El golpe en Brasil y sus repercusiones

En un corto periodo de tiempo (menos de seis meses), el gobierno de Michel Temer ha conseguido acelerar el proceso de despojo contra los pueblos en Brasil (decimos acelerar porque esta tendencia ya venía de los gobiernos de Lula y Dilma). Un presidente altamente impopular (10% de aprobación según DATAFOLHA, diciembre 2016), sin riesgo de apostar su escaso capital político ya que no busca participar de las elecciones presidenciales 2018, es la marioneta ideal que la élite brasilera utiliza para restaurar su poder de clase bajo la etiqueta de “políticas de austeridad”.

Son tres los brazos centrales en los que el gobierno Temer se ha propuesto avanzar para “salvar a Brasil de la crisis”; a) Reforma previsional (aumento de la edad de jubilación) b) Ajuste fiscal (disminución del aparato público, reducción drástica de los gastos sociales en salud y educación) y c) Apertura de la explotación de bienes comunes naturales al capital extranjero (compra de tierras, reservas de petróleo, etc.).

Es en este contexto, que sobre el tema del agua potable, el gobierno federal elaboró un “Diagnóstico Saneamiento” (14 de septiembre de 2016). Dicho diagnóstico sostiene la urgencia de ampliar la participación privada en el abastecimiento de agua y alcantarillado a través concesiones, abertura de capitales y alianzas público-privadas. La delantera se tomó por medio del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) que eligió tres empresas públicas para implementar el laboratorio; las compañías estaduales de Rio de Janeiro (CEDAE), de Rondônia (CAERD) y de Pará (COSANPA).

El estado de Río de Janeiro: La tormenta perfecta

Río de Janeiro tiene la particularidad de arrastrar una trayectoria conflictiva en los últimos años debido a los megaeventos que ocurrieron en la ciudad (Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos Rio 2016). Los planificadores urbanos hablaban de un “legado olímpico” que lograra consolidar a Rio de Janeiro como una ciudad global con una infraestructura de primer nivel, que incentivaría el “desarrollo” económico y social de sus habitantes.

Pasado dichos megaeventos, el escenario es bien diferente al prometido; un gobierno estadual profundamente endeudado y atravesado por escándalos de corrupción (el ex-gobernador está preso por fraudes en licitaciones con empresas como Odebrecht y el actual gobernador Luiz Pezão se encuentra investigado por financiamiento ilegal de su campaña), infraestructuras sobrevaluadas que benefician principalmente a los sectores medios y alta de la población, recrudecimiento de la violencia por la disputa del control territorial entre los grupos de tráficos de drogas en medio de una crisis de la represiva estrategia de militarización de las favelas (Unidades Policía Pacificadora – UPP). A final de cuentas el supuesto legado acabó transformándose en un “desastre olímpico”.

El gobierno del Estado de Rio de Janeiro (equivalente al gobierno regional en Chile) pasa por una profundad crisis fiscal, en la que se ha tomado la catastrófica decisión de “apretar el cinturón” por medios del gasto social. Algunas consecuencias de esta opción han sido; la salud pública paralizada y en profunda precariedad, funcionarios públicos con sueldos atrasados, cierre de escuelas, bomberos y policías sin equipamientos, y 3 universidades públicas (UERJ, UEZO y UENF) en riesgo de cerrar sus puertas. Bajo esta situación, el gobierno del estado pidió un rescate económico al gobierno federal.

La crisis y la austeridad como chiste repetido y de mal gusto

El gobierno de Temer decidió acoger la solicitud del gobierno estadual de Rio de Janeiro, pero estableciendo ciertas condiciones para la entrega de los recursos. Exigió que se presentara un plan de ajuste de las finanzas públicas y que se iniciara el proceso de privatización de la empresa pública de agua potable del estado de Rio (CEDAE)

¿Por qué el gobierno federal pide como condición para el rescate económico al estado de Rio de Janeiro la venta de acciones de la empresa pública de agua potable?

