Las operaciones gigantes de corrupción del caso Odebrecht, la constructora brasileña acusada de haber pagado sobornos en doce países a cambio de contratos, ya llegaron a salpicar a más de una decena de presidentes, expresidentes y centenares de políticos y empresarios de todo el continente.

Tras el arresto de Marcelo Odebrecht, propietario y ex presidente de la firma, y su posterior confesión a cambio de rebajar su condena de 19 años -por ahora- y que ya cumple en la cárcel, los casos han ido saliendo a la luz pública y hoy no pasan dos días que no se sepa algo nuevo de la compleja trama que se contagia toda la región.

En Brasil, donde parte todo el escándalo internacional, el caso no puede verse separado de la macrooperación Lava Jato, que investiga el juez federal Sergio Moro y que implican a las compañías OAS y Petrobras.

De hecho, la investigación abierta a la petrolera estatal señala que de los 6.400 millones de dólares desviados, 2.250 millones fueron a parar a Odebrecht gracias a los sobornos a políticos y funcionarios que se gestionaron en forma de donaciones para campañas electorales.

El mes pasado el Tribunal Supremo del país validó la confesión de los 77 ejecutivos de la multinacional. A pesar de que el contenido está bajo secreto de sumario, varias filtraciones apuntan a los tres últimos mandatarios brasileños: el actual presidente, Michel Temer y sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros políticos y altos cargos.

En Colombia, el caso estalló más intensamente durante los últimos días. La empresa confesó haber pagado once millones de dólares en sobornos, lo que dejó en el punto de mira al gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Eso, luego de que la Fiscalía asegurara que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial del mandatario en 2014, lo que fue rechazado rotundamente por el Ejecutivo colombiano.

También el gobierno de el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) huele a corrupción. El viceministro de Transportes de su administración, Gabriel García Morales, ya cumple condena como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht.

Otro protagonista de las últimas semanas ha sido el caso peruano. La juez decretó la orden de arresto y prisión preventiva durante 18 meses, mientras dure la investigación, para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006, a quien acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

El ex mandatario, que reside en Estados Unidos pero se encontraba en París en el momento de hacerse pública la noticia, habría sacado sus provechos de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.

En el país altiplánico, el caso afecta también a los expresidentes Ollanta Humala, a quien el diario brasileño Folha de Sao Paulo acusó de haber recibido tres millones de dólares por parte de la empresa a su campaña presidencial; y a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Jorge Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Según la investigación judicial, en Argentina el caso de la constructora fue más allá de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quienes ya llevaban un tiempo vinculados a la macrotrama de corrupción. Ahora también el actual presidente, Mauricio Macri, ha resultado manchado por este escándalo.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente, fue obligado a declarar ante la justicia por transferir casi 600.000 dólares a uno de los encargados de pagar los sobornos de Odebrecht. Según el medio La Nación, que publicó la noticia, se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que estaba implicado el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

Indemnizar a los estados

A norte de la región, en México los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos el pago de coimas a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado. A partir de eso, se investigará tres grandes contratos que la compañía obtuvo por obras como el gasoducto Los Ramones o la refinería de Tula.

En República Dominicana y en Panamá la compañía tendrá que compensar a los estados con una indemnización en concepto de reparación por las prácticas corruptas. En el primer caso será de 184 millones de dólares, un monto que duplica el de los sobornos, durante ocho años, mientras que en el segundo serán 59 millones de dólares. De hecho, en Panamá, además recae una orden de búsqueda y captura contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) quienes tienen congeladas sus cuentas en Suiza por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, y también hay investigaciones abiertas en contra de a Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.

En Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas para obtener información confidencial sobre futuros proyectos.

Finalmente, en Ecuador fueron 33,5 millones de dólares los que habrían recibido funcionarios del gobierno entre 2007 y 2016. El anuncio sacudió la campaña presidencial de Rafael Correa, quien enfrenta los comicios el próximo 19 de febrero. Las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana dependen ahora de uno de los implicados clave investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal, que en este momento se encuentra en España.