Ahora es cuando: A construir la agenda del movimiento por la educación

*Escrita en coautoría con Pablo Sandoval, Militante de Movimiento Autonomista

El 4 de julio de 2016 el gobierno presentó al parlamento el proyecto de reforma a la educación superior. Antes de hacerlo, lo postergó 10 veces. Cuando empieza a terminar marzo del año siguiente, aún no se vota siquiera la idea de legislar. El proyecto lleva 8 meses completamente paralizado. Del periodo de audiencias y del debate público en general, se desprende una disconformidad generalizada con la reforma: no existe hoy actor político, social o técnico que no manifieste reparos. Hace unos días se anunció su división, en una evidente maniobra por destrabar lo que ya se avizora como uno de los fracasos técnicos y políticos más grandes del gobierno de Bachelet.

Una lectura política al estancamiento de la reforma

Es posible ofrecer una lectura política del escenario, basándonos en un análisis objetivo de la trayectoria que han seguido las políticas educacionales en ESUP durante los últimos 35 años. La neoliberalización del sistema, que tiene sus puntos más expresivos en el grave deterioro de la educación estatal y el descontrolado endeudamiento de millones de personas solo por estudiar, es parte de un proceso que excede la mera privatización o el desmedido afán de lucro. Tal como muy bien lo describen Claudio Gutiérrez, Mercedes López y Carlos Ruiz Schneider en un reciente artículo, nuestro sistema de educación superior se encuentra tensionado a niveles nunca antes vistos por el anhelo neoliberal de subordinar la educación a la racionalidad económica, transformando definitivamente el conocimiento en mercancía (y por tanto, en bien privado) e hipotecando nuestra soberanía científica y cultural para con intereses corporativos, privados y extranjeros, desmantelando paulatinamente cualquier resabio clásico en que la educación superior era entendida como espacio de creación y transmisión de conocimiento autónomo y donde la academia era un espacio de integración social.

Lo anterior se ha logrado mediante una serie heterogénea y parcelada de agendas neoliberales muy específicas implementadas a lo largo de los últimos 30 años. Ejemplos de esto son el sistema de acreditación y el CAE (piedras angulares que sostienen el crecimiento privado del sistema), los diversos mecanismos de selección universitaria (PPA, PSU, entre otros) o la inyección de recursos crecientes mediante variadas becas o planes de mejoramiento en equidad y calidad impulsados por el Banco Mundial vía convenios de desempeño (MECESUP). Estas y otras políticas, miradas en retrospectiva, no son parte de un diseño integral promovido por una reforma legal específica sino que son políticas más o menos autónomas que han respondido a ajustes muchas veces coyunturales, impulsadas por actores diversos, cuestión que explica en parte el carácter caótico e inédito de nuestro sistema ESUP. Posiblemente lo que más tengan en común sea, precisamente, haber hecho paulatinamente de nuestra educación superior la más neoliberal del mundo.

En este contexto, una reforma a la educación superior que signifique un avance en las demandas del movimiento estudiantil, en los términos planteados por el gobierno, resulta técnica y políticamente inviable. Quienes modelaron el sistema a su favor hoy tienen mucho más poder que ayer. Después de 8 meses de una reforma atascada, creer que serán ellos y el gobierno quienes acuerden una solución real a los aspectos más deficitarios del sistema educacional superior – por la vía de una reforma estructural – en favor de intereses excluidos y muchas veces antagónicos con los del mercado que ellos ayudaron a formar, resulta a estas alturas algo ingenuo.

Hay dos sucesos que son especialmente expresivos de lo anterior. El primero, la aprobación entre cuatro paredes de la glosa presupuestaria 2017 a fines del año pasado. Esta fue una maniobra política liderada por el equipo Delpiano-Eyzaguirre-Valdés que pactó con Chile Vamos los límites de una reforma que quedó, de ahí en más, encasillada dentro de la cancha neoliberal de la “calidad y equidad” de la educación. El segundo suceso, es la reciente división del proyecto de reforma como única salida a las trabas que su tramitación generó, con lo cual se configura un escenario según el cual la reforma propuesta por el Gobierno transita lento pero seguro hacia un fracaso político y técnico de proporciones.

Por una parte, el fortalecimiento a la educación estatal probablemente se amarre al financiamiento proveniente del MECESUP 4 que, como se sabe, es un crédito del Banco Mundial para avanzar en “calidad y equidad”, misma bandera que usa la derecha dura para que el Estado financie indiscriminadamente a instituciones privadas de dudosa viabilidad financiera y académica. Este “fortalecimiento” es simplemente más dinero para que las instituciones estatales compitan en el mercado, relegando otras mejoras sustantivas a un segundo plano. Por otra parte, la institucionalidad del sistema ESUP no presenta modificaciones sustantivas: la división del proyecto elimina la Subsecretaría y si bien se crea una Superintendencia, sus atribuciones fiscalizadoras siguen siendo dudosas; se naturaliza definitivamente el aseguramiento de la calidad como el eje axial del sistema; se consolida un sistema “mixto” (que en realidad es privado) financiado por el Estado vía gratuidad – o en subsidio, vía CAE – renunciando el gobierno a erradicar la presencia bancaria en educación y se decide no fomentar la investigación en el proyecto, eliminando fondos al respecto y relegando el tema a la tramitación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Como se ve, lo mejor saldrá de esta reforma en ningún caso responde a aquello por lo cual hemos luchado hace años.

