El prolongado fraude en compras militares en el Ejército chileno, conocido popularmente como Milicogate, fue posible debido a una serie de fallas en los sistemas de control administrativo en esa institución, concentradas en el Comando de Apoyo a la Fuerza, órgano a cargo de procesar las compras bélicas en esa rama castrense.

“No se me ocurrió”, fue la respuesta que entregó el general Jorge Salas Kurte, cuando le preguntaron por la seguidilla de yerros ocurridos en la revisión de miles de facturas ideológica y materialmente falsas pagadas por el Ejército. Salas, ya retirado, fue el oficial que dio la orden por escrito de que no se revisaran más las facturas que llegaban al Comando de Apoyo a la Fuerza.

El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, dijo en entrevista con La Tercera que su institución está mejor preparada para evitar un nuevo fraude, pese a las señales de nuevos casos irregulares.

Estas son, una a una, las fallas que permitieron que unos 5.000 millones de pesos fueran esquimaldos de la Ley Reservada del Cobre entre 2010 y 2014, según las investigaciones judiciales en curso:

1. La creación del Comando de Apoyo a la Fuerza

El año 2006, bajo la gestión del comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, se acordó crear el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Esta repartición quedó a cargo de procesar todas las compras de armas y repuestos militares en la institución.

Curiosamente, el CAF nació sin un reglamento que normara sus actividades, lo que facilitó las fugas de dinero que ocurrieron en su seno. No había procedimientos establecidos ad hoc.

2. La inexistencia de un sistema integrado de control financiero

En el Ejército operaron durante años distintos sistemas informáticos, los que no estaban integrados entre sí.

Esto facilitó que quienes desfalcaron los fondos de la Ley Reservada del Cobre pudieran operar sin que ningún sistema institucional diera la alerta.

El general Antonio Cordero, quien también fue máximo responsable del CAF, dijo ante una comisión investigadora del Congreso, que la idea de integrar los sistemas informáticos fue perdiendo prioridad después del terremoto de 2010.

3. Todo estaba en una tabla Excel

El cabo Juan Carlos Cruz, conocido por apostar unos 2.400 millones de pesos en el casino Monticello entre 2008 y 2014, confesó a la Justicia Militar que todas las operaciones de compra de armas y repuestos militares se contabilizaban en una tabla Excel, sin mayores niveles de control.

El cabo, ya fuera de la institución, dijo a la Policía de Investigaciones que los montos defraudados solían ser imputados al ítem de “Compensaciones presupuestarias”, el que no estaba normado y permitía todo tipo de operaciones.

4. “No revisen”

En 2012, el general Jorge Salas Kurte dio la orden de que no se revisaran más las facturas que llegaban al Comando de Apoyo a la Fuerza, institución que él comandaba. Ese año, el cabo Juan Carlos Cruz apostó más de 700 millones de pesos en el casino Monticello.

5. La inexplicable ceguera de la Tesorería del Ejército

¿Cómo fue posible que cientos de facturas ideológica y materialmente falsas fueran pagadas por la Tesorería del Ejército? ¿Cómo fue posible que se cancelaran centenares de facturas que ni siquiera tenían el timbre del Servicio de Impuestos Internos?

Según el Ejército, cada factura que llega a Tesorería debe pasar por cinco secciones. Entonces, ¿cómo nadie notó las irregularidades que se cometieron por años?

6. La falta de control de Defensa

La falta de control civil fue otra de las causas para la existencia del Milicogate. El Ministerio aprobaba decretos que autorizaban el gasto en millones de dólares en compras militares, sin que hubiera un detalle de en qué debían ser erogados esos recursos, salvo descripciones generales.

Durante años, el Ministerio de Defensa tampoco revisó las respectivas rendiciones de cuentas, como observó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Miles de millones de dólares, durante años, fueron destinados a la compra de armas, sin control.

7. La falla de Contraloría

La otra gran falla estuvo en la Contraloría. La Ley Reservada del Cobre establece en su artículo sexto que es el contralor de la República quien debe decidir cómo se fiscalizan los procesos de compra de armas. El antiguo contralor, Ramiro Mendoza, sólo revisó las rendiciones de cuenta, sin ahondar en los procedimientos.

Su sucesor, Jorge Bermúdez, cambió esa política y otorgó prioridad nacional a la revisión de los procesos de compra de armas en el país.