Estos días son decisivos para las mujeres, se discute y legisla, luego de muchas trabas y aplazamientos, el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, al menos en tres causales extremas: inviabilidad del feto, peligro de muerte de la madre, y embarazo producto de una violación.

Siempre que se inicia el debate respecto al aborto, la controversia suele abordarse desde “el derecho a la vida” y, por supuesto, desde su trasfondo: la moral. Y resulta complejo analizar esto sin antes definir lo que es, efectivamente, la moral. Se entiende como tal, al conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.

Al inmiscuirnos en el concepto podemos hallar, automáticamente, el carácter subjetivo de este, y así, preguntarnos: ¿quién define lo que es moralmente correcto? Creer que esta construcción social la generamos entre todos y todas es caer en la inocencia. Una de las principales herramientas para sentenciar lo que está o no aceptado es la ley. Y a su vez, la ley ha sido históricamente el reflejo de los intereses de los sectores privilegiados, generalmente hombres conservadores con poder económico.

Dado lo anterior, ¿por qué analizar desde lo moral el debate en torno al aborto? Desde mi perspectiva, porque resulta más cómodo, se puede apelar a la emocionalidad y así ir tapando los temas de fondo que subyacen a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no, el parámetro de análisis no puede ser “si está bien o está mal visto por la sociedad”, no cuando estos juicios varían entre una individualidad y otra, no cuando este parámetro está condicionado por una fuerte carga machista, conservadora y religiosa.

Acá los temas que están presentes son de Salud, de Género y de Clases.

De salud, porque es deber del Estado salvaguardar la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Vivimos en un país donde el aborto es y será una realidad más allá de la legalidad, en virtud de esto, es deber estatal normar en miras de la protección de la vida de las mujeres, quienes deben exponer su seguridad en procesos clandestinos.

Es un tema de género, pues es la potestad de la mujer sobre su propio cuerpo la que se ve limitada con la ilegalidad. También, porque son un grupo compuesto mayoritariamente por hombres, quienes están decidiendo y legislando constantemente sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

Y por sobre todo, es un tema de clases, porque son las mujeres pobres quienes arriesgan su vida en tratamientos clandestinos, o se exponen a procesos judiciales en el caso de ser descubiertas. Porque las mujeres que pertenecen a la élite económica nacional pueden someterse a procedimientos seguros, en clínicas, y camuflarlo como cualquier intervención quirúrgica. Y no se trata de satanizar esto último, sino de cuestionar los privilegios de algunas y luchar por la reivindicación del acceso igualitario a quienes por décadas se les ha negado.

Seguir debatiendo sólo desde la moral es validar el capricho conservador de la clase dominante. Es seguir dejando que marquen pauta quienes se autodenominaron “providas”, quienes consideran más importante la potencialidad de vida en una mórula, que una mujer. Es seguir dejando que los de siempre decidan por todas, y que se levanten como estandartes “por la vida”, aun cuando avalaron una dictadura que torturó, desapareció y asesinó; a los mismos que se niegan a los derechos sociales reales y profundos, los que sí generarían condiciones de vida óptimas para quienes están por nacer; los mismos que hace años votaron para dejar como “ilegítimos” a los hijos que nacieran fuera del matrimonio.


Estudiante de Pedagogía en Castellano, Editor Cultural de la revista ALDIA y escritor.