El gobierno federal ha utilizado las típicas excusas de la poca eficiencia de la empresa pública frente a la optimización que representaría la iniciativa privada. Esto resultado contradictorio ya que la CEDAE es la única empresa pública del estado que se autofinancia y además genera recursos para el gobierno del Rio. Entre los años de 2011 a 2015, rindió a las arcas públicas más de $435 millones de dólares (datos otorgados por el sindicato de trabajadores de la CEDAE). Los problemas en la distribución y saneamiento en las localidades más pobres, tiene que ver con la falta de inversión por parte del estado para priorizar esos sectores de la población.

Como dijimos al comienzo del escrito, el gobierno Temer tiene como prioridad en su breve periodo de gobierno ilegítimo abrir nuevos campos a la acumulación de capital en Brasil. El rubro del agua potable no es un campo nuevo, pero sí se trata de un espacio poco abierto todavía a la inversión empresarial, ya que sólo el 5% del abastecimiento está bajo control total del sector privado. En este contexto, privatizar la CEDAE que abastece a 64 municipios del estado Rio de Janeiro, representa un duro golpe (otro más) que marca un hito para profundizar la participación del capital nacional y extranjero sobre el agua potable.

En la estrategia de Temer se aprecia la antigua formula del Neoliberalismo para apropiarse de los bienes públicos. En este caso se trata del agua, uno de los bienes comunes más fundamentales para la reproducción de la vida y de una creciente importancia geopolítica. Este esquema de Crisis – Políticas de austeridad – Privatizaciones la vemos repetirse en diferentes ocasiones y latitudes. La oportunidad más recientes que pudimos observar estas estrategias fue durante la crisis económica en Europa, en donde los planes de ajuste fiscal de los países más afectados (como Grecia o Portugal), incluían las empresas públicas de agua potable.

La resistencia a la privatización

Pero la formula Crisis – Políticas de austeridad – Privatizaciones no está dando el resultado esperado de manera fácil. A pesar de que no se aprecia una resistencia más generalizada en la población, como en casos emblemáticos como Cochabamba, una de las acciones más valiosas que se han construido en este escenario desastroso, es la unión en la lucha de los funcionarios públicos.

No sólo es una unidad para fortalecer sus exigencias salariales, como suele ocurrir con el movimiento de funcionarios públicos. Lo interesante es que han logrado trascender la reivindicación económica, reconociendo como afirma Ary Girota del Movimiento Unificado de los Servidores Públicos Estaduales (MUSPE) “la lucha contra la privatización de la CEDAE es la lucha de todos los trabajadores del estado de Rio”. Han sido múltiples las marchas que han realizado los funcionarios exigiendo a la asamblea legislativa que no apruebe la venta de acciones de la CEDAE. Las últimas de ellas, bajo una dura represión por parte de la policía militar.

marcha

Manifestación afuera de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro. Archivo MUSPE.

Las manifestantes denuncian que la privatización de la CEDAE va a contracorriente de la tendencia mundial de desprivatización, donde frente al fracaso de la gestión privada la población se ha levantado para exigir el retorno a lo público.  Entre los años 2000-2014 han sido 180 los casos en el mundo en que el agua ha vuelto a manos públicas, incluyendo a ciudades como Buenos Aires, Paris, Berlín y Johannesburgo.

Nos encontramos en un momento en que los intentos progresistas en países como Brasil han evidenciado sus límites, los que han sido aprovechados para una ofensiva voraz de la derecha libre-mercadista en América Latina. No obstante, no es menos cierto que el viejo Neoliberalismo no logra consenso sumiso, luego de las duras resistencias en la región desde los años noventa. Frente a la ausencia de consenso, el Neoliberalismo intenta imponerse con gran violencia. Son difíciles los tiempos que se viven en Rio de Janeiro y otros lugares de nuestra América donde se libran luchas contra el despojo. Las dificultades de este momento de incertidumbre van a exigir que nos mantengamos juntos y alertas.


Miembro de MODATIMA y Colectivo LEMTO/UFF