Los poderes judiciales de Brasil y Perú investigan desde hace meses a la constructora chilena Andreu, sindicada como parte de la extensa red de evasión de impuestos, sobornos y cohechos ejecutados por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, operaciones que ya arrastraron a los tribunales a presidentes, senadores y ministros de una decena de países latinoamericanos.

La pista chilena, país donde OAS ganó licitaciones por 805 millones de dólares desde 2006, fue develada por Roberto Trombeta, acusado de ser uno de los responsables de operar el lavado dinero de los contratos de la constructora fuera de Brasil. Trombeta, consultor de OAS y amigo del presidente de la compañía, el ingeniero Léo Pinheiro, fue contratado por la constructora brasileña a través de su empresa Hedge Consultoria.

Para llevar adelante sus operaciones de blanqueo de capitales, Trombeta trabajó junto a los uruguayos Fernando Belhote y Marcelo Chakiyan, ambos de la empresa BGL Asesores Legales e Fiscales.

Coincidentemente, la actuación de OAS en Chile está entre las pautas más importantes desde que surgió la sospecha de aportes de la empresa brasileña a campañas políticas chilenas, incluyendo la de Michelle Bachelet en 2013.

En algo inédito en la historia judicial latinoamericana, la Fiscalía brasileña invitó a sus homólogos de la región a una reunión de coordinación este fin de semana, a la que asistieron por Chile el fiscal nacional Jorge Abbott y la prosecutora Ximena Chong, a cargo de las pesquisas sobre la actuación de OAS en Chile.

Tras el encuentro, Abbott acordó con su par brasileño, Rodrigo Janot, facilitar la presencia de fiscales y policías en sus diligencias.

“(La Procuraduría brasileña) facilitará la presencia de fiscales y policías chilenos en las declaraciones u otras diligencias ya solicitadas o que se pidan en el futuro; en tanto que la Fiscalía de Chile comprometió, por su parte, la pronta entrega de cualquier antecedente que pueda ser útil para investigación que lleva Brasil como cualquier otro país de Latinoamérica”, informó.

El testimonio de Trombeta

Según la declaración judicial de Trombeta, el trabajo de su equipo tenía por objetivo retirar los recursos de las sucursales de OAS en Perú y Ecuador, evadiendo el pago de impuestos.

Para cumplir con la tarea, el consultor tuvo que asumir el control accionario de una sociedad llamada Kingsfield Consulting, con residencia declarada en Panamá, la cual fue utilizada como receptor final de valores enviados desde Chile y España, pero que involucraban a OAS Perú y OAS Ecuador.

Pese a que Trombeta asegura haber informado a las autoridades tributarias de Brasil sobre su relación con Kingsfield, lo cierto es que la sociedad fue creada en Panamá a través de la ayuda dada por la firma Mossack Fonseca, apuntada por el caso Panamá Papers como intermediaria de miles de operaciones de lavado de dinero a nivel mundial.

Eso lo confirmó el juez Sérgio Moro, responsable por las investigaciones de Lava Jato en Brasil, quien reveló que “existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales (…) para practicar fraude y lavado de dinero”.

La conexión chilena

Luego, Trombeta aseguró en su testimonio que OAS Perú estableció un contrato por servicios ficticios con una empresa en Chile, la constructora Andreu. El valor entregado a Andreu según el contrato fue de 6,15 millones de dólares, de los cuales 5,99 millones fueron luego redirigidos a una empresa española llamada DSC Workshop.

En un tercer paso, esos dineros se repartieron entre sociedades holandesas, antes de llegar finalmente a la cuenta de Kingsfield en el banco BPA, con sede en el paraíso fiscal de Andorra. El valor final que llegó a esta cuenta fue de 5,76 millones de dólares. La serie de transferencias ocurrió entre 8 de noviembre de 2012 y 12 de febrero de 2013.

El otro escape de dinero que contó con la ayuda de Trombeta ocurrió en la misma época, pero un poco antes, y tuvo relación con OAS Ecuador, cuando ésta contrató a la empresa española DSC Workshop, a la cual entregó un monto de 9,15 millones de dólares.

En este caso se saltó el eslabón chileno. Los dineros fueron de España a las sociedades holandesas y de allá a la cuenta de Kingsfield en el BPA, al cual llegaron 8,62 millones. Las transferencias ocurrieron entre 13 de septiembre y 30 de octubre de 2012.

