La polémica respuesta de la Defensoría Penal Pública por sus constantes alusiones a la vida sexual de Nabila Rifo

«Las preguntas que se han formulado desde la defensa tienen como objetivo recabar información que aporte a la teoría del caso que manejamos», señalan escuetamente desde la Defensoría Penal Pública. La institución se ha visto cuestionada en los últimos días por las repetitivas preguntas de Ricardo Flores y Fernando Acuña sobre la vida sexual, amorosa y social de Nabila Rifo en medio del juicio contra su defendido, Mauricio Ortega Ruiz.

Según explican en respuesta a un cuestionario enviado por El Desconcierto, la tesis que maneja la Defensoría es que «este caso es un hecho delictual horrible y lamentable que afectó a Nabila Rifo y cuya motivación obedece a una agresión sexual cometida por un tercero y no a un femicidio frustrado cometido por su ex pareja«. Esto, según Flores, es lo que está detrás de sus constantes preguntas sobre la vida íntima de Rifo.

«Todos los detalles de contexto, todos los hechos ocurridos en los días previos y en el momento mismo del ataque, como también todas las relaciones y vínculos previos de la víctima, son relevantes para descartar, por un lado, la participación del único imputado, que afirma su total inocencia y, por otro, para incorporar nuevas líneas de investigación que conduzcan a el o los verdaderos autores», explican.

Para la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y doctora en ciencias de la ley, Silvana del Valle, la defensa de Mauricio Ortega «está mezclando peras con manzanas. Incluso en el caso de que esto no fuera un caso de femicidio frustrado sino que de violación con intento de homicidio la forma en que tratan a la víctima no se condice con ningún mínimo ético. Un defensor tiene mandato para obtener la mejor sentencia posible para su representado si es culpable, y si es inocente defenderlo con medios de prueba, no inventándolos ni mucho menos cuestionar a la víctima».

Un problema de pruebas

Foto de contexto / FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

En el quinto día de audiencias del juicio oral, el viernes, declaró la perito especializada en sexología Priscila Astudillo. «No se observaban lesiones por penetración violenta o forzada», señaló, siendo corroborada por el perito del Servicio Médico Legal Andrés Rosmanich, quien añadió que «la víctima tenía lesiones asociadas a partos, pero ningún tipo de lesión por agresión sexual».

La Defensoría Penal Pública afirmó a este medio que «hay evidencia de restos biológicos (ADN en espermios) en el contenido rectal y vaginal de la víctima, que en conjunto con la desnudez en que fue encontrada, confirman la existencia de una agresión sexual». Y si bien los restos biológicos constan en el expediente, no necesariamente se deben a una agresión sexual. «La afirmación de que Nabila estaba desnuda es incorrecta», corrige Silvana Del Valle.

Aparte de las preguntas sobre Nabila, la prueba que ha presentado hasta ahora la Defensoría apunta principalmente a cuestionar todo lo que vincula a Mauricio Ortega con el sitio y hora de los hechos. Así, el jueves se conoció un informe elaborado por la empresa privada Criminalística SAV Forense el pasado 5 de julio. Los peritos analizaron la intersección de calle Lautaro con Monreal a altas horas de la madrugada buscando evaluar el sitio con las mismas condiciones de luminosidad que la noche del salvaje ataque.

El informe privado es crítico del actuar de la unidad de criminalística que perició el lugar de los hechos en abril de 2015, señalando que tuvo un sesgo en su pericia fotográfica y que faltó analizar manchas de sangre de una parka encontrada, perteneciente a un colega de Ortega. El informe concluye exculpando a Ortega y deslizando la «hipótesis» alternativa que ha circulado, relativa a una venganza de una mujer juzgada por tráfico de drogas y trata, propietaria del local «Acapulco», a la que Nabila habría denunciado.

La defensoría no ha planteado abiertamente esa hipótesis en el juicio, pero sí de otras formas, como en declaraciones a la prensa. El día en que se realizaron los alegatos de apertura, Fernando Acuña reprodujo parte de su discurso en su cuenta personal de Facebook. Con un tono dramático, Acuña dijo que «nos presentamos ante el Tribunal con la silla a mi izquierda vacía, es el lugar que la víctima, Coyhaique, y todo el país, deseó ver lleno, el lugar que corresponde al responsable del horrible crimen que nos convoca», cerrando con una descripción de Ortega como «un hombre de clase media, de familia y de trabajo, tiene su consciencia (sic) limpia, está preso por un crimen que no cometió».

