El 31 de enero de 2017, en el Juzgado de Garantía de La Serena, tuvo lugar un juicio. No es novedad, para eso son los tribunales de justicia, excepto porque en este juicio los imputados eran seis estudiantes universitarios: dos hombres y cuatro mujeres, de la sede de la Universidad Central en La Serena.

Su delito fue, paradójicamente, ser un ejemplo de lo que, según se predica, es uno de los objetivos de la educación: el espíritu crítico, la capacidad de pensar. En su calidad de dirigentes estudiantiles, hicieron suya y defendieron una causa que estimaron justa: apoyar a sus compañeras frente al presunto acoso sexual de un profesor.

¿Suena conocido? Efectivamente, hemos sabido de uno que otro caso: Universidad de Valparaíso, UMCE, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile. Este último se ha ventilado un poco más, tal vez porque un Premio Nacional de Historia se metió a defender públicamente a sus colegas, refiriéndose a las estudiantes que denunciaron como “pintiparadas” para bajar el perfil. Su ignorancia y frivolidad obtuvo una excelente respuesta, clara y taxativa, igualmente pública, de sus colegas historiadoras.

En esa universidad, por otra parte, uno de los académicos acusados de acoso, que fuera desvinculado del plantel después de acreditarse su responsabilidad mediante sumario, presentó un recurso de protección en contra de cuatro estudiantes que habían denunciado su conducta. La institución se hizo cargo, tanto de la problemática del abuso sexual en general, como de la defensa de los casos en particular.

Por el contrario, la Universidad Central no ha mostrado ningún compromiso institucional con sus estudiantes. Su primera respuesta fue limitar la jornada del docente al horario vespertino, ya que la denuncia venía del horario diurno. En la investigación que lograra la porfía estudiantil, el Comité de Ética determinó que el profesor era responsable en uno de los puntos; no obstante, en una segunda instancia lo sobreseyó de todos los cargos.

Sin embargo, la empresa-Universidad Central, consecuente con la ideología que inspira nuestro sistema económico y político, decidió adecuar su producto para evitar el desprestigio y las pérdidas que podía causar el alboroto que le armaron los clientes-estudiantes. Supongo que hizo un balance aritmético en términos de oferta y demanda, que la llevó a usar el conocido instrumento legal de que dispone la empresa privada para deshacerse de los estorbos: “necesidades de la empresa”.

La consecuencia fue una querella contra el empedrado, por así decirlo, por injurias graves con publicidad. Y como los imputados no aceptaran su “propuesta de conciliación”, es decir, ofrecer disculpas públicas, se llevó a cabo el juicio oral de rigor. La parte querellante pedía penas de reclusión y cuantiosas multas, además de la difusión de la condena. ¡Vaya castigo! ¡Menudo incentivo de un profesor al pensamiento crítico y la consistencia ética de sus estudiantes!

Afortunadamente, el grupo de dirigentes estudiantiles imputados contó con la competencia profesional de una abogada de la organización llamada Defensoría Popular (no confundir con la Defensoría Pública), y afortunadamente también, la parte querellante no tuvo la misma suerte con la suya, lo que permitió que cuatro de los seis imputados fueran absueltos. Digo afortunadamente, porque todos sabemos que los asuntos legales no obedecen a la lógica, sino al azar de la fortuna, como una ruleta. Sin embargo, aún está pendiente el juicio de los dos estudiantes que restan –una mujer y un hombre-, por lo que no podemos cantar victoria.

Entrevistado en el programa Contacto, uno de los docentes denunciados en la Universidad de Chile justificó airadamente su conducta, diciendo con arrogancia que el periodista desconocía su didáctica. Sus estudiantes acostumbraban evitar la lata de tomar nota grabando la clase, lo que permitió a los televidentes escuchar parte de dicha “didáctica”. Si decir groserías machistas es para él una herramienta pedagógica, no sólo discrepo: me parece vergonzoso.

Tampoco es muy didáctico amenazar a los estudiantes, gritarles, ni hacer insinuaciones sexuales a las alumnas, como decir “muy buena su disertación, pero más linda es usted”. Yo esperaría que mis colegas fueran más evolucionados, especialmente los que han tenido más instancias y tiempo de reflexión en sus programas de doctorado. Les recomendaría revisar sus estrategias pedagógicas.