Al final de las dos operaciones, la cuenta de Kingston en el banco BPA recibió un total de 14,62 millones de dólares, de los cuales cerca de 8 millones fueron depositados en Suiza, en una cuenta indicada por el prestamista Alberto Youssef, el operador estrella de las constructoras brasileñas.

Una red infinita

Además, Trombeta confesó que estuvo involucrado en operaciones de OAS African Investiment, sucursal que representaba los intereses de la constructora brasileña en el continente negro, pese a tener sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En ese caso, los pagos referentes a los contratos adquiridos en África pasaban por una empresa panameña llamada Guerrero Law & Investments, de propiedad del guatemalteco Efrain Quevedo, y por el banco EFG Capital, con sede en Miami.

Para realizar todas esas operaciones, Trombeta aseguró que viajó durante 2012 por Montevideo, Santiago, Madrid y Miami, siempre acompañado por Roberto Cunha y Alexandre Portela, dos ejecutivos de OAS.

La historia de OAS

Gigante de la construcción civil en Brasil, OAS fue creada en Salvador de Bahía en 1976, en plena dictadura militar brasileña.

De hecho, para muchos, el éxito logrado en los primeros años de la compañía solo pudo ser alcanzado gracias a la cercana amistad de sus dueños con el caudillo bahiano Antonio Carlos Magalhães, hombre de confianza de los militares, quienes lo impusieron primero como alcalde de Salvador y luego como gobernador del Estado de Bahía.

Con la ayuda de Magalhães, OAS se convirtió en la constructora con mayor presencia en la región Noreste de Brasil.

A fines de los años ’80 y principio de los ’90, tras el retorno de la democracia en Brasil, OAS pasó a tener proyección nacional, nuevamente gracias a la ayuda de Magalhães, quien llegó ser uno de los principales lideres de la derecha brasileña, siendo ministro de Comunicaciones en el gobierno de José Sarney (1985-1990) y líder en el Senado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).

Fue en ese periodo que OAS logró sus primeros contratos en el rubro energético, sobretodo con Petrobras, además de instalarse con más fuerza en los tres principales centros industriales del país, Sao Paulo, Belo Horizonte y Rio de Janeiro.

El paso siguiente fue la internacionalización de la empresa, la que ocurrió a partir de 2004, gracias a proyectos internacionales de Petrobras en Ecuador y Brasil. Luego vino el despliegue por todo el continente.

Es en esta etapa en que OAS comenzó su relación con Chile, aunque no a través de obras de ingeniería, sino que inicialmente utilizando al país para efectuar operaciones de dinero ligadas a su sucursal en Perú.

Lava Jato

La participación de OAS en el escándalo de Lava Jato fue pública a partir de 2014, en el llamado Juicio Final, acuerdo por el que varios de los implicados decidieron cooperar con la Fiscalía brasileña a cambio de reducir sus futuras condenas.

El testimonio del consultor Roberto Trombeta fue uno de los primeros acuerdos de delación compensada ligados a la arista de OAS dentro del caso Lava Jato, siendo el que más peso tuvo en la decisión de decretar la prisión del dueño de la empresa, el ingeniero Léo Pinheiro, quien se encuentra detenido en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil.

Sin embargo, este no es el primer escándalo de corrupción en el cual OAS está relacionada. En los ’90, durante el gobierno de Cardoso, la empresa fue blanco de investigaciones por sobornos en contratos con el gobierno federal o con empresas estatales. Además, la empresa también es investigada en dos casos que involucraron al ex presidente Lula en el Caso Lava Jato.

Lula

El ex líder sindical y ex presidente es acusado en concreto de enriquecerse ilícitamente con los supuestos pagos recibidos por los contratos de OAS con Petrobras, aunque la Fiscalía brasileña todavía no logró presentar pruebas documentales de ello.

De hecho, en un testimonio entregado en juicio el pasado jueves, el ingeniero de OAS Genésio da Silva Paraíso habló sobre la versión de que Lula habría recibido de su empresa un departamento de lujo en la ciudad balneario de Guarujá (60 kms. al este de São Paulo), producto de coimas referentes a los contratos adquiridos con Petrobras, y negó que eso fuera cierto, contrariando la tesis defendida por la Fiscalía.

La defensa de Lula alegó en tanto que el Ministerio Público actúa políticamente con el objetivo de impedir que él sea candidato en las elecciones de 2018 –para la cual es el favorito, según las encuesta – e incluso ha llevado una denuncia por el concepto de lawfare (guerra judicial) a la OACDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, órgano perteneciente a la ONU), la que fue aceptada en octubre del año pasado, pero que aún no produce una conclusión definitiva.