¿Qué hacer? Vamos por la constitución de una agenda propia

De los actores sociales que hoy participan del debate, es el Movimiento Estudiantil el más dinámico y legitimado para impedir una reforma que asienta definitivamente el neoliberalismo en educación. Esto supone una reactivación de la discusión interna en pos de superar de aquellas trabas que han mermado su capacidad de movilización.

Si la lectura política de la reforma cambia, corresponde que la política del Movimiento Estudiantil también lo haga. Ante una reforma inviable y ante un gobierno débil, parece evidente que la dicotomía entre posturas impugnatorias pero sin propuestas y posturas que promueven la incidencia en la reforma (debate que ha estancado al Movimiento Estudiantil) es totalmente improductiva. Este debate debe ser superado y debe dar paso a una postura constitutiva que, mediante procesos abiertos y democráticos promovidos desde las bases, elabore un agenda propia, contraria al mercado educacional, con un relato que rechace dura pero propositivamente la reforma del gobierno.

Existen elementos para dicha agenda, surgidos del enorme legado que han dejado años de movilización. Es vital promover, por ejemplo, un verdadero fortalecimiento de las instituciones estatales, que no pase solamente por más recursos ni una ampliación de matrícula, sino que se base en una institucionalidad completamente nueva, organizada en torno a subsistemas coordinados, vinculados estrechamente con los gobiernos locales, con una fuerte impronta democrática y descentralizada. También debemos avanzar en un diseño de control centralizado de recursos públicos destinados a educación, utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías en red que permitan supervigilar en tiempo real que cada peso entregado a las instituciones, por cualquier vía, sea utilizado beneficio público y no particular.

Otros aspectos críticos del sistema y que no fueron considerados en la reforma deben instalarse en la discusión: la regulación de contratos estudiantiles, la creación de una defensoría estudiantil de derechos, la existencia de encuestas de compromiso estudiantil como formas de medir la calidad del sistema, entre muchas otras ya instaladas como el fin del CAE y la condonación de deudas, son bajadas programáticas con una profundo carácter anti-mercado y que pueden dar nuevos bríos a la organización estudiantil -particularmente- en las instituciones privadas, las más precarizadas y a la vez reprimidas del sistema. Mejorar sus condiciones de organización es un elemento estratégico clave para una apuesta ambiciosa y de largo plazo como lo es la conquista definitiva de las demandas del Movimiento Estudiantil.

Ahora es cuando

Este acercamiento crítico a la reforma no es neutro y se enmarca en el proceso constitución de un actor político-social por fuera del duopolio, con vocación obtusa de construir mayorías sociales y ser conducción política: el Frente Amplio. La crisis de representación que vive la política de la transición nos entrega una oportunidad inédita en la historia reciente para proyectar horizontes de transformación radical y remecer el tablero. Aquello no está garantizado y no basta declararlo, es necesario desplegar una determinada política que permita acelerar dicho proceso de constitución (papel que juega lo electoral) mientras que, por otra parte, se coadyuva la activación de enfrentamientos sociales de corte anti-neoliberal que sean capaces de ensanchar las espaldas del campo subalterno, condición necesaria para sustentar en el tiempo una nueva transición, esta vez, de salida al neoliberalismo.

El conflicto educacional sigue mostrando señales de ser una herida abierta para el régimen. No solo porque los excesos del mercado operan como un permanente recordatorio de las fallas estructurales de nuestro sistema educativo (basta pensar en la Universidad del Mar, el Arcis y la Iberoamericana), sino porque la institucionalidad política es hoy incapaz de procesar esta conflictividad y esa crisis debe ser agudizada. El Movimiento Estudiantil ha de tener un rol constitutivo ante ese escenario de descomposición que, aunque pantanoso, ofrece oportunidades. Probablemente una de las más atractivas sea que, por primera vez en décadas, existirá una relación política y orgánica directa entre ciertas organizaciones que participan activamente de la conducción de la CONFECh, con aquellas que disputarán elecciones parlamentarias y presidenciales a fin de año, lo que permite proyectar el conflicto educacional como disputa de totalidad, abriendo una nueva etapa de la lucha estudiantil y contribuyendo a la politización del enfrentamiento. Para el éxito de ambas tareas, las fuerzas emergentes tendremos una responsabilidad inmensa.

Con una batería de propuestas concretas, razonables y bien fundamentadas – además de una reactivación de procesos internos de movilización y alianza con otros actores sociales (ej: Colegio de Profesores) – es posible polarizar un conflicto aún latente en la sociedad chilena. En el fragor de un año que se proyecta agitado, los avances del Movimiento no debieran medirse nunca más con el baremo de la incidencia o la marginación de la reforma – pues la reforma ha muerto – sino que mediante retrocesos efectivos del mercado en sus aspectos más críticos, lo que supone retomar importantes niveles de elaboración, creatividad, articulación y masividad.