendio rural llegue a esas proporciones y a esa calidad de la amenaza. Cuando el desastre se hace visible y toca la sensibilidad del Estado ya es demasiado tarde.

Entre los teoremas guardados de la ciencia administrativa, hay uno que dice que mientras más grandes las instituciones más atrasadas llegarán a la emergencia. Las que cuentan con protocolos muy rígidos se demorarán un resto más. Las que aspiran a una jerarquía mayor y que para actuar deben subordinar al resto, esas instituciones, que se confunden con el Estado, perderán tiempo adicional haciendo reconocer sus títulos de autoridad.

Para las autoridades, la gente cuenta dentro de las instituciones y las instituciones se ordenan en una cierta jerarquía eficiente y elegante. Lo que es difícil de presentar, – el tamaño enorme de las empresas en relación al enanismo del Estado- o la velocidad de respuesta de los grupos de amigos dispersos y espontáneos, es mejor callarlo.

El próximo evento catastrófico es la medida de la conversación que deberíamos estar teniendo en el trasfondo de los combates del fuego. Con seguridad enfrentaremos mega incendios y otras calamidades en este mismo mes y a lo largo del año que empieza.

Lo probable es que nuestro sistema político solo alcance para un ajuste cuantitativo. Invertiremos en más aviones, más equipamiento para bomberos y alguna descentralización de la Onemi. Lo probable es que hagamos más de lo mismo, sin hacer caso a la enseñanza fundamental de estas emergencias; ellas son impredecibles, inabordables por las instituciones que tenemos y de consecuencias enormes y duraderas. No se presentan en el lugar, ni en el momento, ni en la forma que se las espera. La forma, sobretodo es diversa; erupciones, marejadas, aluviones, terremotos e incendios, lo que tienen en común es la devastación inesperada.

Lo que nos debemos, a la luz de la experiencia de estos años es una organización institucional que tome en cuenta la diversidad de los fenómenos y nos prepare para cualquiera y para todos ellos. Para eso es necesario ocuparnos en rediseñar la ocupación y el equipamiento del territorio. Necesitamos mediciones preventivas y capacidades para una reacción temprana ante múltiples tipos de emergencias. Sobre todo, necesitamos valorar y organizar la inmensa fuerza del voluntariado espontaneo.

Voluntarios indeseados

Ha sido chocante la dificultad de las autoridades y de la opinión experta para lidiar con los voluntarios que se han presentado espontáneamente a ayudar en los lugares afectados.

‘Ojalá no estorben’ dijo alguien. Ojalá no vayan dijo otro. Ojalá al menos no sean una carga; que lleven su propia comida. Sin embargo, cada vez que los afectados han podido salirse de la pauta de los entrevistadores, han expresado su agradecimiento a los voluntarios.

El Mercurio del día trae un balance detallado de las fuerzas que están combatiendo los incendios. Veinte mil personas trabajan en los distintos operativos para controlar los incendios y apoyar a los afectados. Exactamente, 20.424 personas, de las cuales, 9.144 corresponden a efectivos de las FFAA, 2.923 a Carabineros y la PDI, ‘cerca de 4 mil bomberos’, 1351 brigadistas de Conaf y 609 foráneos, además  de personal de ministerios y otros servicios (se refiere a empleados públicos).  La suma de un aficionado arroja solo 18 mil pero, lo más notable, es que en medio de esos números de alta precisión, en la contabilidad no aparece ningún voluntario.

Tampoco aparecen los contingentes de las grandes empresas que, por informaciones entregadas por ellos mismos, entre dos empresas, Celulosa Arauco y la Papelera, duplican el personal, los aviones y los helicópteros de Conaf.

El hecho de que la fuerza mayor, más veloz y más eficiente del país sea el voluntariado espontaneo -no el que dona plata sino el que está dispuesto a donar su tiempo-, resulta impensable para las distintas culturas jerárquicas y elitistas que nos gobiernan. ¿Cuantos miles de vehículos con gente, alimentos y recursos se distribuyeron por las zonas incendiadas? Probablemente el doble de lo que suman las estadísticas fabricadas por la crónica de El Mercurio.

Una lección de educación

Miles de jóvenes se presentaron en los focos de incendio para ayudar. La mayoría sin tener conocimientos ni cultura alguna de los incendios forestales. Pasados cuatro días, cualquiera de esos jóvenes está capacitado para trabajar previniendo y sofocando incendios.

