Miembro de directorio de la Fundación Iguales y reconocida en nuestro país por ganarle la batalla al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando éste le quitó la tuición de sus tres hijas por su orientación sexual, Karen Atala habla en una entrevista a La Tercera sobre los avances del país en minorías y diversidad sexual, los pendientes de la ley de identidad de género y sobre el acuerdo de unión civil, aprobado hace poco más de un año en nuestro país.

La abogada califica de “grave” la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de excluir a los niños transexuales de un posible derecho a la identidad de género: “La identidad del niño es una identidad progresiva. Si se manifiesta una transexualidad en la primera infancia, la idea es acompañarlo en ese tránsito, no negarle ese tránsito ni posponerlo para cuando sea adulto, con su morfología corporal ya desarrollada, en una etapa en que terapias hormonales son menos efectivas que al principio”. Y agrega: “Excluir a los niños de esta ley es igual a abandonarlos, incumpliendo el deber de protegerlos. Hay un afán dilatorio en esta iniciativa, que avanza un paso y retrocede tres”.

Para la activista, en Chile existen ciudadanos de “segunda” y “tercera categoría”, donde ubica a los transexuales, y asegura que “como país creemos que los derechos humanos sólo se relacionan con la vida y la integridad corporal, pero se olvidan que después del derecho a la vida vienen el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad”. “Nos preocupa que no nos maten, torturen o apresen, pero se nos olvida el derecho a la igualdad”, puntualiza Atala.

En referencia al matrimonio igualitario, dice que “fue un avance” pero que es el “techo de derechos para las parejas del mismo sexo” porque sigue existiendo la prohibición de casarse. “Chile sigue incumpliendo el mandato de la CIDH, que obliga a adecuar la legislación para evitar perpetuar este tipo de discriminación,” espeta.

La directora de Iguales apunta a un cambio más profundo de los patrones culturales, porque si no “vamos a seguir viéndonos expuesto a golpizas, a discriminación en el trabajo, a acoso laboral”, dice, “pero en Chile nadie se ha hecho cargo de generar una política pública consistente en este sentido”, lamenta.

Sobre su experiencia personal en el caso que la enfrentó al Estado, y que próximamente cumplirá cinco años de su desenlace con la sentencia de la CIDH, asegura que “partió como algo personal, pero se transformó en algo político” y que su caso sirvió para “visibilizar un fenómeno que estaba oculto”. “Cuando fui demandada no se escuchaba hablar de lesbianas y menos de madres lesbianas”, explica.