Generalmente a finales de la primavera o incluso hasta bien avanzado el verano las calles de muchas ciudades muestran el espectáculo trágico de árboles mutilados y agónicos. Fuera de temporada, cuando ya los brotes anuncian el maravilloso renacimiento anual, o incluso ya florecidos y exuberantes, sin diferenciar entre especies y modificando las formas naturales de las copas, pequeños batallones de podadores, vociferantes y agresivos, comienzan su tarea destructiva armados de sus infernales motosierras y garfios.

El resultado son árboles sobre-podados y debilitados por la tosca cirugía amputadora de la maquinaria municipal. Arboles con llagas que facilitan la entrada de infecciones acortando la vida de cada ejemplar y estimulando la sustitución por otros que luego serán podados y debilitados nuevamente. Y así, hasta el infinito, en un circuito perverso, se mantiene activa la industria de la poda. En muchos casos, la torpeza segadora mata directamente al árbol evitándole una agonía inmerecida.

Estas torturas masivas y públicas se repiten año tras año, en todo tipo de ciudades y pueblos, incluso en minúsculos villorrios rurales que quieren remedar con estas podas brutales lo que hacen en las ciudades mayores.

¿De qué debe ser defendido el árbol urbano? Defender significa rechazar un ataque, contener una agresión. El árbol urbano es objeto de dos agresiones cruzadas: las de la arrogancia y las de la ignorancia.

Las agresiones de la arrogancia se basan en la idea de que los árboles no tienen derechos y que, por lo tanto, pueden ser intervenidos de manera discrecional por cualquiera. La arrogancia es institucional y ciudadana. Resulta insostenible que sean las municipalidades las principales agresoras directas y sistemáticas de la vida arbórea urbana. La explicación de estas prácticas está clara. Se trata de cumplir con las exigencias cuantitativas derivadas de los contratos de las empresas cortadoras. Seguramente les pagan por ejemplares cortados, o por calles o por cualquier otro criterio económico ajeno a los tiempos y a las necesidades de cada árbol y especie. La máquina productivista y estandarizadora arrasa con las diferencias y los matices, es decir, con la vida. Transforma las podas excepcionales en podas de “mantenimiento” anuales; las necesarias podas de cuidado en carnicerías violentas e indiscriminadas.

La mayoría de las mutilaciones de árboles se realizan para proteger a los obsoletos cableados que, en las ciudades como las chilenas, tejen grises telarañas que ensucian el paisaje. En grandes y pequeñas localidades una maraña inmunda de cables y restos de cables recuerda el cercano subdesarrollo nacional y el poder de las empresas de electricidad y de telecomunicaciones que utilizan el espacio aéreo urbano común para conducir sus mercancías avasallando la arboleda urbana. La escala de valores está clara: es más valioso el entramado de cables que las condiciones de vida de los árboles.

La arrogancia ciudadana se sostiene porque el animal humano considera que los otros seres de la naturaleza están a su servicio y que tiene sobre ellos las prerrogativas de la vida y la muerte.

Las agresiones de la ignorancia se basan en un desconocimiento de las necesidades específicas del árbol urbano, de sus ritmos, de sus ciclos vitales, de sus diferencias entre especies, de sus derechos como ser vivo. Se interviene de manera uniforme y avasalladora con evidente desconocimiento de la técnica de la poda, sobre-podando, mutilando, atrofiando.

Defender al árbol urbano significa enfrentarse a estas arrogancias e ignorancias. Enfrentarlas con razones y argumentos, pero también con acciones de resistencia y compromiso comunitario. Los árboles son un bien común: su cuidado debería ser un deber de todos, al igual que su defensa. Los árboles tienen derechos, compartidos por todos los seres vivos. Pero también tienen derechos los habitantes de las ciudades, los barrios, las comunidades a gozar de los beneficios del arbolado urbano. Derechos al buen vivir, derecho al respeto y al apoyo mutuo tanto intra como inter-especies.

Exigir el soterramiento progresivo de los cables aéreos debería ser parte central de un programa mayor de mejoramiento de las condiciones de vida de los árboles urbanos, así como la modificación de los criterios de poda y una revisión en profundidad de los conocimientos y competencias de las empresas contratadas. Todo esto dentro de una campaña que apunte a modificar la escala de valores con que los ciudadanos se relacionan con la naturaleza. Se debería lograr que la imagen de los árboles amputados fuera vivida como una imagen del horror y extender la idea que los cables valen menos que éstos. Por último, luchar por borrar la creencia de que los árboles urbanos son propiedad municipal. Los árboles de la ciudad son parte de los comunes urbanos. Como lo es el aire, como debería ser el agua, entre muchos otros bienes actualmente privatizados o “públicos”. Su defensa es parte de la misma defensa de los espacios compartidos, de los huertos urbanos, de las actividades lúdicas en las plazas etc.  es decir, del mismo derecho a la ciudad y de apropiación de lo común. Su defensa debería ser entendida como una práctica política radical, no como una expresión ingenua, “buenista” o compasiva. Se trata de encontrar una manera de cuidar y de disfrutar de todo aquello de lo que formamos parte y que nos concierne como ciudadanos.