El camino se ve difícil para comprobar la hipótesis de una agresión sexual cometida por un tercero que no fuera Ortega. Para Silvana Del Valle «las huellas de Ortega y las pruebas biológicas que lo sitúan en el lugar de los hechos son bastante categóricas». Sin embargo, y aún en el caso de que la versión de la defensa fuera cierta, la experta en ley y violencia de género critica que todas las preguntas se centren en el comportamiento y forma de ser de la víctima. «Es una forma de decir ella no era tan buena, ella se lo buscó. El actuar de la Defensoría es igual de contrario a la ética en cualquiera de las dos hipótesis, porque en ninguna Nabila deja de ser víctima de una violencia brutal», apunta.

¿Defensoría capacitada en género?

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

Según señalaron oficialmente desde la Defensoría Penal Pública en ningún caso sus preguntas buscan «responsabilizar a la víctima de lo ocurrido ni menos afectar su honra. Como se entenderá, resulta una responsabilidad básica de cualquier abogado defensor agotar las líneas de presupuestos fácticos que atingen a su teoría del caso». Tanto desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres como desde el Sernameg local han discrepado con esto durante la semana, apuntando a la desacreditación en términos morales que implican las preguntas de la defensa en un contexto machista como el chileno.

«Fernando Acuña no ha tenido sólo estrategias jurídicas sino que sobre todo comunicacionales. Ha tenido un nivel sostenidamente alto de apariciones en prensa buscando confundir a la opinión pública, filtrando audios y presionando a la familia de Mauricio Ortega para que llamaran por teléfono a Nabila. Fue el mismo Acuña quien le dio información falsa a El Mercurio, que la publicó pese a que tanto Gendarmería como Sernameg les señalaron que era falso que ella hubiese hecho gestiones para visitar a Ortega», acusa Silvana Del Valle.

Consultado, el defensor Ricardo Flores respondió que en esa ocasión la información entregada por su colega Acuña «le fue proporcionada y confirmada desde el propio Tribunal. Más allá de eso, eventuales acciones o instrucciones como las que señala la pregunta no existen en éste ni en ningún caso, pues la normativa legal de la institución expresamente prohíbe cualquier tipo de mandato hacia los defensores, a fin de garantizar la autonomía técnica de la defensa en cada caso, al servicio de la voluntad del imputado en particular».

Sin embargo, existen antecedentes recientes de conflictos en la Defensoría Penal Pública por declaraciones de sus abogados. En agosto pasado Manuela Royo Letelier fue apartada de la institución en una confusa polémica luego de aparecer en un video de Youtube donde criticaba al fiscal Chiffelle por llevar una investigación sesgada en el caso Luchsinger Mackay. Royo fue desvinculada de la Defensoría Penal Pública en medio de fuertes presiones de la Subsecretaría del Interior, el fiscal nacional Jorge Abbott y los parlamentarios de derecha de La Araucanía y sus defendidos Sergio Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel la mantuvieron como abogada particular en señal de respaldo. 

FOTO: JONAZ GOMEZ SANCHEZ/AGENCIAUNO

Es consenso en las investigaciones sobre delitos sexuales y violencia de género que buena parte de su persecución penal depende de la credibilidad de la víctima ante los distintos operadores de justicia, tales como fiscales, abogados y jueces. Al respecto, Chile ha suscrito convenios internacionales como la convención de Belem Do Pará que, entre otras cosas, obliga al estado a «abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación» y «fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres».

Consultados sobre el nivel de conocimiento de esta convención en la Defensoría Penal Pública, que pese a ser un organismo autónomo es un servicio público estatal, desde su oficina de comunicaciones respondieron que «evidentemente nuestra institución cuenta con capacitaciones de género y otras materias. El convenio a que alude, como todas los tratados internacionales de derechos humanos, son foco de capacitación constante en la Defensoría», reiterando que «a juicio de la defensa,  en este caso particular corresponde investigar un hecho delictual de características muy violentas, donde la agresión sexual sufrida por la víctima es muy relevante para entender y dilucidar la dinámica completa de lo ocurrido, todo ello desde la posición específica de la defensa».

Desde las organizaciones feministas y contra la violencia hacia las mujeres no coinciden. Silvana Del Valle insiste que «sea femicidio frustrado, de lo cual tenemos convicción, o una agresión sexual como plantean ellos, el respeto que merece la víctima es el mismo. Hay consenso en que el derecho a defensa es parte básica de un proceso judicial y nadie se lo está negando a Ortega. Pero la Defensoría Penal Pública tiene la obligación de litigar éticamente», señala, para cerrar lapidariamente: «si es que están capacitados en temas de género no se nota. Como parte del estado lo que están haciendo es ejercer violencia institucional contra Nabila».