Sería esperable que los establecimientos educacionales contaran con medidas de alerta para evitar violencia, abusos de poder y “recursos didácticos” como ésos; que además establecieran sanciones para quienes intentaran burlar estas medidas, e implementaran un sistema de protección y apoyo para las víctimas de dicha burla. Me refiero a sanciones reales, no a multar al acosador con un porcentaje de su sueldo por un tiempo, suspenderlo de sus funciones por un par de meses ni trasladarlo de un cargo a otro.

Es más, es un derecho que los estudiantes que se matriculan en las universidades deberían exigir, sean “públicas”, privadas, pontificias, tradicionales o novedosas. El “Estado” debería incluirlo en los requisitos para su famosa “gratuidad”. Dicho sea de paso, la sociedad debería exigir dichas medidas de control y protección en todos los establecimientos educacionales: también en los de enseñanza preescolar, básica y media, así como en el sistema llamado “de inclusión”, diseñado para proporcionar educación a personas discapacitadas, adultas, muchachas embarazadas o que andan con la guagua colgando, etc., para quienes el término “vulnerable” no es sólo una  denominación demagógica, sino una realidad.

Por otra parte, consejos como los que han escuchado de sus profes las estudiantes de la Universidad Central, que no vale la pena armar tanto alboroto, que deberían desistir para no sufrir consecuencias académicas, etc. son un incentivo al silencio y al círculo vicioso, cuya consecuencia, como vemos a cada rato, es que se multipliquen los casos de acoso, los femicidios y la violencia hacia las mujeres en general. Probablemente, lo que estas y otras profesoras han querido enseñar a sus alumnas es que el costo social de denunciar el acoso sexual siempre es alto: exponerse a críticas, enfrentar problemas con superiores, incluso verse obligada a cambiar de trabajo o de universidad, para no tener que cruzarse por los pasillos con algún agresor impune. Que implica una doble victimización, por lo menos.

Hay ocasiones en que no sé si los educadores padecen de algún tipo de ceguera ideológica repentina, o les acomete una súbita mudez. O amnesia, y olvidan que su rol es educar seres humanos, muchos de los cuales cumplirán ese mismo rol. O tal vez sea simplemente que su concepto de educar y de ser humano es distinto del mío; que en su visión de mundo el objetivo de la educación sea formar seres sin empatía, sin compromiso, sin principios éticos, sin capacidad de discernimiento ni de crítica. Quizá sea que para ciertos docentes el propósito de la educación, lejos de incentivar en individuos pensantes la capacidad de asombro, sea moldear sujetos al estilo 1984 de Orwell, sometidos al Big Brother neoliberal; obedientes clientes de la dictadura del comercio coludido, cuya máxima emoción y jolgorio se despierte con expresiones de caridad como teletones, subsidios y donaciones varias; obsequiosos y ciegos habitantes de un mundo desquiciado que crean a pie juntillas en todas las pomadas que les vendan, sean medidas gubernamentales rimbombantes, farándula, créditos de consumo express, el flagelo de la delincuencia o el terrorismo de algún pueblo originario. Entiendo que mis colegas tengan miedo a perder la pega; pero ¿no hay un límite?

Celebro y felicito a todos los jóvenes que deciden ir contra la corriente. Felicito y celebro especialmente a las mujeres, porque la corriente siempre es más adversa para ellas. Aún más especialmente felicito a las estudiantes que han resistido esta represalia jurídica, ya que se rebelaron contra una expresión de colonialismo en un entorno donde no sólo la arquitectura es colonial. Les agradezco la esperanza, y las animo a continuar por el camino que han comenzado, desde cualquier lugar en que estén. Porque, como afirmara un dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, lo que está pasando es histórico. En efecto, es un gran avance en la historia que las mujeres comiencen a perder el miedo y romper el silencio, y que en las nuevas generaciones cada vez más hombres tengan conciencia de lo que es patriarcado; aun cuando, paradójicamente una vez más, le resulte incomprensible al Premio Nacional de Historia.


Académica U. de La Serena