Caridad industrial y voluntariado

Se debe evaluar y valorizar los aportes voluntarios espontáneos, separados de los aportes de organizaciones como Techo o Levantemos Chile. Ambas dimensiones de la solidaridad tienen relevancia y aspectos diferenciadores. Mientras las organizaciones responden a una cultura de generosidad reputacional de las elites, las voluntades espontáneas responden a la cultura ciudadana que elige donde poner su pertenencia y la incondicionalidad de su entrega.

Así como no hay duda de que la competencia en el mercado de la generosidad es benéfica para los resultados, no cabe duda de que el voluntariado espontaneo de las personas es el activo más importante que tiene el país para reconstruirse permanentemente en la historia de sus desastres.

Necesitamos que el país se reorganice para potenciar la fuerza del voluntariado

Lo primero, es entrenar, organizar y dotar de herramientas a las comunidades locales y a los voluntarios. Nadie puede responder más rápido y está mejor dispuesto que los vecinos. Es necesario fortalecer las instituciones a nivel local, de barrio y de poblado. Esta es una descentralización que pasa por generar capacidades autónomas en las regiones pero que no para ahí, ni parte de ahí sino de las localidades más pequeñas y distantes. En cada pueblo debe haber herramientas y capacidades para comunicarse y para dar una primera pelea al fuego a las inundaciones y los derrumbes. Cada pueblo debe poder acoger voluntarios y servir cuando se lo propongan de voluntarios, ellos mismos, en pueblos lejanos.

Se puede concebir un régimen flexible de voluntariado institucional. Cada chileno mayor de dieciocho años que lo desee puede inscribirse en un Voluntariado Nacional de carácter civil y recibir un set de herramientas y un entrenamiento adecuado a distintos tipos de emergencia que sufre crecientemente el país. Este voluntariado puede formarse como institución distinta, como parte de Bomberos o bajo supervisión de la Onemi. Lo importante es dotarlos de capacidades de prevención y de actuación temprana.

Un Estado apto

Deberá ser pensado a partir de lo que nos cuesta ver en la experiencia de la emergencia. El Estado que necesitamos es un caminante que apenas pasa tiempo en un escritorio. El mobiliario del Estado podría suprimir las sillas para pensarse como un Estado de pie y movilizado. El Estado que necesitamos para responder a emergencias, está más cerca de una ‘máquina de guerra’ que de una burocracia policial (Gilles Deleuze; Mil Mesetas).

El énfasis del rediseño de nuestras prácticas de emergencia debe estar puesto en la institucionalización del voluntariado y en la flexibilidad y agilidad –en la buena voluntad- de las instituciones. Es un déficit mayor que nuestras instituciones no tengan siquiera las condiciones para acoger, organizar y canalizar los aportes voluntarios de manera eficiente. La voluntad de la gente ha sido nuestro principal activo hasta hoy y debemos desarrollarlo.

Luego, es urgente rediseñar el Estado, no a partir del soberano –que sería el que puede decretar estados policiales de emergencia- sino a partir de un dibujo legal que recoja la experiencia de la  más eficiente articulación de los poderes que pueden actuar en los desastres. Las emergencias ya no se refieren exclusivamente a problemas de seguridad policial y esos aspectos deben estar compaginados con la movilización y los recursos específicos que requiera la emergencia de cada tipo de catástrofe elemental. Sin duda, Santa Olga estaba en orden pero eso no evitó que fuera arrasada por el fuego hasta sus cimientos.

Esto significa, que el Estado real, subyacente y necesario; el que dispone los recursos y la organización significativa de las fuerzas de combate de la emergencia; el Estado que se oculta bajo la separación ambigua de lo público y lo privado, corresponde a una articulación inédita entre instituciones del Estado, empresas y ciudadanía. Esas tres fuerzas deben ser reconciliadas y actuar de conjunto, fusionadas en un rediseño completo de los protocolos y de la definición legal de las emergencias.

Reconvertir la defensa nacional

Finalmente, ha quedado claro que Chile necesita reenfocar y adecuar sus fuerzas de defensa en función de los golpes graves que ha recibido el país en los últimos años producto de la naturaleza y de los desequilibrios ambientales que se han provocado.

Chile no puede desaprovechar las capacidades de las fuerzas armadas y su distribución territorial. Es necesario que las FFAA sean reorientadas y reequipadas para servir a la población y a las necesidades apremiantes de la defensa del país ante estas amenazas elementales. Se deben aprovechar las capacidades logísticas de las FFAA y reconvertir su entrenamiento y su equipamiento para dar lugar al combate eficiente de emergencias, en conjunto con la población, los voluntarios, las empresas y otras instituciones públicas. No se trata de reemplazar las fragatas por Hidroaviones o los F16 por aviones cisterna sino, de ampliar el giro, adecuándolo a las nuevas necesidades de la defensa nacional.