Todavía hoy la prostitución es invisibilizada en Chile, pero no por eso deja de existir. El Desconcierto da voz a las protagonistas de una realidad silenciada y enjuiciada, que luchan permanentemente por ser reconocidas.
Las jóvenes que trabajan en el Syrian Coffee Break de la galería de calle Diagonal Cervantes, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Santiago, esperan que lleguen sus clientes. Un lunes a las cuatro de la tarde no parece ser el mejor horario para el negocio. Ni la oscuridad de la sala ni el estridente sonido de la canción ‘Chica eléctrica’ son –a esta hora- reclamo suficiente para atraer a los hombres.
“Me ofrece plata fácil y rápida. Ningún otro trabajo me sale tan rentable como este. Tengo una hija y una casa que mantener”, señala Mery, como se hace llamar una de las trabajadoras del local, a El Desconcierto. Tiene 30 años y desde hace seis se desempeña como trabajadora sexual en el café, luego de hacer de portera captando clientes para el mismo local.
Jovany Quinches es peruana. Tiene 42 años y dos hijos. Lleva cinco años en Chile, cuatro de ellos trabajando en la calle. “Yo vine para trabajar en casas, en tiendas o en restaurantes. Jamás imaginé eso pero trabajé de nana y en un establecimiento como ayudante de cocina y en ambos casos me trataron muy mal. No tuve muchas más opciones”, relata.
Tanto Mery como Jovany encontraron en el trabajo sexual una alternativa para sacar adelante sus vidas y las de sus familias. No ensalzan su trabajo, pero lo defienden por ser la mejor opción para ellas. Por ser su elección.
“Hay muchas mujeres que toman esta decisión porque pueden combinar el trabajo sexual con otras pegas, deciden sus horarios, si quieren ser apatronadas o no en un night club, si quieren trabajar en la calle o en departamentos privados, y ellas establecen lo que van a cobrar”, señala Herminda González, presidenta de la Fundación Margen, dedicada exclusivamente al apoyo de las trabajadoras sexuales.
Según el registro del control de salud preventivo del Ministerio de Salud, unas 5.300 personas ejercen la prostitución en este país. Más del 95 por ciento son mujeres, mientras que el porcentaje restante son hombres y personas trans. Sin embargo, estas cifras quedan lejos de la realidad ya que no contabilizan a aquellas que no acuden de forma voluntaria a las Unidades de Atención y Control de Salud Sexual (UNACESS).
Entregar condones, ofrecer talleres de prevención y atención a la salud sexual, incidir política e institucionalmente y apoyar y contener a las trabajadoras sexuales. Son algunas de las actividades que la Fundación Margen desarrolla desde los años ’90.
Bautizada inicialmente como Asociación Proderechos de la mujer Angela Lina, asesinada por un cliente en 1993 y cuyo crimen quedó en total impunidad, la organización insiste en dar la pelea por la regularización de la prostitución.
“Hasta hoy, ninguna mujer que se dedique al trabajo sexual, en la gama que sea, tiene los derechos que tiene cualquier trabajador. Por un lado, los dueños de los locales se llenan los bolsillos de plata a costa de las compañeras y, por el otro, le roban al Estado también”, asegura con conocimiento de causa la dirigente, quien a pesar de que hoy dedica toda su energía a la Fundación, se inició en este mundo como vedette.
/ reclamos.cl
González critica que el Estado no quiera mirar a estas mujeres y les vulnere sus derechos laborales: “No tienen salud, ni jubilación, ni contratos, ni lugares donde ejercer. No pueden postular a subsidios, trabajan en espacios inhóspitos, sin ventilación en verano, ni calefacción en invierno, hacinadas, sin derecho a silla con los terribles tacos y la música muy alta”, detalla.
Precisamente para resolver esta situación, desde la Fundación Margen trabajan intensamente para presentar al medio plazo –estiman como posible fecha el mes de diciembre– un proyecto de ley que regule el trabajo sexual. Para ello, la organización ya ha contactado con algunos legisladores que podrían apoyar la iniciativa, entre los que destaca el precandidato presidencial de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier.
“Lo que hay en Chile no es un vacío legal, sino que existe una falta de reconocimiento y de regulación positiva”, indica Glen Odgers, abogado de la organización que trabaja en la redacción del proyecto.
La legislación chilena y de la mayoría de países del mundo considera delito el proxenetismo, la trata de personas y la prostitución infantil. Sin embargo, según él, “el Código de Salud prohíbe la prostitución en espacios cerrados, y suscribe la penalidad a esa figura concreta. Si dices que no se puede hacer aquí, estás diciendo que se puede hacer en otro espacio”. Y agrega: “Con ese ordenamiento, es ilegal que te detengan por ejercer trabajo sexual en la calle”.
El letrado precisa que el trabajo sexual encaja en la Constitución “cuando dice que toda actividad económica es legítima salvo que vaya en contra de el orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres”. Y puntualiza: “El único punto ambiguo es respecto a la figura residual de moral y buenas costumbres porque es una figura genérica que viene del siglo XIX”.
“El invierno del año pasado, estando en la calle, me llevaron presa. Los Carabineros me trataron muy mal en la comisaría. Una agente me desvistió completamente. Estaba tan asustada que empecé a sangrar por la nariz y no me atendieron. Me exigían que me agachara a cada rato porque pensaban que tenía droga escondida en la vagina”, recuerda afectada Jovany Quinches.
Es uno de los relatos de abuso policial y de poder que las mujeres que trabajan en la calle viven en su cotidianidad.
Según el último estudio publicado por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) y la Fundación Margen, detenciones arbitrarias, extorsiones, coimas, amenazas, intimidaciones y solicitudes de servicios gratis por parte de carabineros y agentes de la PDI, son algunos de los ejemplos de violencia institucional que sufre el colectivo en nuestro país. Unas prácticas que se agudizan cuando se trata de mujeres migrantes, principalmente dominicanas y colombianas.
Además de la policía, las trabajadoras sexuales critican el estigma y la discriminación institucional de organismos que consideran que podrían hacer mucho más para mejorar su situación: “En el Sernam no nos toman en cuenta. Somos mujeres de tercera categoría porque no hay una política pública hacia nosotras, ni un programa específico en derechos sexuales y reproductivos, o en contra de la violencia hacia la mujer. Nos invitan a algunos talleres y luego no nos nombran, nos invisibilizan”, critica Herminda González. Y agrega: “Somos nosotras quienes hacemos la pega que tendría que llevar a cabo el Estado”.
En 2016, la Fundación Margen atendió casi 5.000 consultas de mujeres trabajadoras sexuales, de las cuales unas 1.460 fueron nuevos contactos.
“Antes no sabía como defenderme, pero sé que no estoy haciendo nada malo”, sentencia Jovany Quinches después de haber participado en varios talleres y capacitaciones de la organización. «Cuando me piden la documentación, les explico que formo parte de la Fundación y que sé cuáles son mis derechos», precisa. Jovany valora muy positivamente su aprendizaje como activista en la organización: “Ojalá un día pueda trabajar aquí y ayudar a mis compañeras como hicieron conmigo”.
Ahora cuando vienen Carabineros y me preguntan ya sé como responder. Hace poco vinieron unos carabineros vestidos de civiles, era la PDI. Ellos vienen y me piden la documentación. Yo le muestro los documentos. Y me pidieron otro documentos que me sirvieran. Y yo les hablé de que yo formo parte de la organización y que si me querían llevar presa por estar sentada, que no estaba ni siquiera trabajando, había terminado de almorzar. Me exigían que me fuera de la banca y yo le respondí que yo era libre de sentarme donde quiera y que no me podían faltar el respeto. Y les dije que si no, que llamaran a la fundación margen. Yo no estaba haciendo nada de malo. Antes no tenía como defenderme pero ahora sí.
El trabajo sexual como opción profesional es una realidad ante la cual existen dos posturas enfrentadas, que dejan poco espacio al punto intermedio: regular o prohibir. Entre los partidarios de la abolición, hay aquellos que argumentan desde la moral y el conservadurismo, pero también los que consideran que la prostitución es otra forma más de violencia contra la mujer vinculada al modelo económico del capitalismo.
/ Fundación Margen
Ante la disyuntiva, las trabajadoras sexuales critican que muchos de los prejuicios que recaen sobre ellas provienen del movimiento feminista: “No nos aceptan todas. Respetamos a los colectivos que deciden por nosotras o hablan por nosotras, pero hasta que no se nos deje de mirar como víctimas, no podremos sentarnos a conversar todas juntas. Somos todas mujeres y nos dividen entre las buenas y las malas”, lamenta González.
Desde la Fundación Margen defienden que su trabajo no es peor que otros: “No se cuestiona que se está cosificando al trabajador cuando lo precarizan o le pagan una miseria por su trabajo”, dice el abogado Glen Odgers.
Ante el rechazo de algunas mujeres, las trabajadoras sexuales reivindican la prostitución como vía de subsistencia elegida para muchas que, sin tener al alcance otras alternativas, encuentran “un trabajo que te permite sacar para mantener a los hijos, a la casa y para la familia”, afirma Jovany Quinches. “Pude arrendar una casita a mis padres, comprarles una nevera, mandarles plata a Perú y operar a mi hijo de un trasplante de riñón gracias a este trabajo”, recalca.
Las activistas a favor de la regulación plantean su lucha como una causa política que debiera ser entendida desde el feminismo bajo la lógica de la sororidad. Para ellas, ser feminista también implica tomar el control de sus propios cuerpos y que éste sea respetado porque la elección de su empleo se ha hecho con libertad: “No todo es trata de personas, hay que ponerse en nuestro lugar y entender que somos mujeres igual que ellas”, espeta la dirigente de la Fundación.
Lejos del estigma y la victimización, las prostitutas se reivindican en su profesión, desmienten que los hombres hagan con sus cuerpos “lo que quieren” y alertan que este tipo de argumentos calan en los imaginarios y resultan “peligrosos”.
Como lo hacen los funcionarios y empleados de cualquier rubro, las trabajadoras sexuales no abandonaran la pelea para que su situación se regularice y mejoren sus condiciones laborales. Quieren ser reconocidas. Sin embargo, el gallito será más difícil de ganar si van solas y no reciben una buena dosis de empatía, solidaridad y complicidad de género.
